Una red cobraba a migrantes irregulares 200 euros al mes por una documentación falsa con la que trabajar

La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal que cobraba a migrantes irregulares 200 euros al mes por dispensarles una tarjeta de residencia falsa para poder trabajar en España. La organización criminal, que se encontraba asentada en las ciudades de Murcia y Málaga, falsificaba la documentación fuera de España, en el continente africano, y se la vendía a ciudadanos de nacionalidad nigeriana que residían de forma ilegal en territorio nacional. Los presuntos criminales se lucraron, de media, con 1.800 euros anuales por cada persona, estiman los investigadores. En total, han sido detenidas seis personas.

Las víctimas entraban en contacto con la organización a través de conocidos que ya se habían servido de esta trama delictiva. La red se dividía en dos ramificaciones: una en Málaga, donde se recibían los pagos de los solicitantes de las tarjetas, y otra en Murcia, desde donde se facilitaba la documentación falsa. Para adquirirla, los migrantes debían entregar en un primer momento un pago de entre 500 y 600 euros, y después recoger las tarjetas en la ciudad de Murcia, donde también se les daba alojamiento en pisos patera.

Después de la cantidad inicial, las víctimas debían pagar los 200 euros al mes mediante una transferencia bancaria durante el tiempo que estuvieran trabajando con la documentación que se les había proporcionado. De momento, se desconoce la cantidad de personas que cayeron presas de esta organización, por lo que continúan las pesquisas para calcular el número total de víctimas, “sin descartar nuevas detenciones e imputaciones”, admiten fuentes del caso.

Los integrantes de la red, de la que se tiene constancia que operaba desde 2020, también indicaban las empresas donde podían iniciar su actividad laboral sin ser detectados. La consecuencia última era “favorecer la inmigración ilegal”, según la Policía Nacional, al suministrar la permanencia y la posibilidad de trabajo en España de personas que se encontraban en situación irregular.

Los implicados en la trama, hombres y mujeres de nacionalidad nigeriana, con arraigo en España y que residían de forma regular en el país, han sido detenidos por pertenencia a organización criminal, falsedad documental y delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Ahora se encuentran en libertad con cargos.

Para concluir la investigación, se han ejecutado dos entradas y registros en las ciudades de Málaga y Murcia en las que se han intervenido más de 50 documentos falsos de diferentes países, 400 euros en efectivo, nueve teléfonos móviles, un ordenador portátil, y diversos efectos de almacenamiento informático.