El PSOE da margen a Podemos para que asuma el coste político de reformar la ley del ‘solo sí es sí’

El Gobierno de coalición vuelve a vivir unos días de tensión interna, en este caso como consecuencia del intento del PSOE de reformar la ley de libertad sexual, conocida como ley del sólo sí es sí. Los socialistas se habían dado esta semana de plazo para ejecutar los cambios que acaben al menos con la percepción de que no se hace nada frente a la sangría de rebajas de condenas de abusadores sexuales, pero no ha conseguido aún ese objetivo, ante el rechazo frontal de las ministras de Podemos. El PSOE optó finalmente este viernes por alargar ese margen unos días, posiblemente hasta el martes próximo, con la confianza de que Podemos asuma que no hay más opción que endurecer algunas penas en esa ley y tenga tiempo para construir un relato sobre esa rectificación. La situación no es nada fácil: este mismo domingo Podemos ha convocado un acto en Madrid en reivindicación de la ley, al que asistirá la ministra de Igualdad, Irene Montero.

El grupo socialista en el Congreso tenía todo organizado para presentar este viernes la proposición de ley con la que corregir algunos de los llamados “efectos indeseados” de la ley del sólo sí es sí. Ahora ese plazo se ha ampliado hasta este martes, cuando está convocada la siguiente Junta de Portavoces del Congreso que debe fijar el orden del día del pleno de la semana siguiente. El objetivo es llevar la reforma a la sesión del día 14, que allí cuente con el mayor consenso posible (casi todos los partidos socios y aliados habituales están por la labor y hasta el PP ha anticipado su apoyo) y que la nueva norma pudiera estar cuanto antes en el BOE y en vigor un mes más tarde.

El plazo para el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos del martes no está fijado en ningún documento, pero ambos partidos trabajan contra el reloj para que se produzca y en el camino han realizado distintas cesiones. Por ahora no se quiere contemplar otro escenario: “Habrá acuerdo y la coalición no se romperá”, repiten al máximo nivel en ambos partidos. Pero para los socialistas ese plazo temporal tampoco es “indefinido”. Las dos formaciones están en el momento de construir su relato final, aunque en este caso Unidas Podemos ha tenido que completar un camino más largo. “Hace dos semanas ni querían tocar la ley ni aumentar las penas”, resalta un miembro socialista del Ejecutivo para valorar el esfuerzo de tránsito de sus socios. En UP e Igualdad aseguran, sin embargo, que llevan meses trabajando distintas propuestas para la reforma, aunque públicamente no lo habían anunciado.

En esa clave política interna se interpretan en el PSOE algunas de las manifestaciones durísimas de las ministras de Iguadad, Irene Montero, y de Derechos Sociales, Ione Belarra, y también el acto montado por ese partido este domingo bajo el lema ¿Consentiste o no? Solo sí es sí. Belarra ha reiterado varias veces que al PSOE “le tiemblan las piernas” ante las presiones políticas y mediáticas de la derecha, lo que ha sentado muy mal en las filas socialistas, e Irene Montero solo concedió este viernes, en una entrevista en RNE, que había cedido a retocar su ley estrella y hasta las penas aprobadas “a petición del presidente”, aunque a continuación matizó que por el buen fin de la coalición progresista y de sus políticas feministas estaban “dispuestas a lo que sea, menos a cambiar la definición del tipo [penal] básico”.

El debate en el seno de la coalición es técnico, entre los Ministerios de Justicia e Igualdad, pero también político y de fondo. Tanto Irene Montero como Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, aseguraron este viernes que hay más que disposición para el acuerdo. Pero la redacción final de la proposición sigue sin estar redactada y no se ha resuelto aún cómo plasmar la solución al entuerto de aumentar las penas sin introducir elementos como la violencia o intimidación que a UP le parecen un factor de victimización de la mujer.

Irene Montero quiso dejar claro este viernes, en plena fase final de la negociación, que sigue pensando que la ley es buena, que no tiene fallos, que la van a corregir por empeño de Sánchez y que no cree que la solución sea aumentar las penas previstas, aunque esa sea la única salida que contempla Justicia y el sector socialista del Gobierno. Justicia ha propuesto dejar las penas como están en el tipo general del artículo 178 del Código Penal y añadir una pena más alta, similar a la que había antes “si la agresión se cometiere empleando violencia o intimidación”. De esa forma, el tipo general que ahora está de 1 a 4 años de prisión volvería a 1 a 5; y el de la agresión con acceso vaginal, anal o bucal pasaría de los 4 a 12 años actuales a una pena de 6 a 12 años. Asens y distintas responsables de Igualdad han querido subrayar estos días además que su partido no está a favor de las tesis punitivas en general para resolver este tipo de problemas y menos aún los comportamientos machistas.

María Jesús Montero, por su parte, replicó que “el Gobierno tiene la obligación de actuar y el presidente tiene la firme convicción de que es necesario reformar la ley para evitar que se produzcan estas situaciones, aunque fuera un solo caso”. Y, aunque se mostró confiada en que habrá pacto con UP, confirmó que en caso contrario lo registrarían por su cuenta: “Lo vamos a hacer, a ser posible, conjuntamente”, dijo. Y agregó: “Confío en que los técnicos sean capaces de dar con la tecla que nos permita aunar esas posiciones. Y si no evidentemente nosotros confiaremos en los técnicos del Ministerio de Justicia, que son los que bajo nuestro punto de vista tienen mejores condiciones para dar con la solución técnica”.

En ese frontón de declaraciones enfrentadas y justificaciones políticas en el que se ha vuelto a enfrascar la coalición, la ministra de Igualdad concedió este viernes que tampoco dimitiría si al final el presidente opta por sacar adelante su reforma sin UP y con el voto del PP. Y también ahí quiso dejar un toque de atención en clave de mensaje político: “Desgraciadamente en estos años, y con las leyes feministas, he visto cómo las discrepancias [con los socialistas] han acabado en un debate parlamentario. Ha pasado con la ley trans y con la del solo sí es sí. Y aunque muchos llevan cuatro años queriendo ver a Podemos fuera de este Gobierno, [la norma] es una conquista de los movimientos populares y si se trasladan [las discrepancias] al Parlamento, seguiré trabajando por que los votos del PP no sirvan para eso”. Es decir, no dimitirá ni el Gobierno se romperá.