La Policía concluye que Luceño elaboró los correos de San Chin Choon que le exoneran del ‘caso Mascarillas’

El cerco se estrecha a medida que avanza la investigación contra los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina, acusados de urdir una supuesta estafa millonaria al Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario en lo peor de la pandemia. La Policía Nacional ha concluido que Luceño se encuentra detrás de la documentación y los correos enviados al juez a nombre de San Chin Choon, el empresario malasio que supuestamente les suministró el producto defectuoso que acabó en el Consistorio. En un extenso informe, los agentes apuntan sin ambages al socio del hermano del duque de Feria y le atribuyen maniobras para tratar de engañar al magistrado Adolfo Carretero: “Luceño insta a Choon para que envíe a las autoridades una declaración jurada cuyo contenido exonere a los investigados de todo culpa”.

Como avanzó EL PAÍS, la Fiscalía Anticorrupción sospechaba que Luceño se encontraba detrás de las comunicaciones que llegaban al Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, que salvan a los dos imputados. Unos recelos que también mostró el magistrado Carretero, y que confirman ahora las indagaciones de la Policía. Los investigadores han buceado en la ingente documentación y comunicaciones intervenidas al comisionista tras registrar su empresa y su domicilio. Y la conclusión resulta tajante: él maneja a Choon a su antojo. “No deja a su libre disposición ninguno de los actos que [Choon] debe desarrollar en relación a la causa que nos ocupa, y le indica en todo momento cómo y cuándo proceder”, reza un informe fechado el 10 de marzo, al que ha tenido acceso este periódico y avanzado por Abc.

Según la Policía, a través de un intermediario (Chan Beng Kay, alias Anthony), Luceño se alía con Choon “para aunar versiones” desde que “tiene conocimiento de que se encontraría investigado”. “Haciendo uso de Anthony, quien sería el cauce para comunicarse con Choon debido a la barrera idiomática existente, se ha podido concluir que Luceño aporta instrucciones y directrices necesarias, manteniendo un control estrecho sobre las actuaciones del malayo, atendiendo San Chin Choon a todos los requerimientos recibidos”, resalta el documento policial.

Los agentes inciden en que Luceño se mostraba “convencido” de que la causa se cerraría “si las respuestas de Choon y la documentación que pudiera aportar”, se encontraban “en consonancia y coherencia con lo manifestado tanto por él mismo como por Luis Medina”. Por ello, según el informe, el comisionista “desarrolla una estrategia” para poner en marcha sus planes, que “irán variando en función de las circunstancias”. En esa línea, facilita a sus interlocutores las “respuestas” a las posibles preguntas que pueden hacerle; insta a Choon para que “envíe a las autoridades españolas una declaración jurada” que los “exonere de toda culpa”; y le “ordena” que haga llegar su versión al juzgado.

“Dedica multitud de tiempo y comunicaciones para asegurarse de que dicha declaración jurada parezca realizada de propia iniciativa por el malayo y sin ninguna injerencia o connivencia por parte de Luceño”, añaden los investigadores, que inciden en que el socio de Medina “quiere ocultar que las respuestas o manifestaciones de Choon son elaboradas y articuladas por el propio Luceño”. Es más, la Policía resalta que llega a indicarles cómo actuar para evitar que les descubran: “Tened cuidado con los metadatos [...] Debéis pasar el documento y no pasarlo de [formato] Word a PDF, ya que pueden analizar los metadatos y ver que sale de la IP de mi ordenador [...] Este documento es muy importante para el juez por lo que analizarán su origen y veracidad”.

El juez mantiene imputados a Medina y Luceño por estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental —al primero, además, le atribuye alzamiento de bienes; y al segundo, fraude fiscal—. La Fiscalía denunció que los dos empresarios se embolsaron casi seis millones de euros al engañar al Ayuntamiento con tres operaciones de compra de mascarillas, guantes y pruebas en la primera fase de la pandemia. “Luceño, en connivencia total con Medina, ocultó con engaño y ánimo de lucro al Ayuntamiento que el precio de las mascarillas se había elevado un 60%, el de los guantes en un 81% y el de los test en un 71%, como consecuencia de las comisiones que habían pactado”, argumentó el magistrado en una resolución. En su última declaración ante el juez, Luceño optó por no declarar y guardó silencio.