Inmersión hasta el ‘Villa de Pitanxo’, un año después del naufragio

El 15 de febrero del año pasado, la flota pesquera gallega padeció el peor accidente de su historia reciente. El buque frigorífico Villa de Pitanxo sufrió una parada repentina de su motor principal cuando faenaba en medio de un temporal a 450 kilómetros al este-sureste de la isla canadiense de Terranova. Azotado por olas de 10 metros, con viento de 30 nudos y una temperatura que rondaba los siete grados bajo cero, el barco quedó a merced de la mar. En pocos minutos, el arrastrero, propiedad de la armadora Pesquerías Nores y con las bodegas prácticamente llenas de pescado, se escoró y se fue a pique. De sus 24 tripulantes, 21 murieron —nueve cadáveres fueron rescatados y el resto desaparecieron en el mar—. Los únicos supervivientes, el patrón Juan Padín; su sobrino, Eduardo Rial, y el marinero ghanés Samuel Kwesi, ofrecen versiones contradictorias del siniestro en la causa judicial por la que el patrón y la compañía armadora están investigados por homicidio imprudente y delitos contra la seguridad de los trabajadores.

En plena investigación judicial, y cuando se cumple el primer aniversario de la tragedia, el Gobierno se prepara para acometer una épica expedición a las profundidades del Atlántico norte. El objetivo es localizar el barco para inspeccionarlo con un robot provisto de cámaras que ayude a los expertos a despejar los interrogantes sobre el accidente. Las familias de las víctimas, recibieron el lunes una notificación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el que confirma la búsqueda del barco. Esta ha sido la principal reivindicación en estos meses de los allegados de las víctimas, que ansían recuperar los cuerpos de los 12 marineros que siguen desaparecidos y que en octubre recibieron el apoyo unánime de la Eurocámara. “Es positivo que se baje al barco, aunque ya no hay esperanzas de encontrarlos después de tanto tiempo, pero no se puede descartar que haya pruebas que permitan acercarnos a la verdad y hacer justicia”, afirma María José De Pazo, hija del maquinista del Villa de Pitanxo y portavoz de los familiares.

En un mar de dudas en torno a la expedición submarina en Terranova, con un presupuesto de 3 millones de euros, se ha publicado la licitación del servicio de búsqueda, localización e inspección del pecio, al que podrán optar empresas especializadas nacionales y extranjeras. La tramitación de este contrato está regulada por la Ley de Contratos del Sector Público, y se prevé que las operaciones de búsqueda se lleven a cabo a lo largo del verano, condicionadas por la meteorología y la disponibilidad de los medios de exploración.

Las operaciones a más de 800 metros de profundidad se desarrollarán en varias fases, según los planes anunciados por la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM). Inicialmente, se explorará el fondo marino en el punto geográfico del hundimiento del buque y en el área circundante donde se considere más probable que se encuentra sumergido. Tras su localización, se procederá a su inspección visual mediante un vehículo operado remotamente (ROV) dotado de cámaras para examinar distintos aspectos del buque, de sus equipos, artes de pesca y del fondo marino que puedan resultar de interés para la investigación judicial.

Para analizar todos los parámetros del siniestro también se han realizado los primeros ensayos de simulación con el modelo del buque en el laboratorio de dinámica marina del INTA-CEHIPAR, en Madrid. Estos trabajos permitirán detallar la navegación del buque en las condiciones de oleaje existentes en el momento del accidente, comprobar su comportamiento en distintas condiciones de carga y de arrastre del arte de pesca, de acuerdo con las principales hipótesis sobre las circunstancias del accidente que manejan los expertos de la comisión.

Los resultados de estos ensayos serán analizados con las demás evidencias sobre el accidente disponibles por la CIAIM en un proceso que se realizará en las últimas fases de la investigación. No obstante, la comisión ha anunciado que publicará un informe provisional tras la reunión que celebrará este jueves, donde se someterá a la aprobación de sus miembros. El informe expondrá los datos relativos al buque, tripulación, actividad, así como las operaciones de búsqueda y salvamento que se realizaron hace ahora un año, cuando naufragó el arrastrero.

