La coalición no logra salir de su peor crisis a poco más de 100 días de las elecciones

Casi todo el mundo quiere resolverlo, pero de momento nadie parece saber cómo hacerlo. La coalición de gobierno ha vivido momentos muy tensos en estos tres años, y ha salido de todos ellos encapsulando los problemas. Lo hizo con el envío de armas a Ucrania y la posición otanista del PSOE, que provocó un durísimo Consejo de Ministros en el que la ruptura con Unidas Podemos estuvo muy cercana; con la reforma laboral, que se resolvió con mucha negociación, con la ley de vivienda, con los bonos sociales, con los paquetes de ayudas, con los impuestos, con la ley trans, con la de protección de los animales, con muchas grandes decisiones. Siempre se lograba salir adelante, con o sin acuerdo.

Esta vez todas las fuentes consultadas al máximo nivel en los dos sectores dan por hecho que también habrá una salida. Y Pedro Sánchez ha dado la orden a su equipo de máxima confianza de que la busque. Pero nadie lo oculta: la coalición está frente a su crisis más grave, a poco más de 100 días para las elecciones autonómicas y municipales, con los nervios que eso supone en todos los partidos, y en este momento nadie sabe cómo resolver una negociación sobre la reforma de la ley del solo sí es sí que se ha vuelto imposible.

El sector socialista del Gobierno ha optado por bajar la tensión. El portavoz parlamentario, Patxi López, fue claro el sábado: “Vamos a corregir sí o sí esta ley sin alimentar el ruido. Vamos a dialogar, vamos a negociar, vamos a sacar adelante una respuesta con todos los que apoyaron la ley. Porque el PP viene de salvador pero está en contra de la ley”. La instrucción de Sánchez, que se ve en estas palabras, es directa: hay que negociar con discreción para intentar sacar la ley “preferentemente” con Unidas Podemos dentro del acuerdo. En La Moncloa se destaca como palabra clave ese “preferentemente”.

La opción de sacarla con el PP sería por tanto el plan B, lleno de inconvenientes políticos. Por eso, los ministros de la Presidencia, Félix Bolaños, y Hacienda, María Jesús Montero, han hablado ya con todos los grupos de la mayoría para intentar armar un bloque relevante y meter presión a Podemos, que rechaza de plano la solución técnica elegida por el PSOE para subir las penas, incorporando la violencia y la intimidación como causa para las condenas más altas. Mientras, dentro de Unidas Podemos también ha habido reuniones internas y conversaciones con una conclusión: hay que cerrar cuanto antes un acuerdo, respetando la esencia de la ley, para evitar la sangría que supone esta grave crisis de la coalición. El mensaje en este sentido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en público y en privado ha sido muy claro: “Hago un llamamiento al acuerdo. Pido discreción. Trabajemos para un acuerdo. Cuidemos la coalición, cuando trabajamos juntos avanzamos. Estamos haciendo grandes cosas por el país, sigamos haciéndolo”, dijo el jueves.

Tanto en el PSOE como en Unidas Podemos se detecta mucha preocupación por la posibilidad de que esta crisis opaque la gestión del Ejecutivo y le impida retomar su agenda política, centrada sobre todo en la recuperación económica y en el contraste del modelo de resolución de la crisis con el del PP.

En este sentido, en el entorno del presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, se consolida la idea de que esta crisis puede ser demoledora para el Gobierno. Esta semana se percibía con mucha claridad en la bancada de la derecha en el Congreso un ambiente de euforia. “Cuando a un Gobierno empiezan a salirle las cosas mal, es imparable”, señalaba un dirigente del PP. En La Moncloa, por el contrario, admiten que la crisis es grave pero están convencidos de que una vez que Sánchez ha dado el mensaje claro de que está planteando una solución, con un texto encima de la mesa —aunque solo sirva para el futuro, porque las rebajas de condenas actuales no se pueden parar—, el desgaste se frenará y en cualquier caso será Podemos quien más lo sufra, no los socialistas.

