53 pueblos bajo sospecha por el aumento de población en vísperas del 28-M

Catalina González es la portavoz socialista en Castrelo de Miño, un pueblo orensano de 1.300 habitantes que gobierna el PP desde 2020 por obra y gracia de una moción de censura en la que el actual alcalde se alió con dos tránsfugas del PSOE. En enero, a solo unos días de cerrarse el censo electoral para los comicios locales del 28 de mayo, González recibió, entre la documentación del pleno, 46 decretos de alcaldía que daban el visto bueno de golpe a otras tantas nuevas altas en el padrón. ¿Inesperada explosión demográfica en la Galicia despoblada? Ella está convencida de que no: “¡Sorpresa! Muchos son familiares del grupo de gobierno”. En una casa del teniente de alcalde que lleva años “vacía y cerrada”, ejemplifica, se han inscrito siete personas sin parentesco entre sí. En otra vivienda en igual situación, propiedad de un tío de este cargo municipal, se han empadronado otros tantos nuevos votantes que no son familia, añade. Hace unos días, el alcalde aprobó 12 altas más. El caso ya está bajo investigación por parte de la Junta Electoral Central y de la Fiscalía.

Estas altas masivas en Castrelo de Miño son las más polémicas, pero no las únicas que han hecho saltar la alerta en la Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE). En España son 53 los municipios en los que este organismo ha detectado, a través de un algoritmo diseñado para ello, subidas significativas en el padrón —justo antes de cerrarse el censo para los comicios del 28-M, el 31 de enero— que no han sido justificadas adecuadamente por los Ayuntamientos. Fuentes del INE explican que este tipo de controles son continuos y que es habitual que el número de localidades con el censo “impugnable” suba en los meses previos a unas elecciones.

En esta ocasión, según el listado publicado por este organismo, 44 de los pueblos están en Castilla y León (20 en Burgos y 19 en León), cinco en Castilla-La Mancha, dos en Galicia, uno en Aragón y uno en Andalucía. Casi todos son pueblos muy pequeños, en los que un aumento de pocas personas en el censo puede hacer saltar la alerta. La cifra de localidades con esta subida demográfica atípica —esos 53 pueblos— es similar a la de los anteriores comicios locales de 2019, calcula el INE. En España hay 8.131 municipios.

El INE no ha recibido de estos 53 municipios los certificados de “residencia efectiva” que justifiquen las subidas repentinas de inscritos en su censo, señalan fuentes del Área del Censo, por lo que ha remitido los casos a la Junta Electoral Central, que los está investigando. La administración electoral ha reclamado ya a los ayuntamientos afectados que “informen sobre los datos que no cuadran”. Los resultados de esas pesquisas serán enviados de vuelta al INE para que la Oficina del Censo Electoral “tome la decisión final” sobre si dan por buenas las altas o se anulan, explican fuentes de la Junta Electoral Central.

Los 58 nuevos vecinos, y, por tanto, electores, que se han empadronado en Castrelo de Miño entre noviembre y enero pueden llegar a decidir el nombre del alcalde que salga elegido en mayo. González explica que la cifra coincide más o menos con el número de votos con los que se otorgó el último concejal en anteriores citas con las urnas. En 2019, los comicios estuvieron reñidos. El BNG venció al PP por un puñado de votos, pero empató con él a tres escaños, los mismos que logró el PSOE (la mayoría absoluta está en cinco). El candidato nacionalista se hizo con el bastón de mando gracias al apoyo de los socialistas, hasta que en 2020 los populares se aliaron con dos tránsfugas socialistas y se lo arrebataron. “Tanto nuevo votante puede significar ahora una mayoría absoluta para el PP”, advierte la portavoz del PSdeG-PSOE en el Ayuntamiento de Castrelo de Miño.

Entre las nuevas altas en el padrón, según los socialistas, están familiares de miembros del Gobierno local, tanto de los ediles populares como de los tránsfugas del PSOE que les dieron el poder. González ha denunciado el caso ante la Fiscalía, el INE y la Valedora do Pobo de Galicia. “Esas 58 personas no viven aquí, solo sirven para desvirtuar el censo. Lo que busco es que se celebren unas elecciones limpias”, defiende. El regidor de Castrelo de Miño, Avelino Pazos, no ha respondido a las peticiones de este periódico para que ofrezca su versión.

Valdelugueros: “Casas de familiares del alcalde suman más de 25 inquilinos”

Valdelugueros (León) tenía 1.294 habitantes a principios del siglo XX. Desde entonces, la población ha ido cuesta abajo, con algún pequeño remonte. La cifra el año pasado se quedó en 501, pero ahora, en vísperas electorales, el censo de este pueblo de la montaña leonesa ha experimentado una subida que el INE no concreta, pero considera “injustificada”. El PSOE ha presentado una demanda contra el alcalde de Valdelugueros, el popular Emilio Orejas, acusándolo de haber inflado la lista de electores con supuestos residentes.

Las localidades pedáneas de Arintero, La Braña, Cerulleda, Llamazares, Lugueros, Redilluera, Redipuertas, Tolibia de Abajo, Tolibia de Arriba, Valdeteja, Valverde de Curueño y Villaverde de la Cuerna son las receptoras de esos nuevos moradores de los que poco se sabe. El portavoz socialista, Manuel González, afirma: “Es un aumento desproporcionado y no equilibrado con la tendencia regresiva de población en la España vacía. La tendencia es a bajar y no estos incrementos que se ven en el INE”.

