María Gámez dimite como directora de la Guardia Civil tras la imputación de su marido por corrupción
Marlaska alaba la decisión como un ejemplo de “profilaxis democrática”. Mercedes González, actual delegada del Gobierno en Madrid, será nombrada nueva responsable del instituto armado
Cambio inesperado en la Dirección General de la Guardia Civil. La hasta este martes máxima responsable del instituto armado, María Gámez, ha anunciado por sorpresa su “renuncia” al cargo después de que unas horas antes su marido recibiera una notificación judicial para comparecer como investigado por un caso de corrupción. En una comparecencia en la que ha estado acompañada por los cuatro generales que forman la cúpula del instituto armado, Gámez ha explicado que había llamado esta mañana al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para comunicarle una decisión que ha calificado de “difícil”, pero “la única posible” para proteger a “[su] familia y a la Guardia Civil”, ha dicho.
En su comparecencia, tras la que no ha admitido preguntas, ha asegurado sentirse “satisfecha por lo conseguido” y “orgullosa”. Mercedes González, hasta ahora delegada del Gobierno en Madrid, será nombrada en el próximo Consejo de Ministros nueva directora general en su sustitución. Tres horas después del anuncio, era Grande-Marlaska el que comparecía ante los medios para anunciar formalmente el nombre de su sustituta, pero también para alabar el papel desempeñado por Gámez al frente del instituto armado. Tras calificarla en varias ocasiones como la mejor directora desde la fundación del instituto armado hace 178 años, el ministro ha puesto su dimisión, que ha tildado de “injusta pero necesaria”, como ejemplo de “los altos estándares de profilaxis democrática que practicamos en este Gobierno”.
La dimisión de Gámez llega en un momento especialmente delicado para la Guardia Civil, tras la imputación de dos generales, ambos retirados, en sendas causas de corrupción: los casos Mediador y Cuarteles. Sin embargo, su renuncia no ha sido provocada por estas investigaciones judiciales, que abarcan periodos en los que ella no estaba al frente de la institución, sino por la imputación de su esposo, Juan Carlos Martínez, en una de las piezas derivadas del caso ERE. En esta pieza se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación y blanqueo por los fondos que transfirió Bienvenido Martínez, cuñado de Gámez, cuando presidía la empresa Santana Motor, participada por la Junta, a favor de su propia empresa Experience Management Group. Esta firma derivó a su vez fondos a otra empresa del marido de Gámez, Job Management Liberty. Juan Carlos Martínez era directivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), una entidad de la Junta de Andalucía. Un informe de la Policía Nacional de octubre de 2021 apuntaba la sospecha de que él y dos de sus hermanos lograron un “lucro injusto”.
Renuncia “por principios y honestidad”
Gámez, que en enero de 2020 se convirtió en la primera mujer en dirigir el instituto armado, ha asegurado en su breve comparecencia que deja el cargo “por principios y honestidad” después de que el juzgado comunicara este mismo miércoles a su marido la imputación, aunque la providencia tiene fecha del 16 de marzo. “No voy a permitir dañar a la Guardia Civil, a sus representantes y al Gobierno de España”, ha remarcado. La política malagueña ha insistido en su “reconocimiento y admiración profundos” por los 80.000 agentes del instituto armado y ha dado las gracias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros Grande-Marlaska y Margarita Robles, titular de Defensa, el otro departamento del que depende la Guardia Civil. Gámez debía comparecer la próxima semana en la Comisión de Interior del Congreso para dar explicaciones sobre los casos Mediador y Cuarteles. Serán los diputados quienes decidan finalmente si se mantiene esta comparecencia.
Hace apenas una semana, Gámez declaraba que no estaba dispuesta a que “algunos garbanzos negros enturbien el nombre de la Guardia Civil”, en referencia a las supuestas irregularidades en la adjudicación de obras en cuarteles, que salpican ya a 13 comandancias, que se investiga en el segundo de estos sumarios. “Lo principal es que la Guardia Civil es la primera interesada de que se destape cualquier tipo de ilegalidad o irregularidad”, dijo en Benaoján (Málaga), tras conocerse la supuesta implicación del teniente general Pedro Vázquez Jarava, que formó parte de la cúpula del instituto armado en los gobiernos de Mariano Rajoy.
En su posterior comparecencia ante los medios, Grande-Marlaska ha desligado la decisión de Gámez de estos casos de corrupción y no ha escatimado en elogios a la dimitida directora general, de la que ha asegurado que ha potenciado “el control interno frente a malas prácticas sin interferencias” al trabajo del Servicio de Asuntos Internos, el departamento que investiga precisamente los casos Mediador y Cuarteles. Tras enumerar los logros de Gámez al frente del instituto armado ―desde el refuerzo de los equipos que luchan contra el crimen organizado en el Campo de Gibraltar a las políticas de igualdad dentro de la institución―, el ministro ha puesto su renuncia como ejemplo de “decencia democrática” del PSOE que, en su opinión, tienen que aprender otros partidos, en referencia al PP.
Principal valedor
Grande-Marlaska ha sido, de hecho, el principal valedor de Gámez en estos algo más de tres años al frente de la Guardia Civil. Fue él quien la propuso después de que en enero de 2020 decidiera remodelar su equipo y destituyera a su antecesor, Félix Azón. El cargo del director general del instituto armado tiene que ser consensuado entre Interior y Defensa, los dos ministerios de los que depende la Guardia Civil, y aquel cese y el posterior nombramiento de Gámez provocaron tensiones entre Grande-Marlaska y Robles, que era quien en su momento propuso a Azón, juez de formación y con el que había coincidido en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La ministra no acudió entonces al acto de toma de posesión de la ahora dimitida.
Gámez era una figura más política que su antecesor. Había ocupado varios cargos orgánicos en el PSOE y en las elecciones municipales de 2011 y 2015 encabezó la candidatura de los socialistas a la alcaldía de Málaga, siendo en ambos comicios derrotada por el cabeza de lista del PP, Francisco de la Torre. Dejó entonces la política, pero volvió dos años después, tras el triunfo de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Palacio de La Moncloa, para ocupar el puesto de subdelegada del Gobierno en Málaga. De ahí pasó a ponerse al frente de la Guardia Civil, año y medio después.
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