Si Díaz dice públicamente que hay que cuidar la coalición, Sánchez se lo ha dicho a los suyos en privado. Aunque la decisión de presentar la reforma del solo sí es sí en solitario es un golpe duro para Podemos, el PSOE no está forzando al máximo los trámites con esta iniciativa, como se hizo en otras proposiciones de ley —por ejemplo con la que supuso en diciembre la reforma de la sedición y de la malversación—, porque la orden de Sánchez es intentar negociar para que esté Unidas Podemos. Si no, explican fuentes del Gobierno, se aceleraría al máximo todo y estaría listo en tres semanas con el apoyo del PP, que está garantizado. El PSOE ha introducido el trámite de urgencia para poder acelerar si hay acuerdo con Unidas Podemos, pero no está forzando más a la espera de movimientos políticos al máximo nivel.

Sin embargo, los mensajes que llegan de Podemos no invitan a pensar en un acuerdo cercano, aunque tampoco en una ruptura de la coalición. Si Sánchez dijo el jueves en Bruselas que “la coalición no se va a romper”, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, remató esa idea el sábado en Valencia: “Ha sido una semana difícil. Me preguntaban si la coalición corría riesgo. La coalición estatal tiene la misma mala salud de hierro de siempre”.

Pero a la vez, Belarra cargó contra el PSOE con una dureza que los socialistas explican por el momento electoral, pero que augura pocos acercamientos negociadores. “Podemos empuja los cambios y cuando hay una reacción desaforada de la derecha los defiende. Al PSOE, que es una fuerza conservadora, lo digo en sentido descriptivo, siempre le entra miedo, y otra vez les ha entrado miedo y están proponiendo volver al Código Penal de la Manada”.

Vista desde dentro, esta semana explica muchas cosas de la realidad de la coalición y de la complejidad en la que se ha movido estos tres años.

Un espectador que solo escuchara las declaraciones públicas de Belarra, de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y otros miembros de Podemos, podría pensar que todos los puentes están rotos en la coalición, que nadie habla con nadie.

La negociación sobre el solo sí es sí está, efectivamente, parada. No hay ningún avance desde el pasado fin de semana, cuando, después de dos meses de negociaciones infructuosas, Sánchez y su equipo decidieron presentar en solitario la reforma de la ley. Pero todo lo demás sigue funcionando como siempre.

El miércoles, mientras en público discutían sobre la ley de protección de los animales, en privado Belarra, Félix Bolaños y sus equipos, con Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, siempre muy pendiente de cada votación, se coordinaban para buscar apoyos a la reforma que promovió la ministra de Derechos Sociales y se votaba el jueves.

Esto es, en público se pelean, en privado se organizan. Los socialistas buscaron apoyos entre varios partidos catalanes, Belarra se concentró en Bildu y otros, y entre todos hicieron una pinza que logró finalmente los 174 votos necesarios para que la ley saliera adelante.

Las discrepancias siguen ahí, y en Podemos están muy molestos por la enmienda que el PSOE introdujo con el PP para que tuvieran una menor protección los perros de caza, pero la coalición sigue funcionando como siempre: hay mucho ruido pero también mucho acuerdo, y las leyes van saliendo una detrás de otra, casi 200 en tres años y tres Presupuestos generales, algo impensable cuando empezó su andadura en enero de 2020.

El tema de los perros de caza era decisivo para algunos barones socialistas, que temían perder parte del voto rural. Y al final cada uno, PSOE y Unidas Podemos, mantiene sus posiciones y de alguna manera se acuerda la discrepancia, como es habitual en las coaliciones.

Hay otras muchas leyes pendientes en las que la coalición sigue hablando a todas horas. No solo las más conocidas, mordaza y vivienda, sino otras importantes como movilidad sostenible, cine, derechos de autor o familias.

En el PSOE siempre hay algún dirigente, nunca del núcleo duro de Sánchez, que plantea que sería mejor romper la coalición. Algunos incluso han defendido esta opción prácticamente desde el primer día. Pero tanto Sánchez como sus ministros y principales asesores lo descartan abiertamente. También varios barones territoriales consultados. A pocos meses de unas elecciones en las que el PSOE necesitará a Unidas Podemos para gobernar en decenas de ayuntamientos y varias autonomías, es un despropósito ese mensaje, insisten. Pero además, recalcan todos los consultados, supondría un golpe durísimo para los votantes progresistas.