La CIAIM no incluirá en su informe las hipótesis y análisis de trabajo de sus expertos, ni tampoco las conclusiones sobre las causas del accidente, a la espera de que concluya la investigación. La comisión ha desempeñado un papel fundamental en la causa que dirige el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, ya que dos de sus técnicos han sido nombrados peritos judiciales en la causa penal contra el patrón, Juan Padín, y Pesquerías Nores.

La investigación judicial se ha centrado en dictaminar si hubo o no negligencia en la actuación del capitán y si la tragedia pudo evitarse. La versión que ofreció la empresa armadora seis días después del naufragio en un comunicado, parecía concluyente y verosímil. Esta, según la armadora, se ciñó a los datos facilitados por el propio capitán, antes de que Juan Padín regresara a España: una parada repentina del motor principal del barco durante la maniobra de virada del aparejo, fue la causa del accidente. La maquinaria del pesquero dejó de funcionar y este quedó sin propulsión ni gobierno. Luego, la entrada masiva de agua por la popa, especialmente en la zona de recogida de redes, inundó el barco, lo escoró y lo mandó a pique.

Solo Juan Padín, su sobrino Eduardo Rial y el marinero ghanés Samuel Kwesi lograron sobrevivir en una lancha salvavidas. Fueron rescatados por otro barco gallego, Playa Menduiña Dos, y trasladados a Terranova. Allí dieron los tres la misma versión del naufragio ante las autoridades canadienses, pero al llegar a España, Kwesi cambió su declaración y, con ello, el rumbo del caso. Según desveló el marinero a la Guardia Civil, el capitán actuó de forma negligente, porque no atendió a las advertencias de los marineros de que soltase la red, lo que habría permitido corregir la escora, ni dio orden de abandonar el barco. También dijo que no había a bordo trajes de supervivencia para todos y que solo lo llevaban el capitán y su sobrino: “El accidente pudo evitarse”, sostiene el testigo de cargo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Una semana antes de regresar a casa

A las 4 de la madrugada del 15 de febrero de 2022, cuando la tripulación del Villa de Pitanxo estaba acabando la campaña de pesca con sus bodegas prácticamente llenas, en unos minutos todo se fue a pique. Días antes del naufragio, algunos familiares de los tripulantes habían recibido el esperado mensaje que usan los marineros cuando las bodegas están llenas y anuncian el regreso a casa: “Estamos casi sellados, en una semana estamos de vuelta”, le escribió a su mujer Francisco De Pazo, el maquinista del buque y uno de los desaparecidos.

En los camarotes había varios marineros descansando y otros enfermos con covid. De hecho, las autopsias determinaron que siete de ellos eran positivo con alta carga viral. Para el marinero ghanés Samuel Kwesi, era su primer viaje en este barco, dedicado a la captura de fletán negro, raya, gallineta nórdica, camarón boreal y bacalao en los caladeros de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO, por sus siglas en inglés). Kwesi, que ha obtenido la nacionalidad española, ha sido recibido como un héroe durante los homenajes que se están celebrando en Marín (Pontevedra) para conmemorar el aniversario de esta tragedia. “Transmite la verdad, pero su vida está rota”, afirman sus compañeros en este complicado viaje judicial.

Por el momento, las víctimas no han cobrado ninguna indemnización, “no es el momento de reclamaciones económicas y lo haremos cuando toque, nuestra prioridad ahora es conocer la verdad de lo que ocurrió y por qué murieron 21 personas”, comenta la portavoz de las víctimas. Entre las incontables muestras de solidaridad que han recibido ha habido incluso una donación de 10.000 de una fundación francesa que la empresa armadora no les comunicó. “Nos enteramos cuando lo ingresó como un adelanto de nómina, y alguno tendrá un problema con Hacienda por eso”, reprocha De Pazo.