El Ayuntamiento de Sevilla descabeza los talleres socioculturales municipales

Álvaro Montes —nombre supuesto― acaba de ser despedido por su empresa. El gerente se ha reunido con todos los coordinadores de los talleres socioculturales del distrito de Sevilla con los que trabajan para comunicarles que debe prescindir de sus servicios por amortización de sus puestos de trabajo por circunstancias económicas. Era una noticia esperada, porque a los compañeros que desempeñan esas mismas funciones en otros distritos de la capital andaluza habían recibido días antes el finiquito, por parte de otras de las empresas que tienen subcontratado con el Ayuntamiento hispalense este servicio, en su caso “por bajo rendimiento”. A los que aún no han recibido su carta de despido, la entidad para la que trabajan no les ha comunicado si pueden o no reincorporarse a su puesto de trabajo, que, en teoría, empezaba el 1 de septiembre. Todos llevan ocho años desempeñando su actividad, pero, coincidiendo con el cambio en el gobierno municipal, la mayoría han sido destituidos de su puesto. “Podrán disfrazarlo como amortización o como bajo rendimiento, pero nos echan por razones ideológicas”, sostiene Montes.

En los 11 distritos en los que se divide la ciudad de Sevilla trabajan los 37 coordinadores de talleres, empleados en cuatro empresas: Doc-200, Educomex, Campusport y Ocioambiente, que resultaron adjudicatarias de los contratos para desarrollar las actividades de los talleres socioculturales el pasado mes de agosto, por un montante total de 6.737.486,3 euros, de acuerdo con el pliego. Estos trabajadores, como los monitores que prestan sus servicios en los talleres, tienen la condición de personal en situación de subrogación, es decir, que sus puestos deben ser respetados en el caso de que otras entidades ganaran el concurso. La mayoría de ellos entró a trabajar entre 2015 y 2022, cuando el PSOE gobernaba el Ayuntamiento, tras presentarse a unas ofertas en el Servicio Andaluz de Empleo y están en situación de fijos discontinuos.

La reunión de Montes era una de las que el gerente de la empresa para la que trabaja había agendado con los distritos con los que trabaja. Las anteriores también terminaron con todos los coordinadores despedidos, igual que en la suya. “Nos ha asegurado que se nos va a pagar la indemnización que nos corresponde, pero que va a tratar de recolocarnos en algún puesto al margen del ámbito municipal, pero no nos fiamos porque se nos ha trasladado también que no tienen liquidez”, explica. Su empleador ha reconocido a este diario que está tratando de buscar soluciones a esta situación, pero elude responder cuando se le pregunta por cuáles han sido las circunstancias que han provocado que ocho años después se decida prescindir de sus servicios. En los encuentros que las distintas empresas han tenido con sus empleados para anunciarles sus despidos, se les ha transmitido que actuaban por órdenes del coordinador de distritos de Ayuntamiento, coinciden los trabajadores consultados.“En mi caso, el gerente nos dijo específicamente que se veía atado de pies y manos, porque de no despedirnos el Ayuntamiento le podía paralizar facturas o penalizar las ofertas de mejora en los contratos”, explica Daniel Lima —también nombre supuesto―, despedido en el encuentro anterior al de Montes. “A mí me dicen que me echan por cuestiones económicas, pero mis puesto ya ha sido ocupado”, sostiene.

Fuentes municipales señalan que son las empresas las responsables de los despidos de sus trabajadores y que desde el consistorio van a garantizar que se les abone la indemnización que les corresponde. “El Ayuntamiento no puede imponer un contrato o un despido”, señalan. Desde el consistorio se puntualiza que esos empleados no son trabajadores públicos del Ayuntamiento y se desmarcan del anterior gobierno municipal: “Lo que no se puede hacer, como hizo la anterior administración, es tratar de mantenerlos a perpetuidad”. Sobre el hecho de que se trate de personal en situación de subrogación, también se puntualiza que “la obligación es subrogar, pero eso no implica que la empresa no lo puede despedir si está disconforme con su desempeño”.

Los pliegos se redactaron el pasado mes de abril, cuando el PSOE estaba al frente del gobierno municipal, y se adjudicaron en agosto, cuando ya había tomado posesión el nuevo ejecutivo del popular, José Luis Sanz. Las fuentes consultadas niegan cualquier intención política en los recientes despidos masivos. “Es tan curioso como que todos ellos entraran hace ocho años”, indican, en alusión al tiempo en el que los socialistas dirigieron el Ayuntamiento hispalense.

“Yo puedo tener mi ideología, pero entré por una oferta del SAE”, indica Lucía Guerrero ―también nombre ficticio― que aún no sabe si van a prescindir de ella, pese a haber tratado de contactar con su empresa, que tampoco le ha comunicado si debía reincorporarse en octubre o no. “Estamos en una oficina de distrito y aquí escuchamos de todo, pero nosotros no nos metemos en historias políticas”, añade. Las funciones de los coordinadores de talleres van desde la recepción de las preinscripciones de los usuarios que demandan los talleres, el sorteo de las plazas y la matriculación, hasta la supervisión de los cursos con los asistentes y los monitores, pasando por la organización de excursiones o salidas turísticas. “Nada sospechoso”, bromea. En 2022, en los 11 distritos se impartieron 1.175 talleres socioculturales, en los que se ofrecen cursos de yoga, informática, pilates, sevillanas, castañuelas, pintura para niños. Los cursos se ofrecen para todas las edades, pero el mayor porcentaje de usuarios son mayores de 65 años.

Guerrero da por hecho que también va a ser despedida, aunque en su distrito hay un compañero que sí se ha incorporado en septiembre. “Pasaron las elecciones y el nuevo responsable del distrito se pasó por aquí y habló con esa persona para interesarse sobre los talleres y la organización. Ella sigue trabajando, pero a nosotros la empresa no nos dice nada”, explica. Las fuentes municipales consultadas apelan a esos empleados que han conservado su puesto para justificar que no se trata de un despido masivo, pero los coordinadores calculan que únicamente dos han regresado en septiembre.

Manuel Santos —que tampoco quiere dar su verdadero nombre― lleva varios días en el paro. En su carta de despido se estipula como causa el “bajo rendimiento”. “Es el motivo que nos han dado a todos los trabajadores de los distritos con los que trabaja mi empresa”, explica, “cuando es algo que es falso, tenemos correos de la propia empresa, escritos de los alumnos…”.

Todos los coordinadores de talleres con los que ha hablado este diario tienen reparos para mostrar su identidad o que se les asocie con el distrito o la empresa para la que trabajan, confiados, en algunos casos, en poder ser reubicados en otros puestos, como se les ha explicado. Mientras tanto, todos han acudido a un abogado laboralista para que les asesore sobre las opciones legales que les garanticen el cobro íntegro de su indemnización y que se les reconozca despido nulo o improcedente. Ya están tramitando las primeras denuncias contra el consistorio y contra sus empleadores. Las empresas contactadas reconocen que se están produciendo procesos de despido, pero eluden abordar por qué se han producido justo con el cambio de gobierno municipal o qué opciones, cuando las ofrecen, están brindando a los empleados, más allá de la indemnización a la que tienen derecho.