La justicia europea condenó a España por su falta de medidas para proteger Doñana

La justicia europea condenó hace casi dos años a España por ignorar las extracciones ilegales de agua subterránea que han secado el acuífero y las lagunas de Doñana y no adoptar las medidas apropiadas para proteger los hábitats protegidos. Tras una primera denuncia del fondo ecologista WWF la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE en 2019, al comprobar el deterioro de la biodiversidad de la reserva y como última solución para lograr que las Administraciones reaccionaran. Los jueces dieron la razón a Bruselas tras su recurso por incumplimiento de la directiva marco del agua 2000 y condenaron a España, pero sin imponerle una multa millonaria, un mecanismo que ahora puede exigir la Comisión a los magistrados, dado que el declive ecológico se agrava.

“El Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben”, resumieron los jueces en su fallo. Estos son los argumentos de la sentencia de junio de 2021, que culpaba de la desecación del Parque Nacional, tanto a la macrourbanización de Matalascañas, pegada al parque, como al robo masivo con pozos ilegales de los agricultores freseros sin permisos de riego.

El primer incumplimiento que subraya el fallo es el del artículo 5 de la directiva de aguas 2000, por haber ignorado “las extracciones de agua ilegales y las extracciones de agua para el abastecimiento urbano” en la redacción del Plan Hidrológica del Guadalquivir 2015-2021. El Gobierno alegó ante Bruselas el pasado otoño que el nuevo Plan Hidrológico 2022-2027 sí incluye medidas correctoras para paliar la cuesta abajo en la que se encuentra la reserva, acrecentada por la sequía extrema que padece la cuenca del Guadalquivir.

En segundo lugar, España incumplió el artículo 11 de dicha directiva, en relación con el artículo 4, al no haber previsto “ninguna medida para evitar la alteración de los tipos de hábitats protegidos situados en la zona Doñana, ocasionada por las extracciones de agua subterránea para abastecer Matalascañas”. Estos incumplimientos perjudicaron a la zona protegida Doñana, Doñana Norte y Oeste, Dehesa del Estero y Montes de Moguer, por culpa del robo masivo de agua y Matalascañas desde el 19 de julio de 2006, detalla la sentencia.

España ignoró varios preceptos de esta directiva marco del agua del año 2000, que fija un contexto común sobre cómo abordar la política de aguas, pero sobre todo por sus efectos sobre la directiva de hábitats de 1992, que persigue la conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente.

La Comisión Europea ganó el pleito, pero sin rematarlo porque no hubo multas, y probablemente esa falta de sanción ha ralentizado los tiempos de las medidas de las Administraciones. El Ejecutivo europeo no logró acreditar que las masas de agua subterránea de la reserva, que estaban en mal estado, se deterioraran aún más, por lo que no se logró demostrar que España incumpliera su obligación de evitar el deterioro del inmenso acuífero del parque, de 2.409 kilómetros cuadrados.

Sin embargo, España sí debió haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las de Matalascañas antes de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, del Ministerio para la Transición Ecológica, elaborara su plan hidrológico para el intervalo 2015-2021. Además, los jueces reprocharon a España su inacción por no prever medidas que protegieran los hábitats en las lagunas más próximas a la macrourbanización. Mientras que el consumo de Matalascañas era de 2,4 hectómetros cúbicos en 2021, un estudio científico estimó entre 70 y 80 hectómetros cúbicos al año el agua extraída por el robo masivo de pozos ilegales.

De momento, está por ver que la condena haya provocado una reacción eficaz del Gobierno y la Junta que permita a la reserva recuperar la biodiversidad de antaño. Solo está claro que, a ojos de Bruselas, la nueva ley que promueve la derecha andaluza es un paso en la dirección contraria a la requerida por la sentencia.