El Gobierno aprobará el martes un plan para movilizar hasta 50.000 viviendas del banco malo para alquiler

Las políticas de vivienda, como la primera ley integral de la democracia que se aprobará en unas semanas, se han convertido en un filón para el Gobierno justo en la antesala de la campaña electoral de las autonómicas y municipales del 28 de mayo. La clausura de la convención municipal del PSOE en Valencia ―con 4.000 asistentes, más medio millar que se quedó fuera de la Ciudad de las Artes por exceso de aforo―, no solo ha servido para constatar que el ambiente en los diferentes escalafones del principal partido del Ejecutivo es todo lo contrario al derrotismo de las elecciones andaluzas de hace casi un año. Pedro Sánchez, que accedió a la condición de ERC y EH Bildu de asegurarse la exclusiva de detallar las novedades de la futura ley estatal de vivienda, se ha reservado la cumbre municipalista con cuadros socialistas de toda España, entre ellos sus alcaldes más notables, para lanzar otro anuncio con un marcado acento social: el Consejo de Ministros del martes aprobará un plan para movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, también conocida como el banco malo) para alquiler asequible. El Gobierno pondrá 21.000 viviendas a disposición de los municipios y comunidades autónomas. Además, el Ejecutivo impulsará el alquiler social con las 14.000 viviendas ya habitadas de ese parque y promoverá la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles de la Sareb.

“Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas a precio asequible para los jóvenes y las familias de nuestro país. Esa es la diferencia entre un Gobierno que defiende a la mayoría y otro que defiende una minoría. Nosotros construimos soluciones, a diferencia del PP”, ha afirmado Sánchez. El presidente también quiere lograr, sin poner una fecha, que la vivienda pública llegue al 20%. Ahora mismo el parque público supone el 3%, por debajo de la media de la UE (9%). “Tengo un compromiso que asumo aquí: yo quiero que España sea un país que tenga el 20% de vivienda pública. Eso es lo que quiero para mi país. Lo quiero por muchas razones: garantizará una mayor accesibilidad, sobre todo de los jóvenes a la vivienda y bajará la edad media de emancipación. Y si aumentamos la oferta, no con más vivienda libre, como dice el PP, sino con oferta de vivienda pública, amortiguaremos los precios”, ha enfatizado el presidente y secretario general del PSOE. Los jóvenes españoles se independizan casi a los 30 años, tres años después que la media de la UE, según datos del pasado agosto de Eurostat.

El Gobierno confía en paliar así un problema que va al alza según las encuestas. El último estudio de 40dB. para EL PAÍS y la SER incidía en la inquietud de los españoles por el coste de la vivienda. La subida de los tipos de interés ha disparado las hipotecas variables y los alquileres tampoco dan tregua. Y, con ellos, las apreturas económicas de muchas familias. Los datos de 40dB. indican que solo un 25,2% de los alquilados emplean menos del máximo recomendado del 30% (en el caso de los hipotecados son el 43,4%). El 50,2% de quienes viven de alquiler le destinan entre un 30% y un 50% de sus recursos cada mes. Para el 15,9% llega a representar entre el 50% y el 70% de sus ingresos. “Aquí hay muchos padres, madres, abuelos, que viven con desasosiego el problemón que supone el acceso a la vivienda sobre todo para los jóvenes”, ha incidido Sánchez ante un público que en líneas generales superaba los 50 años.

