La derecha política y judicial intenta burlar al Congreso bloqueando la reforma legal en marcha

La derecha política (PP) y la derecha judicial del Tribunal Constitucional se aliaron el miércoles para intentar suspender in extremis la tramitación de algunas de las reformas legales que el Congreso de los Diputados tiene previsto aprobar este jueves por mayoría absoluta. Esas reformas legales facilitarán la renovación del Constitucional, que mantiene a cuatro de sus magistrados, entre ellos el presidente, con el mandato caducado desde hace seis meses. Esa renovación pendiente permitirá cambiar, como ocurre en democracia cada cierto tiempo por pura aplicación de la Ley, el sesgo político del tribunal de garantías, que durante los últimos nueve años ha tenido una mayoría absoluta de magistrados conservadores elegidos a propuesta del PP.

Pero el partido de Alberto Núñez Feijóo se resiste a perder el control del Tribunal Constitucional, pese a que la ley así lo prevé, y el miércoles presentó un recurso de amparo pidiendo la medida cautelar de suspensión de la tramitación parlamentaria de una proposición de ley.

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Para esta petición tan extraordinaria, el PP alega que se vulneró el derecho fundamental de los diputados al tramitar unas enmiendas del PSOE y de Unidas Podemos dentro de la reforma del Código Penal que afectaban a cuestiones muy distintas: cambiar el sistema de elección de magistrados del Constitucional por parte del Consejo del Poder Judicial o modificar las condiciones para dar el plácet a los elegidos por el Gobierno para ese tribunal.

La maniobra puede dar sus frutos debido a que el Tribunal Constitucional sigue contando con una mayoría de jueces conservadores (seis frente a cinco) elegidos por el propio PP. El presidente del órgano, Pedro González-Trevijano, que debe abandonar el puesto en esta renovación, tramitó de forma urgente y excepcional el recurso del PP para que se delibere 24 horas después de presentado. Lo hizo ante la estupefacción de algunos de los magistrados que recibieron la convocatoria a las ocho de la tarde, sin ninguna documentación complementaria, y que aseguran que no han conocido una situación igual en todo su mandato.

Los recursos de amparo tardan meses en tramitarse y cuando se piden medidas cautelarísimas, como en este caso, nunca se conceden, según recuerdan magistrados del Constitucional. “El último precedente es el de la suspensión cautelar de la ley de la reforma laboral que pedía Vox en un recurso y que se rechazó por unanimidad”. La ley salió adelante por un solo voto, el del diputado del PP Alberto Casero, que se equivocó. Otro precedente más lejano es el del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, al que se le quitó el escaño por una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. Recurrió hace más de nueve meses al Constitucional pidiendo una medida cautelar que todavía no ha recibido respuesta.

Sin embargo, pese a estos antecedentes, el presidente Pedro González-Trevijano decidió llevar de manera urgente a pleno la petición del PP, con lo que es posible que se pueda suspender la tramitación parlamentaria de la proposición de ley si así lo deciden los seis magistrados elegidos por la formación conservadora. La suspensión de la tramitación de una ley en el Congreso por una sentencia del Constitucional es algo que nunca ha ocurrido en democracia.

Algunos magistrados que componen el tribunal temen que se consume lo que consideran que sería una “injerencia intolerable” del Constitucional en la sede de la soberanía popular carente de rigor jurídico.

Otros magistrados sostienen que es imposible que el recurso prospere porque la doctrina del Constitucional es contraria a conceder ese tipo de medidas cautelarísimas. “Para suspender una norma, el único que tiene competencias, porque así lo dice la Constitución, es el Gobierno, quien presenta un recurso de inconstitucionalidad que automáticamente suspende durante cinco meses la norma. Pero en ningún caso lo puede hacer la oposición”.

La maniobra que ha cobrado vida en el Tribunal Constitucional tiene otras derivadas. Dos de los magistrados que tienen en sus manos suspender la tramitación legislativa tienen intereses personales en la decisión. Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez están afectados por la reforma legal que podrían paralizar. Si optan por apoyar el recurso del PP, ellos saldrán beneficiados porque mantendrán su puesto en el Constitucional. De no tramitar el recurso, ambos tendrán que dejar el tribunal en cuanto las cortes aprueben la reforma legal en marcha.

Para generar más inquietud en las filas progresistas del tribunal, el magistrado al que le ha tocado redactar la ponencia de sentencia sobre el recurso del PP es Enrique Arnaldo. Antes de ocupar ese puesto, fue letrado en el Congreso de los Diputados y era uno de los juristas de cabecera en los actos organizados por FAES, la fundación vinculada durante muchos años al Partido Popular.

Esta ofensiva de la derecha para burlar la voluntad del legislativo se complementó el miércoles con los movimientos que hicieron los vocales conservadores del Poder Judicial, quienes durante cinco meses han bloqueado con todo tipo de excusas el nombramiento de dos magistrados para renovar el Tribunal Constitucional y ahora se manejan con notable urgencia.

Cuando el Gobierno impulsó el viernes una reforma legal del Poder Judicial para cambiar el modo de elección de esos dos magistrados, eliminando el poder de bloqueo que tenía la mayoría conservadora, los vocales de este grupo se movilizaron como no habían hecho durante cinco meses. Nueve vocales elegidos a propuesta del PP exigieron, entre amenazas al presidente del CGPJ, que convocase de urgencia el pleno para nombrar a los dos magistrados del Constitucional antes de que se aprobase la reforma legal del Gobierno. Este grupo conservador presentó a dos candidatos, los magistrados del Supremo César Tolosa y Pablo Lucas, con la intención de captar un voto del sector progresista y así sumar los tres quintos necesarios para imponer su criterio.

De prosperar, ese movimiento habría logrado que, por primera vez en la historia de este organismo, el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional no hubiera sido consensuado entre los dos sectores, sino impuesto por uno de ellos; el mismo que ha bloqueado la renovación durante los últimos cinco meses. De momento, los conservadores no han conseguido captar el voto que les hace falta para no tener que cumplir con lo que las cortes quieren aprobar antes del 23 de diciembre.