Esta táctica “viene de lejos”, expone González, que asegura que el regidor no les permite acceder al registro de nuevas altas para comprobar su procedencia. El socialista vive en otra localidad porque en Valdelugueros no hay colegio al que llevar a sus hijos. Apenas hay más niños. Una de sus principales causas de indignación es que el secretario consistorial, dice, estuvo empadronado en el propio edificio del Ayuntamiento, que no tiene ni cocina o habitaciones donde vivir: “Es cómplice del alcalde y un caso excepcionalmente aberrante”, sostiene. Este cargo público cambió su empadronamiento cuando comenzaron a incrementarse las críticas, pero otros ardides, según González, se han mantenido: “Algunas casas de familiares del alcalde suman más de 25 inquilinos. Es un fraude grande”, asevera.

El alcalde, Emilio Orejas, se defiende: “El ayuntamiento consta de 12 pueblos muy pequeñitos, de unos 15 habitantes. En el INE, cuando el porcentaje de habitantes pasa de un mínimo, les saltan las alarmas. En los que son 15, con que se empadronen dos, les pasa. Nosotros estamos colaborando para verificar que sean correctos. Vamos a las casas para comprobarlo”. El primer edil explica que se les piden los “requisitos formales” sobre su cambio de censo pero admite que no tienen capacidad para preguntarles el porqué de la mudanza, así que no sabe por qué estos pueblos han ganado vida estos años: “La residencia en España es libre”.

Menos rotundo se muestra Orejas al describir la situación en su casa, donde admite que están censados “padres, hermanos o nietos” sin dar cifras, pero considera “incierto” que haya 25 personas en total. “Los que firman la denuncia me gustaría que dijeran dónde viven y trabajan y dónde están empadronados”, desliza.

En Castilla-La Mancha, la mayor polémica entre los cinco municipios señalados por el INE ha estallado en Barrax, una localidad de Albacete de unos 1.800 habitantes. El PP presentó una impugnación ante la Oficina del Censo Electoral que fue desestimada. Los populares argumentaban que se había inscrito a personas que no residen en el municipio, gobernado por la socialista Josefina Navarrete, vicepresidenta primera de las Cortes de Castilla-La Mancha y que repetirá como candidata. Navarrete exigió al PP que se disculpara por las acusaciones, sosteniendo que son falsas: el PSOE de Barrax asegura que las altas en el padrón municipal “se han realizado siguiendo los procedimientos establecidos por la ley, de manera transparente y con todas las garantías”, y defiende que la variación del censo “no ha sido sustancial” pese a que el INE la califica de “significativa” e “injustificada”.

De beneficios fiscales a emigrantes retornados

En la mayoría de los pueblos el aumento de población que investiga la Junta Electoral no ha dado pie de momento a denuncias de los partidos. En Santa María de los Llanos, un pueblo de Cuenca de 680 habitantes, el alcalde, Ovidio González (PSOE), niega que haya habido irregularidad y cita motivos ajenos a la contienda electoral que a su juicio pueden explicar el incremento. Entre ellos, los beneficios fiscales, puesto que en Castilla-La Mancha empadronarse en una pequeña localidad se premia con una rebaja del IRPF desde la entrada en vigor de la Ley contra la Despoblación. El Ayuntamiento ha respondido al segundo requerimiento del INE para intentar justificar el incremento del censo y está a la espera de contestación.

El Consistorio del municipio conquense de Villarta, de 800 habitantes, alega que no contestó a tiempo a estos requerimientos del organismo estatal por la baja temporal de la persona que ostenta la secretaría municipal, según explica el regidor, Luis Miguel Lerma, del PP. Lerma niega también que el incremento del censo sea injustificado y esgrime que no será candidato en las próximas elecciones: “No tengo ningún interés en que haya más o menos electores”.

Hinojares, el municipio más pequeño de la provincia de Jaén, contaba a 1 de enero de 2022 con 335 habitantes, pero el censo electoral del 28-M ha crecido en varias decenas de nuevos vecinos. El alcalde de esta localidad en el sur de la Sierra de Cazorla, el socialista Marón Martínez Sevilla, admite que ha pasado a rondar los 400 inscritos, pero niega cualquier maniobra electoral. “Hay gente que quiere retornar a su pueblo y se empadronan aquí, y son bienvenidos. Si no damos facilidades para que la gente vuelva, nuestros pueblos se pierden”, argumenta. Martínez Sevilla reconoce que es posible que algunas personas hayan decidido empadronarse en su pueblo de origen, aunque sigan viviendo en otras comunidades.

El aumento del censo electoral en Hinojares contrasta con la pérdida de población que el municipio viene sufriendo de manera constante desde 1996, cuando alcanzó su techo máximo con 1.300 habitantes. Entre 2021 y 2022, el pueblo perdió 28 habitantes y la caída de la población en la última década ha alcanzado el 23%. Más allá del apego a las raíces de los nativos, Martínez Sevilla defiende las medidas sociales que el ayuntamiento, con un presupuesto de apenas 500.000 euros, ha puesto en marcha. “Damos 500 euros por cada hijo que nace para que las familias gasten ese dinero en la farmacia del pueblo, y así evitamos también que se cierre la farmacia”, apunta. A su juicio, esta medida, unida a los planes de empleo que ofrecen 15 jornales a los desempleados, ha permitido que en los últimos años nazcan una docena de niños.

Con información de Aldo Gómez (Castilla-La Mancha) y Ginés Donaire (Andalucía).