Golpe policial al intento de una mara de El Salvador de instalarse en España

Hace un año, El Salvador comenzó una cacería contra las maras centroamericanas como jamás se había visto. El presidente Nayib Bukele sacó al Ejército a la calle y puso en marcha un nuevo código penal que permitía detener a menores desde los 12 años. Miles de uniformados comenzaron entonces a recorrer cada una de las colonias del país sin dejar una sola, incluidas las más pobres, abandonadas y violentas en las que antes no entraban por temor. Comenzaba así una persecución sin cuartel contra las pandillas y contra miles de jóvenes sospechosos. Primero fueron a por los que tenían antecedentes. Luego a por los que alguna vez habían pasado por una comisaría. Después a por los que tenían algún tatuaje y por último a por cualquiera que estuviera en la calle después de las diez de la noche. Durante muchos días, a muchos jóvenes se les vio huir y esconderse monte arriba o pasar varios días escondidos en bodegas y garajes. Otros muchos huyeron a los países vecinos por los puntos ciegos de la frontera. En medio del clamor de organismos internacionales, ONG e instituciones de derechos humanos que denunciaban los abusos y arbitrariedades de una operación que ha dejado 175 muertos, el presidente Bukele detuvo a miles de personas, muchas de ellas inocentes, y desmontó un ejército de maras de más de 60.000 personas que durante décadas había sembrado el terror en el país centroamericano. Las principales organizaciones criminales de El Salvador, Salvatrucha-13, y las dos facciones del Barrio 18 —Sureños y Revolucionarios— habían quedado disueltas, y el país ha pasado en un año de ser uno de los más violentos del mundo a contar con días en los que no se contabiliza ningún homicidio.

Ante la que se les venía encima, algunos pandilleros corrieron tanto y tan rápido de El Salvador que decidieron huir y extender su implantación. En unos casos han llegado a Tapachula, en el sur de México; a Guatemala y a Honduras y, en otros, han activado sus redes en España. Barrio 18 fue la primera en mover ficha y en ello estaba cuando una operación de la Policía Nacional y la Guàrdia Urbana detuvo a 15 personas la semana pasada en Barcelona. Los intentos de las maras de continuar con la extorsión, el control de los barrios y los vínculos con carteles de la droga o las mafias del tráfico de personas, quedaron neutralizados con la detención de un grupo de centroamericanos, varios paraguayos y un español con edades entre los 18 y los 37 años, en lo que ha supuesto la primera operación contra La 18. La operación incluyó el registro de seis domicilios y un local en los que se encontró indumentaria y simbología vinculada a Barrio 18, documentación, armas blancas, dinero en efectivo y material informático.

Según fuentes policiales consultadas por EL PAÍS que participaron en la operación, las detenciones fueron resultado de “una estrategia de seguimiento e inteligencia”. Según estas fuentes, la maniobra habitual de las maras “es activar células que están arraigadas en España, o sea que tienen permiso de residencia, pero que reciben la orden de ponerse en marcha en un momento concreto”.

La investigación contra la mara —no se debe confundir con las pandillas juveniles de origen latino que son un producto genuinamente urbano y español— se inició en agosto, cuando los agentes detectaron que estaba tratando de conformar una clica, como es conocida la estructura mínima de la organización en cada territorio bajo su control. Para ello, habían comenzado una intensa actividad de captación y adoctrinamiento de menores de edad en centros educativos y zonas de ocio como canchas públicas de baloncesto o campos de fútbol. “Ya estaban reclutando a jóvenes en los institutos y habían comenzado con toda la parafernalia de marcar el territorio con pintadas y amenazas verbales a los comercios”, señala esta fuente.

Entre los detenidos hay líderes, soldados (miembros ya iniciados con plenos derechos), y paisas o aspirantes, que estaban a la espera del brincado, una especie de rito iniciático que consiste en propinarse palizas entre los miembros. La pandilla utilizaba las redes sociales para ensalzar los actos realizados por la clica, hacer proselitismo y amenazar a grupos rivales. El control de lo que ellos consideran su territorio se llevaba a cabo a través de la comisión de delitos de distinta naturaleza, como amenazas, lesiones, tráfico de estupefacientes o delitos contra el patrimonio, entre otros.

Hasta las detenciones de la semana pasada, el intento más reciente de una mara centroamericana por expandirse en España fue hace una década, cuando la mara Salvatrucha intentó activar sus redes desde Alicante. Las siete franquicias españolas de la organización criminal salvadoreña trataron de unirse durante un encuentro secreto celebrado el 31 de diciembre de 2013. Según la policía, las siete clicas de la Salvatrucha celebraron una reunión en la que se cerró un pacto para poner en marcha el llamado Programa 34. La operación policial que terminó con la alianza criminal se saldó con 40 detenidos acusados de participar en la expansión del grupo delictivo. Posteriormente, fueron condenados a penas de hasta 12 años de cárcel.

La Policía Nacional sigue muy de cerca lo que sucede en El Salvador y en el resto de países del Triángulo Norte Centroamericano y trabaja coordinadamente con Estados Unidos (Joint Task Force Vulcan), El Salvador, México, Honduras, Guatemala y Belice ante la presión a la que están siendo sometidas las maras por Bukele y dada su necesidad de seguir manteniendo los ingresos, procedentes de la extorsión y la delincuencia, a los que hoy no tienen acceso.

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