España es el cuarto país de la UE en el que hay que hacer un mayor sobreesfuerzo financiero para pagar el alquiler, un mercado en el que la evolución del precio medio por metro cuadrado se ha incrementado un 45% entre 2014 y 2021. Un porcentaje, ha continuado Sánchez, que en el caso de la vivienda en propiedad llega al 11%. La magnitud de estos datos ha influido en la decisión del Gobierno de recurrir a las viviendas de la Sareb. El banco malo tenía a finales de 2022 unas 67.000 viviendas, aunque solo 47.000 se consideraban comercializables. Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, ha valorado que las 50.000 viviendas del banco malo pasen al parque público del alquiler, pero considera que la medida se queda corta. “Hoy el presidente Sánchez anunciaba algo que llevamos reclamando desde el principio de la legislatura. Una muy buena noticia que ojalá hubiera llegado antes. Pensamos que no sólo estas, sino todas las viviendas de la SAREB deberían formar parte del parque público. Queda mucho por hacer”, ha afirmado, marcando distancias con el PSOE y poniendo reparos nuevamente a la gestión del Gobierno del que forma parte.

El anuncio de Sánchez ha coincidido con un mitin de Alberto Núñez Feijóo en Pamplona en el que el presidente del PP ha dicho que su partido presentará la próxima semana un plan alternativo sobre vivienda. “No vamos a prometer soluciones mágicas, ni a decir que los problemas complejos se solucionan con propuestas legislativas de Bildu o ERC, no vamos a proponer medidas populistas ni intervencionistas”, ha dicho tras reconocer el precio de las viviendas es “sin duda uno de los mayores problemas” de España. Feijóo ha rechazado la intervención de los precios que recoge la futura ley: “Suena bien pero funciona mal y, al final, lo que hace es subir los precios, disminuir el número de viviendas [disponibles] y agravar el problema de la vivienda”.

El Gobierno desbloqueó esta semana la principal ley de las que tenía pendiente después de meses de negociaciones bajo el radar con ERC y EH Bildu. La Moncloa no les puso ningún impedimento de adelantar los detalles de la ley de vivienda. El Ejecutivo aceptó que el foco inicial fuera para dos de sus aliados parlamentarios, una prueba inequívoca de la trascendencia que la izquierda, en sus diferentes versiones, desde la socialdemocracia a los partidos soberanistas progresistas, otorga a la regulación en materia de vivienda. PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu usarán la vivienda como elemento clave de la campaña del 28-M.

El proyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, que introduce un tope permanente a la subida de los alquileres —la cuestión clave de las negociaciones— también había alimentado los choques dentro de la coalición de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Tras un largo tira y afloja con los socios parlamentarios, el Gobierno acordó eliminar el IPC como índice de referencia al tope al alquiler, es decir al límite por encima del cual los caseros no podrán actualizar la renta de sus inquilinos. Este año se mantendrá el límite vigente del 2% anual, que subirá al 3% el año que viene. A partir de 2025 será sustituido por un nuevo índice.

Otra novedad es la de las zonas de mercado residencial tensionado, que podrán ser declaradas cuando el pago de la vivienda suponga un esfuerzo de más del 30% sobre los ingresos de los hogares de la zona o que los precios hayan subido más de 3 puntos porcentuales por encima del IPC, en los últimos cinco años. Los límites del índice de referencia de precios se podrán aplicar a las nuevas viviendas que no hayan estado alquiladas en los últimos cinco años, si así se establece en la declaración de zona tensionada. En cuanto a la definición de gran tenedor (persona física o jurídica con 10 o más viviendas), podrá incluir a propietarios de cinco o más inmuebles en una misma zona tensionada, siempre y cuando esté motivado y justificado por la comunidad autónoma correspondiente. La ley establece además un nuevo reparto de los gastos iniciales entre caseros e inquilinos: los propietarios asumirán el 100% de los honorarios de gestión inmobiliaria y de formalización de los contratos de alquiler.

La ley se aprobará previsiblemente en plena precampaña del 28 de mayo. La intención del Gobierno es que el Congreso la apruebe el 27 de abril antes del visto bueno definitivo en el Senado. La dirección federal del PSOE no duda del impacto que tendrá entre el electorado más joven, donde la emancipación y acceso a su primera vivienda se ha convertido en uno de sus principales problemas. Los socialistas consideran que la reacción del PP, que ya ha anunciado que recurrirá la ley al Constitucional, les dará más munición para la campaña.