Interior advierte a los policías por dañar las nuevas porras extensibles con un uso “negligente”

El Ministerio del Interior ha remitido a los responsables territoriales de la Policía Nacional un escrito en el que recrimina que la “negligencia” de algunos agentes en el uso de los nuevos “bastones policiales extensibles” de acero que están sustituyendo a las tradicionales defensas semirrígidas —las conocidas popularmente como porras— están provocando daños en un material en el que la Dirección General de la Policía ha invertido 2,5 millones de euros en los últimos años.

El oficio asegura que, desde que se comenzaron a distribuir a finales de 2021 estas defensas, se ha producido un “elevado número de averías” porque los policías hacen un “uso indebido” al plegarlas mediante “golpes contra una superficie dura” cuando cuentan con un sistema automático que requiere únicamente pulsar un botón. El documento anuncia que especialistas en armamento analizarán las circunstancias en las que se rompe cada bastón para determinar si en la actuación del policía que lo utilizó hubo “dolo, culpa o negligencia” para, en ese caso, abrirle un expediente disciplinario.

El documento, fechado en marzo pero que ha trascendido ahora, destaca que esta mala utilización de las nuevas porras está provocando “averías” que no están cubiertas por la garantía del fabricante y recuerda que su precio de venta al público se sitúa en torno a los 190 euros por unidad, aunque Interior las ha adquirido por entre 80 y 90 euros. A estos importes, la Dirección General de la Policía compró entre 2019 y 2021 al menos 25.500 por cerca de dos millones de euros. El pasado agosto, el ministerio formalizó la compra de otras 5.000 por 457.000 euros.

Los principales destinatarios de estos bastones extensibles, que tienen la consideración legal de arma de uso exclusivamente policial, son los agentes destinados en Seguridad Ciudadana y las Unidades de Intervención Policial (UIP, los conocidos como antidisturbios). Los Mossos d’Esquadra cuentan con estos bastones desde 2016 y la Guardia Civil, desde 2018.

Las defensas extensibles ―una antigua reivindicación de los sindicatos policiales― tienen una estructura principal fabricada “con acero o aleación de máxima calidad” que pasa de los 26 centímetros cuando está plegada a más de medio metro en toda su extensión, según detalla la documentación técnica incluida en los concursos licitados por Interior. Su peso no supera los 610 gramos. “Se trata de un elemento de fácil portabilidad que va siempre con el policía, discreto dado su reducido tamaño, con un efecto psicológico disuasorio por su efecto ruidoso al desplegarse y válida como instrumento de rescate al contar con la dureza para ser utilizada como palanca”, destacaban estos documentos.

Antes de su distribución, la Dirección General de la Policía impartió un cursillo a los agentes sobre la manipulación, el mantenimiento y la correcta utilización de la nueva defensa. También elaboró un protocolo específico sobre su uso —el primero para este tipo de defensas— en el que se detallaba que, en caso de golpear con el bastón extensible a una persona, el agente deberá evitar hacerlo en vertical “de arriba hacia abajo”, además de no hacerlo “bajo ningún concepto” en “la cabeza, cuello, clavícula o columna vertebral”. También prohibía que se utilice para hacer “técnicas de estrangulación” o usarlas “con mujeres embarazadas o con menores de edad penal [hasta los 18 años] siempre que esta condición sea perceptible”, así como “con personas de edad avanzada o personas débiles de salud”.

Pese a esta formación, el oficio remitido por la División Económica y Técnica de la Policía a las dependencias policiales detalla que numerosos agentes siguen cometiendo de forma recurrente dos errores que están provocando daños, según han “corroborado y certificado” tanto el fabricante de las defensas como los especialistas de armamento de la policía. En concreto, parte de las averías son achacables “sin género de dudas” a que los policías, una vez terminada la actuación que motivó que desplegaran los bastones, los golpean “con una superficie dura”, normalmente el suelo o una pared, “para proceder al cierre del sistema telescópico”. Este gesto provoca “un bloqueo que inutiliza el sistema” de apertura.

En otros casos se ha registrado la “fractura” del mecanismo por golpear la punta de la defensa “contra objetos duros y sólidos” para afianzar su despliegue. Por todo ello, Interior ordena a los responsables policiales que, antes de remitir el material dañado al servicio de armamento para su reposición, “realicen unas mínimas indagaciones tendentes a clarificar las circunstancias concurrentes para determinar si las roturas o inutilizaciones se han producido de manera accidental o existe negligencia”.