El Parlamento andaluz inicia la reforma exprés de su Reglamento con un informe jurídico que alerta de su inconstitucionalidad
Teresa Rodríguez llama “capataz del cortijo” a la presidenta del Parlamento por impulsar un cambio que incluye el Pacto Antitransfuguismo, que propició la expulsión de ocho diputados de Adelante Andalucía
El Parlamento andaluz quiere ser la primera asamblea legislativa de España en incorporar a su Reglamento el acuerdo político establecido en la III Adenda del Pacto Antitransfuguismo, un pacto que dio cobertura a la expulsión de la líder de Anticapitalista y excoordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, y de otros siete diputados del grupo Adelante Andalucía. Esta expulsión no contó con el visto bueno del letrado mayor del Parlamento, Ángel Marrero, que en un nuevo informe advierte de que algunos aspectos de la reforma reglamentaria pueden vulnerar la Constitución.
Con unas prisas insólitas, la Cámara ha aprobado este miércoles la toma en consideración de la proposición de ley de reforma del Reglamento, un trámite que se aprobó en un pispás y sin que ningún grupo tomara la palabra para defender las bondades de la iniciativa. Los portavoces de los cinco grupos estuvieron de acuerdo en no consumir turno de intervención, algo que en alguna ocasión ha ocurrido, aunque no es lo habitual, afirman fuentes parlamentarias.
La decisión ha provocado un agrio debate entre la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, y Teresa Rodríguez, que ha intentado sin éxito que le dieran la palabra. Antes del pleno, la diputada no adscrita llamó a Bosquet “la capataz del cortijo más grande que hay en Andalucía, que es el Parlamento”. Los diputados expulsados aporrearon sus pupitres en señal de protesta y abandonaron el pleno después de que Bosquet zanjase con las frases: “Señora Rodríguez, se acabó el debate. Ya está”.
La reforma que se propone es un calco del Pacto Antitransfuguismo, cuyo contenido se ajusta como un guante a la situación de los de Teresa Rodríguez. “Se considerará tránsfuga”, reza el pacto, “la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso”. Y esta definición es la que pretende incorporar el Reglamento.
El informe de los servicios jurídicos del Parlamento pone pegas a la reforma, advierte de situaciones de “inseguridad jurídica” y de atentar “contra el principio de libertad de mandato y vulnerar el derecho fundamental consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución”. Este artículo es precisamente el invocado por los diputados expulsados, ahora considerados no adscritos, en el recurso que han presentado en el Tribunal Constitucional.
La letrada que firma el informe asegura que los tres supuestos que puede causar baja de un diputado de su grupo —voluntaria, por expulsión del grupo y en el supuesto de transfuguismo— implica un “solapamiento” que puede generar dificultades a la Mesa para verificar el cumplimiento de los requisitos para determinar cuándo un diputado adquiere la condición de no adscrito. “Esta situación de inseguridad jurídica se ve acentuada por la circunstancia de que (…) la existencia del supuesto hecho que determina la aplicación de la norma no depende de un elemento objetivo, sino que se conecta con la ‘traición’; concepto difícilmente aprehensible y con un componente altamente subjetivo, cuya existencia dependerá de los sentimientos o de otros componentes psicológicos de quien la aprecie”.
También cuestiona que la baja por transfuguismo se dé por buena cuando la comunica el representante legal del sujeto político que presentó la candidatura, alegando “separación del diputado del criterio político fijado por los órganos” de la formación que presentó la candidatura a las elecciones. Ese fue el motivo por el que se expulsó a ocho diputados de Adelante Andalucía. El informe jurídico llama la atención de que no se establezcan “elementos objetivos u objetivables” al respecto y afirma que “esta falta de soporte objetivo (…) atenta contra la libertad de mandato y vulnera el derecho fundamental consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución”, recogida en la doctrina del Tribunal Constitucional.
La intención inicial de los grupos era aprobar la reforma del Reglamento por lectura única, es decir sin debate alguno en comisión y pleno, pero Vox no la suscribió alegando “dudas jurídicas”. Ahora se tramitará por la vía de urgencia, que permite la reducción de los plazos a la mitad. El grupo que tiene más prisas por la reforma es Adelante Andalucía, la coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y dos minúsculas fuerzas andalucistas, en la que ahora hay ocho diputados (dos de ellos afines a Rodríguez) de los 17 que salieron elegidos en las elecciones del 2 de diciembre de 2018.
Este grupo ha visto reducido a más de la mitad la subvención anual que recibía del Parlamento (1.665.934,32 euros), de los que el 60% iba a Podemos y el 40% a Izquierda Unida, según el acuerdo alcanzado por la Mesa del Parlamento el pasado 3 de febrero. La decisión es reversible, porque la reforma reglamentaria propuesta, copiada del Pacto Antitransfuguismo, establece que la subvención responderá al número de diputados elegidos inicialmente.
