El presidente del tribunal del juicio de Atrio: “El perito no tiene por qué saber de vino ni gustarle”

En la segunda sesión del juicio por el millonario robo de botellas de vino en el restaurante Atrio de Cáceres, el perito encargado de valorar el material sustraído se ha ratificado en su informe y ha asegurado que las 45 botellas robadas tendrían un precio de mercado de algo más de 750.000 euros, frente al precio de 1,6 millones de euros que le atribuían los propietarios del establecimiento a esos caldos en su carta. El ingeniero técnico industrial Roberto Nebreda Pineda, que se ha definido como experto en peritaciones para compañías de seguros, no ha sido capaz de responder a las preguntas de la defensa de los dos acusados sobre cuáles habían sido los parámetros evaluados, sino que se ha referido a que había recibido “asesoramiento profesional” consultando con otras bodegas y productores, páginas webs del gremio, casas de subastas, y prestigiosos rankins en materia enológica. Y el presidente del tribunal, el magistrado Joaquín González Casso, ha interrumpido y zanjado el interrogatorio: “El perito no tiene por qué saber de vino ni gustarle el vino”.

El juicio ha quedado visto para sentencia, después de que la fiscalía haya mantenido la petición de 4,5 años de cárcel, mientras la defensa ha pedido la inmediata puesta en libertad de sus patrocinados, en prisión provisional por riesgo de fuga desde el pasado mes de julio.

El perito, que se definé en su perfil de Linkedin como “especializado en incendios y riesgos diversos”, ha afrontado preguntas sobre, por ejemplo, cuál era la uva que predominaba en el Chateau d’Yquem de 1806 —con un precio en carta de 350.000 euros— o en otros vinos de alta gama, como las 38 botellas de Romanée Conti, que supuestamente también fueron robadas el 27 de octubre de 2021, presuntamente por el ciudadano rumano-holandés de 49 años, Constantin Dumitru, y su pareja, una exmiss mexicana de 28 llamada Priscila Guevara, sentados en el banquillo de los acusados.

Las preguntas al perito que ha evaluado los vinos robados, y cuyo informe ha llevado a la aseguradora Reale Seguros a desembolsar 753.454 euros a los propietarios del hotel-restaurante Atrio en calidad de indemnización, han proseguido orientadas a valorar las medidas de seguridad existentes en el establecimiento. Pero el presidente del tribunal, de nuevo, ha considerado las preguntas “impertinentes” e “irrelevantes”.

Las cámaras de Atrio son las que recogieron las imágenes de los autores del robo, en blanco y negro y con escasa calidad. El propio José Polo, sumiller y uno de los dueños del local junto al chef Toño Pérez, reconoció en la jornada pasada del juicio que, tras el robo, habían procedido a cambiar las cámaras de seguridad por “otras de última generación”. Los vídeos del robo no han sido proyectados en la sala como pruebas documentales por “problemas técnicos”, pese a la solicitud de la fiscal, que finalmente ha renunciado.

Por su parte, los agentes de la Policía Científica que han comparecido en la vista han explicado que fue hallado material genético en el váter de la habitación 107 de Atrio que es “compatible” con el de los dos acusados, y con el de “una tercera persona desconocida”. Y han asegurado que la imagen de la carta de identidad suiza, utilizada presuntamente por Guevara, con el nombre de Mirka Golubic, para registrarse en el hotel, “no tiene calidad suficiente para emitir ningún juicio”, para determinar su identidad.

En sus conclusiones, la Fiscalía ha mantenido su petición de pena de 4,5 de cárcel por considerar acreditado que Constantin Dumitru perpetró el robo la madrugada del 27 de octubre de 2021 con la complicidad de su compañera Priscila Guevara, que se había registrado en el hotel con identidad falsa. Según la fiscal, mientras esta distrajo al recepcionista con peticiones nocturnas de servicio de habitaciones, su compañero se hizo con la tarjeta electrónica con la que se abría la bodega y se llevó en dos bolsas las 45 botellas. Luego, ambos huyeron hacia Madrid en un Mercedes a las 5.30, tras pagar la habitación.

La defensa, por su parte, ha solicitado la inmediata puesta en libertad de sus clientes por considerar que hay “gravísimos defectos” de forma, al no aportarse las evidencias (“documentos legales”) y porque, ha alegado, se han presentado como “presuntas pruebas, los pantallazos de los teléfonos de los acusados” o los “extractos de documentos policiales”. Además, entiende la defensa que las grabaciones de las cámaras no acreditan que los ladrones sean sus defendidos, entre otras cosas porque los vídeos aportados recogen la salida de un ladrón en la bodega pero no su entrada.

El principal acusado, Constantin Dumitru, ha hecho uso de su última palabra: “No se ha encontrado en mi teléfono móvil, que sí estaba cifrado con seis dígitos, aunque aquí se ha dicho que no, ninguna foto, conversación de negociación sobre esas botellas, ni nada: ¿Dónde están las botellas, me preguntó, y se supone que yo soy el ladrón? ¿Y cómo puede un hotel-restaurante de estrellas Michelín no tener cámaras en una bodega donde guarda vinos tan valiosos?”.