El Constitucional anuncia para este jueves un pleno “extraordinario y urgente” para decidir si paraliza la reforma del Gobierno para renovar el tribunal
El recurso ‘in extremis’ del PP trata de frenar la votación de las enmiendas del Ejecutivo el jueves en el Congreso
El sector conservador del Tribunal Constitucional tiene en sus manos la posibilidad de paralizar la tramitación de la reforma legal que este jueves se debe votar en el Congreso para facilitar el desbloqueo del propio tribunal de garantías. Los conservadores tienen mayoría de 6 a 5 en el pleno, que va a reunirse esta mañana a partir de las diez para deliberar sobre el recurso presentado por el PP contra las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y Unidas Podemos contra los cambios normativos que persiguen la renovación del Constitucional, cuyo mandato terminó el pasado 12 de junio. No hay precedentes que se recuerden en el tribunal de una medida cautelarísima con la que se pretenda paralizar la votación de una proposición de ley en el Congreso. El Constitucional se negó por siete votos a cinco a paralizar la tramitación del Plan Ibarretxe antes de que fuera aprobado en el Parlamento vasco.
El recurso había correspondido a la sección segunda de la Sala Segunda del tribunal, en la que conservadores y progresistas están empatados a 3 votos. Ello significa que el presidente de la Sala dirime. El presidente de dicha Sala es Juan Antonio Xiol, del grupo progresista. Sin embargo, no va a ser esta Sala la que resuelva la impugnación, sino que lo hará el pleno del tribunal, al que el presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, decidió avocar la solicitud de amparo del PP, según le comunicó a Xiol, que no se opuso a ello.
González-Trevijano ha informado mediante una nota a los magistrados del Constitucional del registro del recurso de amparo del PP y de que la ponencia de resolución de ese recurso ha correspondido a Enrique Arnaldo (magistrado llegado al tribunal precisamente a propuesta del PP). El pleno cuenta con dos informes de los letrados del tribunal. Uno procede del letrado experto en amparos parlamentarios, quien estima que la cautelar debe rechazarse. Otro, encargado por el ponente, Enrique Arnaldo, no se opone a adoptar dicha medida. El informe contra la cautelarísima es del secretario general adjunto del tribunal, Juan Carlos Duque, letrado del Parlamento de Asturias, ahora en comisión de servicios en el Constitucional. Y el informe que deja la puerta abierta a la cautelarísima es del letrado del tribunal Herminio Losada, adscrito a Enrique Arnaldo.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha explicado que los preceptos recurridos son las enmiendas 61 y 62 presentadas por el Grupo Socialista y por Unidas Podemos. La primera modifica la ley del Poder Judicial, rebajando las mayorías necesarias en el Consejo General del Poder Judicial para designar a magistrados del Constitucional: ya no se exigirá un apoyo de tres quintos de los vocales del CGPJ, sino que serán automáticamente elegidos los candidatos que obtengan más votos. El PP considera que esa propuesta vulnera el artículo 159.1 de la Constitución, y que la mayoría de tres quintos ha sido “exigida expresamente a las Cámaras para garantizar la independencia de los magistrados [del Constitucional] y asumida pacíficamente durante cuatro décadas”. También ha subrayado Gamarra que en dicho texto “se limitan las capacidades de propuesta de los vocales al Consejo”.
La segunda enmienda recurrida modifica la ley del Tribunal Constitucional, eliminando la potestad que ahora tiene el tribunal de dar el plácet sobre la idoneidad de los nuevos magistrados (los que designa el CGPJ, los que nombra el Gobierno y los que corresponden al Parlamento). El PP estima que ello “supone un atentado frente a la independencia y autonomía del Constitucional”. Por último, la propuesta del Gobierno habilita la posibilidad de que el Ejecutivo nombre a sus dos magistrados sin esperar a que también lo haga el Poder Judicial, lo que los populares consideran que contraviene de manera clara el artículo 159.3 de la Constitución, que dispone que el Constitucional será renovado por tercios (es decir, por bloques de cuatro magistrados) cada tres años.
El PP, en todo caso, formalizará el recurso de inconstitucionalidad contra la iniciativa legal del Gobierno más adelante. En este momento, lo que impugna es el procedimiento seguido para el cambio legislativo: la introducción de esas enmiendas sobre el Tribunal Constitucional en una norma que nada tiene que ver con eso —la propuesta de reforma del Código Penal— y con un trámite de urgencia. Gamarra ha afirmado que “las enmiendas suponen un atentado a la separación de poderes, una quiebra grave del Estado de derecho”, y que “son indiscutiblemente incompatibles con la Constitución”.
Los populares reclamaron al Congreso que la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos siguiera el curso de un procedimiento ordinario, que se recabasen todos los informes pertinentes de organismos asesores y que se abriese un turno de consultas a altas instancias jurídicas del Estado. El recurso de amparo considera que se ha vulnerado el ius in officium de los parlamentarios del Grupo Popular, es decir, que se han lesionado sus derechos de participación política.
“Estamos en un momento excepcional, en el que se vulneran los derechos fundamentales de los diputados. Por tanto, se necesitan medidas excepcionales”, ha argumentado Cuca Gamarra en declaraciones en el Congreso. La portavoz del PP sostiene que la tramitación legislativa que se está llevando a cabo supone un “ataque al orden constitucional y al Estado de derecho” y que las enmiendas de los grupos del Gobierno están afectadas de “inconstitucionalidad manifiesta”. Los populares esperan que el Constitucional resuelva antes del pleno de mañana que se celebra en el Congreso.
