El Congreso facilitará la investigación al despacho que ocupó Tito Berni y sus terminales móviles si se pide convenientemente

Juan Bernardo Fuentes Curbelo, uno de los presuntos cabecillas de la trama del caso Mediador, ya no es diputado en ejercicio del PSOE por Canarias, pero su despacho en el Congreso se mantiene cerrado y sin uso desde que fue forzado a firmar su renuncia en la tarde del pasado 14 de febrero, cuando estalló el escándalo. Lo que no se sabe de forma tan clara es dónde y quién dispone de los soportes móviles, teléfono y tableta, que el Parlamento le facilitó en su día, cuando tomó posesión del escaño, aunque se presume que aún obran en su poder. La Presidencia de las Cortes todavía no ha recibido ninguna petición formal, planteada por el Tribunal Supremo, el órgano competente, para efectuar una inspección en ese despacho oficial o en sus soportes móviles, pero tiene la intención de autorizarlas, en un hecho sin precedentes constatados.

En la tarde del 14 de febrero, cuando el PSOE tuvo conocimiento a través del partido en Canarias de la Operación Mediador y las detenciones practicadas en el archipiélago y que en el caso podría estar implicado el exdiputado por Fuerteventura Fuentes Curbelo, el secretario de Organización nacional lo citó, le forzó a presentar su renuncia y la misma fue registrada telemáticamente sobre las 19.30 horas. El diputado se marchó a su despacho, recogió algunas pertenencias y dejó el Congreso. Unos minutos más tarde, personal del grupo socialista se presentó en ese cubículo que tenía asignado el diputado y lo clausuró. Desde entonces ese espacio permanece cerrado y no ha sido adjudicado al parlamentario socialista que le sustituyó, según fuentes de la dirección del PSOE en la Cámara.

Una unidad de investigación de la policía, en Canarias, ha requerido a la juez entrar en el despacho que fue de Fuentes Curbelo para inspeccionarlo, pero la Fiscalía ha puesto reparos. La petición no ha llegado aún al Congreso, ni a través de la Secretaría General ni de la Presidencia, que es la autoridad competente para conceder esa actuación. Fuentes de la Presidencia del Congreso han avanzado que estarán a favor de permitir esa inspección, del despacho o de los móviles, si se plantea conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y por el órgano competente para dirimir estas cuestiones, que en el caso de todo lo que afecta a la sede de la soberanía nacional y sus diputados es el Tribunal Supremo. Ese paso no se ha producido.

Varios artículos de la citada norma legal especifican que los jueces para entrar y registrar cualquier dependencia de las Cortes necesitan la autorización de la Presidencia de esas Cámaras (artículo 548 de la LECrim) e incluso que para procesar a un parlamentario no pueden dirigir el procedimiento directamente contra el mismo si ese permiso previo. Fuentes Curbelo ya no es diputado ni, por lo tanto, aforado, algo que pareció preocuparle mucho en su charla con la dirección del PSOE cuando se le exigió la renuncia, pero para acceder a su antiguo despacho o a sus soportes, la juez que lleva el caso en Canarias sí tiene que pedir autorización a la Presidencia del Congreso.

Tampoco está muy claro, por ahora, dónde están o quién dispone de los soportes móviles que el Congreso facilitó al exdiputado cuando tomó posesión. La policía le requisó en un primer momento, cuando fue detenido en Canarias, dos teléfonos y uno podría ser el que tenía cuando era parlamentario. De la tableta no se sabe nada. El Congreso permite a los diputados que dejan esa función quedarse con esos soportes previo pago de un importe que está estipulado para ese tipo de dispositivos ya usados. Se desconoce si Curbelo ha hecho uso de esa prerrogativa. Si los diputados que dejan de serlo no quieren quedarse con esos dispositivos, el Congreso los envía a resetear de manera inmediata para poderlos ofrecer a otros parlamentarios.