Un estudio advierte de que el plan de Defensa para llegar al 2% del PIB en gasto militar en 2029 es “poco realista”

España tendrá que hacer un “esfuerzo muy importante” para cumplir el objetivo de llegar al 2% del PIB en gasto militar en 2029, tal como se ha comprometido con la OTAN. Así lo advierte un estudio de la Fundación Alternativas, uno de los principales think tanks españoles, de orientación socialdemócrata y especializado en el estudio de las políticas públicas y la política exterior y europea. El documento —titulado El aumento del presupuesto de defensa en España. Desarrollo y perspectivas en el marco de la UE y la OTAN— advierte de que las proyecciones de inversión realizadas por el Ministerio de Defensa hasta el año 2026, las últimas que se han hecho públicas, “se consideran poco realistas con el objetivo expresado [llegar al 2% en 2029], de manera que imponen un crecimiento adicional extremadamente elevado [del presupuesto] a partir de 2027 y difícilmente asumible.” Los autores recomiendan a Defensa modificar sus previsiones, “para hacer menos abrupto el crecimiento”. O incluir créditos extraordinarios en sus previsiones.

Al abordar la cuantificación del siempre discutido gasto en Defensa, el estudio recuerda que, mientras el presupuesto del departamento para 2021 ascendió a 9.409 millones de euros corrientes, la OTAN atribuye a España 12.546 millones en el mismo año y el SIPRI (Instituto Internacional de Investigación para la Paz) de Estocolmo, 16.526; unas diferencias que suponen el 0,78% del PIB en el primer caso y el 1,4% en el último. Lo cierto, señala, es que “la dotación presupuestaria [de los últimos años] ha sido escasa, lo que ha obligado a recurrir a medios alternativos de financiación que, en muchas ocasiones, han carecido de la transparencia, coherencia, sencillez interpretativa y eficacia” exigibles, con desviaciones en el presupuesto final que en algunos ejercicios han superado el 30% del inicial.

El recurso a los créditos del Ministerio de Industria para financiar los grandes proyectos de armamento, conocido como modelo alemán, “llevó a un colapso financiero del mecanismo por las exigencias que los pagos de los programas afectados tenían sobre otras necesidades”, especialmente el sostenimiento de los sistemas y equipos de las Fuerzas Armadas, “rompiendo el equilibrio” interno. En un escenario como el actual, con un notable incremento de las partidas de Defensa, agrega, “debería considerarse la continuidad de ese modelo”, aun manteniendo la coordinación entre la política militar y la industrial.

Los autores del estudio abogan por “un verdadero pacto de Estado para establecer un marco jurídico que permita dar estabilidad al horizonte financiero” para defensa, de forma que se dé “previsibilidad y estabilidad a las inversiones” militares y se acerque el presupuesto inicial del ministerio al gasto real. Se trata de recuperar el espíritu de las leyes de dotaciones para las Fuerzas Armadas de los años ochenta y noventa del pasado siglo, algo que los grandes partidos siempre han defendido pero nunca han acordado. En su opinión, “los dos grandes objetivos de la política de defensa son la modernización de las Fuerzas Armadas, con sistemas que permitan mantener la ventaja tecnológica, y la potenciación de la industria de defensa, como elemento esencial para soportar las capacidades operativas y como elemento tractor de la innovación y el desarrollo tecnológico”.

Proyectos militares

Al analizar los nuevos fondos europeos para financiar proyectos militares, el informe señala que España podrá recibir una cantidad equivalente al 10,09% del total, lo que supondrá un alivio en áreas como el I+D, el desarrollo de sistemas de armas o la adquisición de munición. Pero, a la vez, tendrá que aportar hasta 2.140 millones en los próximos años en proyectos de desarrollo de prototipos. “Aunque nacionalmente la cifra que podemos obtener no es muy significativa […] va a tener un impacto importante sobre nuestra industria”, subraya. Lo que sí hará es obligar a Defensa y a las empresas a ser “más activos, capaces de buscar acuerdos y colaborar con otros socios europeos” ante la competencia que se abrirá entre empresas de los distintos países por hacerse con estos fondos. El estudio también aboga por revisar “la autolimitación impuesta en la contribución de efectivos en operaciones en el exterior” , actualmente 3.000 de manera simultánea. También aboga porque el Estado juegue “un papel fundamental como cliente inteligente y como dinamizador” de una industria militar que genera unos 22.000 empleos y factura unos 11.500 millones de euros anuales, casi el 1% del PIB nacional y el 6% del industrial. Hasta ahora, advierten los autores, la normativa que se aplica a este sector ha sido “demasiado rígida y demasiado cautelosa” a la hora de proteger sus activos tecnológicos ante competidores extranjeros.