Sánchez reivindica a diario que la coalición progresista ha logrado avances sociales muy importantes en estos tres años —subida del salario mínimo un 47%, reforma laboral, subida de pensiones al 8,5%, paquetes de ayudas frente a la crisis— y romperla sería, según el análisis más extendido en el PSOE y en el Gobierno, dar la razón a la oposición. Además, tal como lo ven los socialistas, eso abriría una guerra aún más descarnada en Unidas Podemos y debilitaría la posición de Yolanda Díaz. El PSOE necesita que Díaz tenga un buen resultado porque la política española se decide en bloques, pero sobre todo porque en las elecciones generales habrá dos grandes batallas paralelas: una la que librarán PSOE y PP para ser el primer partido en cada una de las provincias —ahí se deciden muchos escaños— y otra la que tendrá la coalición de Díaz —Sumar— con Vox. En esa segunda guerra también se deciden muchos diputados, y a los socialistas les interesa casi tanto como su propia batalla con el PP.

Mientras, en Unidas Podemos se ha vivido también con mucha intensidad esta semana, el epicentro de la peor crisis de la coalición. La interlocución ha sido constante estos días, en especial entre la ministra Irene Montero y la vicepresidenta Yolanda Díaz, según fuentes de esta formación. Aunque las conversaciones las ha liderado Igualdad, la titular de Trabajo ha tratado de empujar, siempre en coordinación con Montero, para que haya un acuerdo.

Una de las claves es quién negociará a partir de ahora. Parece evidente que en el PSOE no será la ministra de Justicia, Pilar Llop, sino Bolaños y María Jesús Montero, aunque la titular de Justicia siempre será consultada si hay alguna propuesta nueva. Pero en Podemos señalan que Irene Montero seguirá al frente de la negociación por su sector. Y esto puede ser decisivo, aunque ahora en el Congreso también tendrán algo más que decir otros grupos dentro de Unidas Podemos, seguramente más favorables a una cesión para buscar un acuerdo. En Igualdad señalan que el problema no es técnico ni de negociación, sino que el PSOE quiere volver al modelo anterior, algo que los socialistas insisten en negar.

Fuentes del entorno de Díaz reiteran que esta batalla pública solo beneficia al PP. La vicepresidenta vivió de cerca durante los años de Gobierno bipartito en Galicia cómo las continuas peleas entre el PSOE y los nacionalistas del BNG eclipsaron la acción de la Xunta y acabaron por elevar a Feijóo a la presidencia del Gobierno autonómico con una mayoría absoluta que revalidó en tres ocasiones más.

En contraste con las desavenencias internas aireadas en otras crisis, en este caso Unidas Podemos ha evitado los choques públicos entre sus dirigentes. Aunque la estrategia de Podemos ha sido mucho más combativa que la del resto de fuerzas del espacio confederal, los distintos grupos han dejado claro que están de acuerdo en lo fundamental: que con la reforma, el consentimiento siga en el centro. En el discurso del partido esto significa que el delito de agresión sexual siga siendo uno solo, que no se subdivida en función de si ha habido o no violencia o intimidación, que es lo que el PSOE propone.

La crisis llega, además, en un momento de acercamiento entre la formación de Belarra e Izquierda Unida. En el plano electoral, tras meses de bloqueo derivado de la negociación para una confluencia andaluza —las conversaciones se apuraron tanto que Podemos acabó fuera del registro oficial de la marca— en las últimas semanas ambas formaciones han cerrado acuerdos para ir en coalición el 28 de mayo en las autonómicas en Murcia, Cantabria, Extremadura, Canarias y Baleares. Estas comunidades se suman a Navarra y Madrid, y no se descarta un pacto en otras como la valenciana.

La polémica en el Gobierno ha llegado en un momento particularmente delicado, a tres meses del arranque de esa campaña y con un debate que lo ha contaminado todo. UP se juega revalidar su presencia en hasta seis gobiernos autonómicos y todo el poder municipal.

Mientras, también siguen las conversaciones para rematar la unidad del espacio en torno a Sumar, la plataforma de la vicepresidenta Díaz para las generales. Ella aún tiene que hacer pública su candidatura, pero el grupo se está armando. Una debacle en mayo amenazaría con alterar el equilibrio de fuerzas y embarrar cualquier negociación futura. Además, más allá de sus filas, la imagen de Irene Montero, principal baza del partido en caso de que no haya acuerdo con Díaz, ha sufrido un duro revés en estos meses.

Todos estos elementos también juegan en una situación de crisis tan compleja, pero si se unen los puntos, prácticamente todos los caminos conducen al mismo sitio: la ruptura no le conviene a nadie. La lógica política parece aplastante. Aunque en política no siempre impera la lógica.