España pone bajo lupa la venta de material antidisturbios a Perú por la represión de las protestas

El Gobierno ha decidido analizar con lupa las exportaciones de material antidisturbios a Perú, un país sumido en una grave crisis política a la que por ahora no se ve salida. La represión policial de las protestas iniciadas tras el autogolpe del presidente Pedro Castillo, en diciembre de 2022, y su posterior detención han dejado un saldo de casi 50 muertos en poco más de dos meses.

Según fuentes de la Secretaria de Estado de Comercio, no existe un embargo o suspensión formal de las exportaciones de equipos policiales al país andino, pero el Gobierno “sigue atentamente el desarrollo de los acontecimientos” y cualquier solicitud de exportación de material policial se analiza “caso por caso” teniendo en cuenta que se considera un “destino sensible” en estos momentos.

Según la documentación remitida al Congreso, la junta interministerial que controla la exportación de sistemas militares, equipos policiales y armas de caza de fabricación española autorizó la venta al Gobierno peruano de material antidisturbios por valor de 6,3 millones de euros. Se trataba de piezas “para el ensamblaje de artificios lacrimógenos”, clasificadas como material “no letal”, según la Secretaría de Estado de Comercio. Sin embargo, pese a contar con las correspondientes licencias, las empresas españolas desistieron de la exportación y las operaciones no llegaron a materializarse, según las mismas fuentes.

Comercio subraya que las autorizaciones se concedieron en marzo de 2021 y abril de 2022, mucho antes del 7 de diciembre del año pasado, cuando el presidente Castillo intentó disolver el Congreso y decretar el estado de excepción, lo que desencadenó la crisis. La última exportación de material policial a dicho país se produjo en agosto de 2020 y desde entonces no se ha ejecutado ninguna, agregan las mismas fuentes.

Lo que sí ha habido es exportación de equipos de Defensa. En el primer semestre del año pasado se vendió material militar por 503.773 euros; en su mayor parte se trataba de repuestos y equipos de los dos aviones Hércules KC-130 de segunda mano y fabricación estadounidense que el Ejército del Aire español vendió a su homólogo peruano en 2021 por 24 millones de euros. Perú también es cliente habitual de las armas de caza fabricadas en España: en 2021 compró rifles y cartuchos por 1,9 millones y en el primer semestre de 2022 por 1,2 millones.

Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno español que suspenda “con carácter inmediato” cualquier nueva autorización o envío de material antidisturbios, armas pequeñas y ligeras y munición ante el riesgo de que las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad puedan emplearlas para cometer violaciones de los derechos humanos. Según la ONG, España es el principal suministrador de armas a Perú en la UE y existe el “riesgo claro” de que material de origen español esté siendo utilizado para reprimir las protestas y cometer “graves violaciones de los derechos humanos”. Amnistía cifra en 184 millones el importe de las exportaciones autorizadas a Perú desde 2017 a julio de 2022, de las que casi 40 millones correspondían a material antidisturbios. Respecto a las operaciones realizadas, destaca la venta de armas ligeras por 4,7 millones, munición por 2,4 millones y casi un millón en equipos policiales.