El Constitucional ha dictado 85 sentencias desde su renovación en enero

El Tribunal Constitucional ha efectuado un balance de actuaciones desde que fuera renovado el pasado mes de enero: en los seis meses transcurridos ha dictado 85 sentencias, entre las cuales algunas relativas a los recursos más antiguos que tenía planteados, como el presentado por el PP contra la ley del aborto en 2010. De esos 85 fallos, 39 pertenecen al pleno del tribunal, por 19 a la Sala Primera y 27 a la Sala Segunda. En todo caso, la doble convocatoria de elecciones este año —primero las municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo y luego las recientes generales del 23 de julio— han supuesto un cierto paréntesis, en el que el órgano de garantías ha evitado tomar resoluciones que pudieran influir de algún modo en los respectivos procesos electorales.

Entre las sentencias sobre los recursos más antiguos han figurado algunas sobre materias especialmente controvertidas, como la relativa a las fórmulas alternativas de juramento o promesa del cargo, utilizadas por diputados y senadores de diversos grupos al acceder al escaño. El balance del Constitucional destaca asimismo que “en cumplimiento del plan de trabajo anunciado por el presidente”, Cándido Conde-Pumpido, en el pleno del pasado 17 de enero con el fin de “acelerar la resolución de asuntos”, también se aprobado en este período sentencias relativas a cuestiones más recientes de la mayor “repercusión social, política y económica”.

En este sentido, el balance menciona los fallos dictados sobre la ley de Eutanasia, y la relativa a la reforma educativa de la ley de educación conocida como ley Celáa, ambas recurridas por el PP y Vox y avaladas por el tribunal, que rechazó las impugnaciones. Otras resoluciones de especial repercusión fueron las relativas al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía), y sobre el real decreto-ley de medidas urgentes par garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombre en el empleo y la ocupación.

Otra medida importante para el funcionamiento del tribunal, adoptada en este último semestre, ha sido la puesta en marcha para agilizar la tramitación de los recursos de amparo frente a presuntas vulneraciones de derechos fundamentales. El órgano de garantías destaca que el objetivo es “poner al día en un plazo de seis meses la tramitación” de este tipo de impugnaciones, “que se encontraba seriamente retrasada”. De este modo, el total de resoluciones, entre sentencias, autos y providencias, que ha dictado el tribunal entre enero y julio del año en curso ha ascendido a 5.067.