Amnistía Internacional acusa a España y a Marruecos de violar el derecho internacional en la tragedia de Melilla

La organización Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que tanto las fuerzas de seguridad marroquíes como las españolas cometieron diferentes delitos durante su actuación el pasado 24 de junio en la frontera de Melilla. Tras una investigación sobre aquella jornada en la que murieron al menos 23 personas que intentaban entrar en España, Amnistía Internacional señala el “uso generalizado de fuerza ilegítima” por parte de los agentes de ambos países y la falta de atención médica de emergencia. El informe, presentado este martes, también condena la actuación de las fuerzas de seguridad españolas al devolver a 470 migrantes a Marruecos: España vulneró así, sostiene AI, el principio de no devolución, que prohíbe a los Estados trasladar a una persona a un lugar en el que pueda correr peligro. También se cuestiona Amnistía que las 61 personas que permanecen detenidas en Marruecos, y que ya han sido condenadas a entre dos y tres años de cárcel por diferentes cargos relacionados con los hechos, hayan tenido un juicio justo con todas las garantías.

El Ministerio del Interior considera que Amnistía Internacional realiza con este trabajo afirmaciones “falsarias” y de “extrema gravedad” por acusar a la Guardia Civil de participar en supuestas torturas durante el dispositivo por la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio. El gabinete que dirige Fernando Grande-Marlaska ha emitido un comunicado en el que muestra su respeto por la labor de Amnistía Internacional, pero señala que no puede permitir sobre aquellos sucesos “en ningún caso que se acuse a la Guardia Civil de hechos tan graves como supuestas torturas sin base alguna”.

En su informe, la organización señala las siguientes violaciones e irregularidades que ha identificado a ambos lados de la frontera:

Uso “generalizado de fuerza ilegítima”. Tanto las autoridades españolas como las marroquíes han insistido en la violencia ejercida por el grupo de migrantes y refugiados que entró aquel día en el puesto fronterizo de Barrio Chino. Sostienen que 140 agentes marroquíes y 55 guardias civiles resultaron heridos. Amnistía Internacional contactó con la embajadora de Marruecos en Madrid, Karima Benyaich, que defendió que sus agentes habían demostrado un “alto sentido de control y profesionalidad”. También el Ministerio del Interior español ha defendido el uso proporcionado de la fuerza. Pero AI discrepa y denuncia un “uso generalizado de fuerza ilegítima” por parte de las fuerzas de seguridad de ambos países. “Los agentes utilizaron armas menos letales de maneras contrarias a las normas internacionales que rigen su uso, y siguieron usándolas incluso después de que las personas estuvieran bajo control policial y no representaran amenaza alguna para los propios agentes ni para terceros”, mantiene el documento.

Estos actos, según la organización, pueden ser constitutivos de violaciones del derecho a no sufrir tortura y otros malos tratos, así como del derecho al más alto nivel posible de salud y del derecho a la vida. El informe asegura: “Hay motivos sólidos para creer que a las muertes y lesiones de un número tan elevado [de personas] contribuyeron, si no fueron causados directamente [por ellos], el uso prolongado y excesivo de la fuerza, incluido el uso de gases lacrimógenos y otros materiales antidisturbios, y la falta de asistencia médica”.

Falta de asistencia médica. Amnistía Internacional incide en una de las cuestiones que ya señaló el Defensor del Pueblo y las diferentes investigaciones periodísticas que se han publicado hasta ahora sobre los hechos: la falta de asistencia sanitaria. La organización defiende que muchas de las personas muertas podrían haber sobrevivido si hubiesen sido atendidas a tiempo. El informe denuncia: “En Marruecos, el personal médico no comenzó a prestar asistencia a las personas heridas hasta casi dos horas después del final de la operación de las autoridades fronterizas para reprimir el intento de pasar la frontera, y las autoridades dieron prioridad al traslado de los cadáveres y a atender a los agentes de seguridad marroquíes antes de atender a las personas migrantes y refugiadas heridas”. En España, mantiene Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad no permitieron el acceso de la Cruz Roja a la zona y “tampoco hubo ninguna respuesta de salud pública en el lugar de los hechos para asistir a las personas heridas, ni durante el intento de pasar la frontera y la operación policial ni después”. Las autoridades españolas, afirma la organización, no pidieron en ningún momento la intervención de los voluntarios médicos de la Cruz Roja para atender a los migrantes. Solo se les pidió que asistieran a cinco agentes de la Guardia Civil: uno por una contusión y otros cuatro por irritación de ojos.

Expulsiones sumarias. Así califica Amnistía Internacional la devolución de 470 personas que habían conseguido entrar en Melilla. El Defensor del Pueblo ya ha cuestionado la legalidad de esta actuación y el informe de la organización incide en ello. Tanto Marruecos como España, dice, “mostraron un desprecio absoluto” por la obligación de los Estados de evaluar los riesgos que pueden correr las personas si se las traslada por la fuerza a otra jurisdicción, así como de brindarles una oportunidad real de impugnar la devolución. Una de las personas entrevistadas dijo a los investigadores que los agentes de seguridad españoles obligaron a personas heridas a cruzar de nuevo la frontera a Marruecos, aunque estaban “sangrando o con heridas abiertas”. El informe apunta a un problema recurrente para las personas subsaharianas: la imposibilidad de pedir protección internacional a España en sus puestos fronterizos o misiones diplomáticas. También en los problemas que afrontan los refugiados en Marruecos, donde no reciben la protección necesaria.

“Desapariciones forzadas”. La investigación llama “desapariciones forzadas” a los casos de 77 personas cuyas familias han denunciado no tener noticias de ellos desde aquel 24 de junio. “Las normas internacionales también establecen la obligación de las autoridades de proporcionar información lo antes posible a las familias de las personas fallecidas, heridas o bajo custodia de las fuerzas de seguridad”, recuerda el informe. Amnistía Internacional acusa a las autoridades marroquíes de no haber investigado esas desapariciones y de negar la asistencia a organizaciones que pretendían ayudar a las familias de los desaparecidos. “Se impidió a al menos dos ONG visitar hospitales en Marruecos en los días siguientes al 24 de junio y examinar los cadáveres para identificar a las personas en las morgues”, abunda.

Falta de transparencia. Amnistía Internacional lamenta la falta de transparencia y rendición de cuentas en torno a este caso, hasta el punto de que cinco meses después sigue siendo controvertido el número de heridos y muertos, que va desde los 23 fallecidos que reconocen las autoridades marroquíes a los 37 a los que se ha referido un grupo de expertos de la ONU. “La ausencia de información oficial sobre lo que les ocurrió a las personas el 24 de junio y en el periodo posterior es profundamente preocupante y causa daño y sufrimiento persistentes a las familias de las personas a las que no se ha vuelto a ver desde ese día, y vulnera su derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, subraya el informe. Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional en España, ha señalado al Gobierno español de vertir “información falsa o inexacta” sobre los hechos.