El partido de Teresa Rodríguez pide dimisiones en IU y Podemos tras el varapalo del Constitucional

Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, ha celebrado la sentencia del Tribunal Constitucional que considera que el Parlamento andaluz vulneró sus derechos fundamentales cuando nueve de sus diputados fueron expulsados del grupo parlamentario en la anterior legislatura por “tránsfugas” y pasaron a ser diputados no adscritos. Este grupo ha pedido la dimisión de la actual portavoz de Por Andalucía (la marca regional de Sumar), Inma Nieto, quien fue la ejecutora de aquella operación política, pero también responsabilidades a dirigentes de Podemos, partido al que pertenecían. También reclaman un “reconocimiento público” de la Cámara andaluza.

El Parlamento de Andalucía, que nunca había recibido un revés jurídico de este calibre, aún no se ha pronunciado oficialmente, a la espera de leer la sentencia de la que informó el Constitucional a través de una nota. No obstante, y con reservas, los letrados de la Cámara consideran que el fallo no tendrá “consecuencias prácticas”. Por ejemplo, en la cuestión más sensible para los partidos como es el dinero. El grupo al que pertenecía Rodríguez percibía una subvención anual de 1.665.934,32 euros, de los que el 60% iba a Podemos y el 40% a Izquierda Unida. Esos grupos ya no existen. “En Derecho Parlamentario, la finalización de una legislatura es una especie de fin del mundo y con la siguiente legislatura nace una especie de mundo nuevo”, aseguran fuentes parlamentarias.

El Constitucional ha dado la razón a los diputados expulsados al considerar que sus derechos de representación política fueron vulnerados al pasar a ser no adscritos porque “implica objetivamente unas posibilidades de actuación parlamentaria desventajosas respecto de cuando se forma parte de un grupo parlamentario”. Además, destaca que la operación se hizo sin tener cobertura legal, ya que el Reglamento del Parlamento “no incluía ninguna previsión respecto de la obligación de que los grupos se dotaran de una reglamentación interna, causas de expulsión de un grupo o el modo de cómo debería acreditarse su baja para adquirir la condición de diputado no adscrito, lo que se incluyó mediante reforma del reglamento de 2021″. Esa reforma incluyó las medidas acordadas en el pacto nacional anti transfuguismo, impulsado entonces por Ciudadanos.

Los de Teresa Rodríguez fueron expulsados en octubre de 2020, pero hasta abril de 2021 el Reglamento no se reformó. A partir de entonces se incluyeron todos los supuestos por los que meses antes Rodríguez y lo suyos pasaron a ser no adscritos,como poner el carro antes de los bueyes. Las brutales discrepancias políticas entre Podemos, IU y los Anticapitalistas —especialmente por la coalición con el PSOE― generó toda esta bola jurídica y legal que ahora el Constitucional aclara.

El portavoz del grupo mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado que el tribunal de garantías ha certificado una “operación de régimen” con el objetivo de lograr “la muerte civil de Teresa Rodríguez y de Adelante”. En su opinión, esta iniciativa tenía tres motivaciones: “Eliminar que existiera un partido andaluz y una voz andaluza propia en el Estado; eliminar a la izquierda que quería ser algo más que la muleta del PSOE; y eliminar a una fuerza que ha denunciado los privilegios de la política”. García y su compañera Maribel Mora se han mostrado satisfechos con la sentencia, aunque dudan de una recompensa que vaya más allá de la meramente declarativa. Sí han pedido la dimisión de Inma Nieto y han lanzado reproches a los dirigentes de IU Enrique Santiago y Toni Valero, a la coordinadora de Podemos Andalucía, Martina Velarde, y “a dirigentes del PSOE que le tenían muchas ganas a Teresa Rodríguez”.

Nieto no se ha dado por aludida. “No voy a alimentar la crispación. No juego a eso”, ha dicho. La portavoz de Por Andalucía ha asegurado que su papel fue la de actuar a petición de su socio de Podemos, en el que militaban los expulsados. “Hicimos lo que entendimos entonces correcto”, ha subrayado. Nieto ha destacado que la sentencia reprocha que la media se tomara sin cobertura del Reglamento parlamentario. “Los tiempos políticos van más deprisa que los jurídicos”. Respecto al dinero de los grupos, la diputada izquierdista ha dicho que ese reparto se acordó entre Podemos e IU y “no a título individual”.

Los socialistas se han puesto de perfil. “Respetamos la decisión del Constitucional. Mi grupo apoyó la decisión y no hay más tema”, ha dicho la numero dos del PSOE y portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz. Tampoco se ha metido en harina Vox. “La decisión se tomó conforme al Reglamento”, ha opinado su diputado Ricardo López Olea.

El PP fue el único grupo que en su día se abstuvo y no refrendó la expulsión, aunque tampoco votó en contra. El portavoz del PP, Toni Martín, ha reprochado a los grupos de izquierda “el lío jurídico y judicial sin precedentes” en el que han embarcado al legislativo andaluz por “trasladar sus batallas internas” al Parlamento. Ha mostrado preocupación por las consecuencias de la sentencia “porque si hay que resarcir de algo” será la Cámara la que lo asuma. Martín no ha reclamado la dimisión de Nieto, pero sí que pida perdón.