El Gobierno evita la huelga de jueces y fiscales con un acuerdo de subida salarial

Seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales han aceptado este jueves el acuerdo de subida salarial propuesto por el Gobierno, que contempla incrementos de entre 440 y 450 euros al mes. Fuentes de la negociación han señalado a EL PAÍS que solo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM, 1.400 asociados), la mayoritaria y tradicionalmente la de tendencia más conservadora, se ha desmarcado del pacto, que considera “insuficiente e inasumible”. El acuerdo, que se firmará el martes, acaba con la amenaza de huelga indefinida que habían planteado ambas carreras, ya que cuatro de las cinco asociaciones que convocaron el paro lo han desconvocado tras el acuerdo con el Ejecutivo, y la APM, la única que no firmará, había suspendido la huelga después de que los ministerios de Justicia y Hacienda presentaran su propuesta.

Las asociaciones han vuelto a reunirse este martes con el Gobierno y todas, excepto la APM, han adelantado que suscribirán el pacto. El acuerdo zanja el conflicto abierto hace semanas, cuando cinco asociaciones convocaron una huelga indefinida a partir del 16 de mayo, en plena campaña electoral. Jueces y fiscales aplazaron la convocatoria después de que el Gobierno les presentara su última oferta salarial y, finalmente, todas menos la APM han decidido aceptar esa propuesta. En una nota difundida tras acabar a reunión, el Ministerio de Justicia se felicita por el acuerdo. “El Gobierno mantiene el deseo de que finalmente la propuesta sea suscrita también por la única asociación que no se ha pronunciado, por el momento, de forma definitiva, en el foro de la comisión de retribuciones”, afirma el departamento que dirige Pilar Llop.

Aislamiento de APM

La APM, la asociación que representa al ala más conservadora de la carrera y la que tradicionalmente ha acaparado más poder en órganos discrecionales, se ha mostrado muy dura con Justicia y Hacienda a lo largo de la negociación, lo que ha llevado a episodios de tensión en las reuniones y a que, por momentos, un acuerdo mayoritario pareciera imposible. La capacidad de influencia de esta asociación sobre las otras de tendencia conservadora era, a lo largo del proceso, la gran duda de los participantes de la negociación, algunos de los cuales consideraban que, si la APM no firmaba, podría arrastrar a otras. Sin embargo, en los últimos días, la APM se ha ido quedando sola y ese aislamiento se ha escenificado en la reunión de este jueves, donde todas las demás han optado por adscribirse al acuerdo propuesto por el Gobierno.

La segunda asociación más representativa, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha explicado en una nota pública su decisión de aceptar la propuesta. Consideran que la oferta salarial es “insuficiente” y se trata más “de una imposición que de un acuerdo fruto de la negociación”. No obstante, “conforme al sentir general de sus asociados y por responsabilidad”, la AJFV firmará el pacto y no irá a la huelga. Esta asociación aplaude que el pacto incluya la convocatoria anual de la mesa de retribuciones. “Esto marca un hito en la lucha asociativa tras 20 años de absoluto abandono”, señala.

A última hora de la tarde, las cuatro asociaciones que habían aplazado la huelga -AJFV, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales- han suscrito un comunicado en el que confirman la desconvocatoria de la huelga. ”La propuesta no es en absoluto satisfactoria, no colma nuestras legítimas reivindicaciones económicas y tampoco atiende a las imprescindibles necesidades de inversión en medios en Justicia que los ciudadanos demandan”, señalan las asociaciones, que, no obstante, admiten que el acuerdo incluye logros importantes. “Por primera vez en veinte años, la Mesa de retribuciones va a conducir a un aumento real de nuestras percepciones, basado en un acuerdo específico con los propios jueces y fiscales;y por primera vez desde siempre, se fija un marco estable de relaciones con los Ministerios de Justicia y Hacienda”.

La subida salarial de ambos cuerpos se aplicará en el complemento de destino, uno de los que cobran todos los jueces y fiscales, y supondrá que el Gobierno destine a sus salarios hasta 46,7 millones de euros más que ahora. Los jueces y fiscales verán incrementado el sueldo entre 440 y 450 euros brutos al mes, una subida superior a la acordada en marzo pasado con los letrados de la Administración de Justicia (431,01 de media al mes). El 100% de la subida se cobrará a partir del 1 de julio de 2024, pero ambos cuerpos empezarán a recibir en sus nóminas de forma inmediata un incremento salarial del 40% del total acordado. Esta subida tendrá, además, efecto retroactivo al 1 de enero de 2023, de manera que la cuantía acumulada hasta ahora (entre 1.700 y 1.800 euros) se abonará en una paga en el mes de septiembre. A partir del 1 de enero de 2024 cobrarán ya el 80% del incremento acordado, y desde julio de ese año, el 100%.

Según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la mayoría de las asociaciones, la subida media ofertada supone un 7%, que se suma al incremento salarial del 8% pactado para todos los funcionarios públicos para los años 2022, 2023 y 2024, susceptible de alcanzar el 9,5% en función de la inflación. La subida se vincula a la adaptación de ambos cuerpos a las exigencias de las nuevas leyes procesales y la propuesta compromete también al Gobierno a ir negociando en los próximos meses temas que ahora no se han terminado de cerrar, como el aumento de la plantilla de ambas carreras, la carga de trabajo, el incremento de la retribución de guardias, trienios y otros complementos variables.