¿Quién vigila la fiesta en España?

El humo, las llamas y el impacto del derrumbe de las estructuras afectadas por el fuego provocaron la muerte de las 13 personas hace una semana en la discoteca Fonda Milagros de Murcia. Ese fue el origen de la causa médica de las muertes pero el germen, el motivo primario, fue otro. El recinto no era, administrativamente, legal. Ni ese ni el contiguo, la discoteca Teatre, que también fue devorado por el incendio.

Los empresarios y la administración han estado toda la semana cruzándose acusaciones. Unos tenían que cumplir unas normas que no cumplieron y otros deberían haber hecho cumplir esas mismas leyes. Porque es la Administración, fundamentalmente los ayuntamientos, la encargada de velar por los ciudadanos y de vigilar que la fiesta en España transcurra en lugares seguros y con las medidas preceptivas. El padre de una de las víctimas de Murcia, Jairo Correa, lo resumió en una frase: “Mi hija salió de fiesta, no a morir”. La justicia será la que dirima quiénes son culpables y quiénes responsables.

La Región de Murcia es la única autonomía, al margen de Ceuta y Melilla, que no ha legislado sobre espectáculos y actividades clasificadas, nomenclatura bajo la que se regulan las discotecas. Así, toma como base legal un texto del 82, un real decreto dictado hace más de 40 años. Al margen de este, existe otra norma regional sobre protección ambiental que hace referencia a temas como el ruido y que parchea la carencia, tal como señala el texto aprobado en 2009, de una ley particular: “En tanto se apruebe la ley reguladora de los espectáculos y actividades recreativas de la Región de Murcia (...) por razones de interés público basadas en la seguridad ciudadana y la protección del medio ambiente”. El Gobierno regional no ha hecho sus deberes sobre una competencia que tiene delegada desde 1992.

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red de Murcia, Consumur, ya alertó sobre ello y califica de “urgente” la necesidad de contar con una normativa concreta, tal como hace el resto de comunidades, y rigurosa, puesto que se trata de preservar vidas. Su presidente, Roberto Barceló, sostiene que este vacío supone no tener un régimen sancionador que, en otros territorios, funciona como medida coercitiva intermedia y previa al cierre de establecimientos. Barceló no defiende ni justifica esa capacidad de maniobra pero es realista al afirmar que cerrar locales es una medida muy poco popular y que existe “mucha laxitud” en el cumplimiento de la ley. El hecho de que más de una decena de ayuntamientos se hayan puesto a revisar si sus locales de ocio están en regla es buena muestra de ello. En la ciudad de Murcia, había, además de las incendiadas, al menos otros cuatro establecimientos funcionando fuera de la norma.

El asesor, formador, director de Seguridad y experto en la materia Raúl Valera destaca no solo la coctelera jurídica que existe en España —por las distintas normas autonómicas que dificultan enormemente, por ejemplo, la producción de una gira— sino la legislación en caliente. En 1983 murieron 81 personas en el incendio de la discoteca Alcalá 20 después de arder las cortinas del escenario, lo que impulsó cambios para que en la actualidad todos los materiales de este tipo de locales hayan de ser ignífugos. La tragedia del Madrid Arena, en 2013, provocó una reforma legal sobre el aumento de las sanciones y la muerte de 43 personas en la discoteca Flying de Zaragoza, en 1990, llevó a que el Ayuntamiento cambiara la ordenanza municipal de protección contra incendios y la convirtiera en una de las más restrictivas de España.

Sin embargo, unas leyes precisas, específicas, actualizadas y estrictas no son suficientes. Tanto Valera, desde su experiencia en seguridad, como Barceló, en su defensa de los usuarios, ponen el foco en la falta de cultura de la prevención y en la débil voluntad para hacer cumplir la ley. Ni la mejor norma es infalible si no se cumple y esa capacidad solo está en manos de la administración. Son los ayuntamientos los encargados de que locales de ocio y discotecas cumplan las normas y, en caso contrario, disponer órdenes de cierre. Para ello disponen de inspectores que son quienes han de verificar dicho cumplimiento. El exconcejal responsable de Urbanismo de Murcia Andrés Guerrero explicó que puede haber “muchas variables”, incluido que el inspector acuda al local en un momento en el que este esté cerrado. En cualquier caso, señaló que el inspector debe comparece en el establecimiento y en el caso de las discotecas incendiadas, no lo hizo. Se puso en contacto con la empresa que alegó un proceso de legalización, que no revocaba la orden de cierre, y ahí acabó el trámite administrativo. El modo de operar habitual les permite además acudir a la policía local para que se produzca el precinto y cierre del local.

“No había denuncias sobre la apertura del local”, alegó por su parte el actual responsable del urbanismo murciano, Antonio Navarro. “Hasta qué punto los ciudadanos debemos de convertirnos en inspectores y asumir unas competencias que les corresponden a las administraciones públicas, que tienen la responsabilidad y la obligación de velar por los intereses de todos los ciudadanos, por su seguridad”, apunta el presidente del colectivo de consumidores Consumur.

Ante una administración en la que las inspecciones no siempre funcionan como deberían, la vista se fija en el empresario. “El único responsable del incendio es el empresario”, llegó a decir el exconcejal de urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Andrés Guerrero, bajo cuyo mandato se firmó la orden de cierre. El alcalde, José Ballesta, había afirmado horas antes: “Todo esto se va a aclarar hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga, sea público o privado”: Por su parte, los abogados de los empresarios de los locales incendiados han señalado al ayuntamiento por admitir, tácitamente, el funcionamiento de unas discotecas pese a que no tenían licencia.

“¿Con qué tranquilidad va a salir un ciudadano a un recinto o un local con esta inseguridad de si se cumplen o no los requisitos legales?, se pregunta el presidente de la asociación de consumidores Consumur. “Hay empresarios y empresarios”, responde Joaquim Boadas, secretario general de International Nightlife Association, un colectivo de empresarios que hace especial hincapié en las medidas de seguridad de sus locales asociados. Al margen de todas las medidas que estipulan las distintas normativas, los establecimientos que forman parte de esta red han de tener detector de metales, cámaras de vigilancia y un alcoholímetro en la salida. “Los requisitos tienen un porqué que, en algunos casos, vienen marcados por estándares internacionales”, sostiene Boadas. En el caso del alcoholímetro, por ejemplo, se debe a que en Francia y México si existe un accidente con alcoholemia se puede pedir responsabilidades a los propietarios del local en que el que haya estado el conductor. La asociación, que agrupa a empresarios de todo el mundo, apuesta por tener un registro que permita que cualquier ciudadano pueda saber qué lugares de ocio son perfectamente seguros en cualquier lugar del mundo. Boadas admite que todo ello tiene un coste y que en España apenas hay 500 locales asociados de los cerca de 25.000 existentes.