El fin de la política de dispersión: un símbolo de la normalidad vasca

La culminación del acercamiento de presos de ETA a Euskadi, esto es, el fin de la política de dispersión, es un símbolo del proceso de normalización vasco, iniciado con el final del terrorismo hace 11 años y medio y rubricado con la disolución de la organización terrorista en 2018. No tenía sentido, disuelta ETA, que el Gobierno mantuviera un instrumento de la lucha antiterrorista como el alejamiento y la dispersión de los presos etarras por cárceles de todo el territorio español. Lo que le correspondía, en una situación de normalidad como la actual, era cumplir la legislación penitenciaria que recomienda que los presos cumplan condena en sus lugares de arraigo para facilitar su reinserción.

La política de dispersión y alejamiento tuvo sentido en 1989 cuando la inició el Gobierno de Felipe González. Una ETA aún fuerte controlaba a sus presos e impedía su reinserción. Con el alejamiento y dispersión de los presos, el Gobierno dificultó el control etarra. Al año de iniciarse la dispersión había 454 presos repartidos en 85 cárceles, y su cercanía o alejamiento de Euskadi dependía de su relación con ETA. Prueba de la eficacia de esa política fue que 105 presos etarras pasaron a tercer grado entre 1990 y 1994.

El Gobierno de José María Aznar cambió la política penitenciaria al llegar a La Moncloa, y eliminó la reinserción. Sin embargo, en 1998-1999 vio posible un final dialogado con ETA y abrió ese diálogo, finalmente fracasado. En septiembre de 1999 acercó de una tacada a 131 presos, mientras señalaba que “el Gobierno incorporará una nueva política penitenciaria consensuada, flexible y dinámica”. “Cumpliremos la ley, pero el Gobierno tiene que ser abierto y generoso”, dijo también Aznar. Fue el presidente que más presos etarras acercó a Euskadi: cerca de 500.

Su sucesor en La Moncloa, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, intentó un acuerdo de paz por presos, con el acercamiento a Euskadi como bandera. El PP se opuso tajantemente a ese intento, con movilizaciones en la calle incluidas, en clara incoherencia con su gestión precedente. El proceso fracasó y Zapatero apostó entonces por la vía Nanclares de reinserción, que fue más simbólica que efectiva.

Mariano Rajoy, que entró en La Moncloa justo tras el anuncio del fin del terrorismo por parte de ETA, prácticamente no hizo nada en lo referido a política penitenciaria. En 2018, fue desalojado del Gobierno por Pedro Sánchez tras una moción de censura.

Disuelta ETA, Sánchez encargó a su ministro del Interior, el juez Fernando Grande-Marlaska, el acercamiento de presos al País Vasco y la eliminación de la política de dispersión, que acaba de culminar. Ha cumplido así con la legalidad penitenciaria, que aconseja, en situación de normalidad, el cumplimiento de las penas en los lugares de arraigo de los presos. Cuenta con el apoyo del 85% del Parlamento vasco y casi el 80% de la población vasca, según las encuestas. Mantener el alejamiento de los presos una vez desaparecida la banda terrorista habría sido un obstáculo para el asentamiento de la convivencia y la normalidad.

El PP vasco, con Carlos Iturgaiz como portavoz, se opone al fin de la dispersión, calificando esa decisión de “escarnio a las víctimas” y asegurando que es “el pago a Otegi por el apoyo de Bildu al Gobierno”. Olvida que el compromiso del actual Gobierno con el final de la dispersión fue previo al posicionamiento parlamentario de Bildu. El PP ha perdido en esta apuesta el apoyo de Covite, la asociación vasca de víctimas del terrorismo más importante.