Dimite la presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, investigada por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), Yolanda Muñoz, ha anunciado este viernes su dimisión, dos días después de que el juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena ordenase abrir diligencias de investigación contra ella y otras ocho personas por supuestas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos. El anuncio se a través de un comunicado en el que la dirigente, que previamente había ocupado varios altos cargos en el Gobierno murciano, señala que ha tomado la decisión de apartarse del cargo “tras mantener una conversación con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras”. Había coincidido con él, precisamente, en el acto de nombramiento del nuevo fiscal de área de Cartagena, en el que el jefe del Ejecutivo autonómico declinó pronunciarse ante los medios de comunicación sobre este caso de presunta corrupción.

En su escrito, Muñoz asegura que dimite “convencida de que es la mejor decisión en este momento y con la firme certeza de defender la imagen” tanto de la Región de Murcia como del puerto, una institución que ha representado, señala, “con orgullo y dignidad”. Se aparta, dice también, para impedir el discurso de quienes “pretenden aprovechar políticamente y sembrar confusión” con este asunto y para “poder aclarar ante la justicia” los hechos que se investigan.

Según el auto que emitió el jueves el juzgado de Cartagena por el que se abren las diligencias de investigación, habría indicios de “la posible existencia de delitos muy diversos, entre los que se encuentran los de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos/uso de información privilegiada, negociaciones y actividades prohibidas y falsedad de documentos públicos”. La jueza señala que al menos ocho de los hechos denunciados por la Fiscalía, que remitió denuncia sobre este caso el pasado 20 de enero, “revisten indicios mínimos y suficientes de la presunta comisión de varios ilícitos penales y que justifican la necesidad de incoar diligencias previas en aras a esclarecerlos”.

Muñoz, que en un primer momento dijo que encargaría auditorías externas para analizar las posibles irregularidades, señala en su comunicado que a partir de ahora continuará “trabajando para esclarecer cualquier atisbo de dudas” porque confía en la justicia y en que demostrará su “integridad”.

La denuncia de la Fiscalía partió de otra presentada en septiembre de 2021 por las delegaciones sindicales de CC.OO. y UGT el comité de empresa del puerto en la que señalaban posibles tratos de favor a empresas en la adjudicación de contratos, entre los que destaca la licitación de la oficina de proyectos de digitalización SOPRA, por un importe cercano al millón de euros.

Los sindicatos apuntaban también supuestas irregularidades en la adquisición de ordenadores a través de contratos menores, la licitación de la organización de la Semana Cultural Vive Tu Puerto y otros contratos diversos relacionados con obras en infraestructuras. Asimismo, alertaban de tratos de favor en la adjudicación de varios puestos de jefes de área y de otros empleos.

El comité de empresa denunció en su momento también supuestas coacciones sufridas por un ingeniero que había declinado firmar ciertos pliegos de condiciones y que fue sancionado por la Autoridad Portuaria, y esta semana, tras conocer la decisión de la instructora, anunciaron su intención de personarse en la causa y de ampliar la denuncia con nuevos indicios de irregularidades relacionadas con el contrato del servicio de seguridad.

Desde que el juzgado confirmó que abría diligencias por este caso, habían sido numerosas las voces que habían pedido la dimisión de Muñoz, desde el comité de empresa hasta la totalidad de los partidos políticos que conforman el arco parlamentario murciano. El presidente López Miras había guardado silencio al respecto de este asunto, pero el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, mostró el jueves su “total confianza” en que la dirigente portuaria sabría estar “a la altura de las circunstancias” para tomar “la decisión más adecuada”. También el pleno del Ayuntamiento de Cartagena, gobernado por el PP en coalición con una escisión del PSOE, había aprobado este jueves una moción pidiendo su dimisión.