El juez dicta una requistoria contra el hijo del líder del Polisario, Brahim Gali

El juez Emilio Lasala, que investiga la estancia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para tratarse de una grave afección de covid en la primavera de 2021, ha imputado a su hijo, Luali Brahim Sid el Mustafa, y ha dictado una requisitoria para que comparezca en su juzgado en el plazo de diez días, advirtiendo de que en caso de no hacerlo será declarado rebelde.

En un auto dictado el pasado día 7 de diciembre, el titular del juzgado de instrucción número siete de Zaragoza archiva provisionalmente las diligencias abiertas hace ya más de un año por los supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental, pero dicta al mismo tiempo una orden de localización y averiguación de domicilio del hijo del presidente de la denominada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y ordena que su requisitoria se incluya en el sistema informático y los ficheros automatizados de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. Se da la circunstancia de que Luali Brahim tiene permiso de residencia legal en España.

La Audiencia Provincial de Zaragoza exoneró en mayo pasado a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, a quien el juez había imputado por la supuesta entrada irregular de Gali en España a través de la base aérea de Zaragoza. La Audiencia consideró entonces que “la decisión de permitir la entrada del Sr. Gali de forma sigilosa, para no afectar nuestra relación con otros países [en alusión a Marruecos], forma parte de las relaciones exteriores de nuestro Reino y lo acertado o no de dicha decisión, y las consecuencias de ella derivadas, podrá ser objeto de crítica, y lo fue, pero [...] es un acto político” que carece de relevancia penal. Previamente, el juez ya había levantado la imputación del jefe de Gabinete de González Laya, el diplomático Camilo Villarino.

Una vez despejada cualquier ilegalidad en la entrada de Gali, Lasala se ha centrado en el pasaporte falso con el que el líder saharaui se registró en el Hospital San Pedro de Logroño. La acusación popular ya pidió en abril pasado que el hijo de Gali fuera imputado, pero el instructor solo acordó entonces citarlo como testigo. Ahora, sin embargo, considera que debe imputarlo porque la delegación del Frente Polisario en España ha alegado ignorar todas las circunstancias que rodearon la estancia en territorio español de su líder. De esta respuesta, Lasala deduce que el hijo de Gali es la única persona que le acompañó cuando ingresó sedado en el Hospital San Pedro y, por tanto, quien tuvo que aportar al servicio de admisión del centro hospitalario el pasaporte falso con el que fue inscrito.

Ante la posibilidad de que el Gobierno argelino facilitara al líder del Polisario un pasaporte falso por razones de seguridad, dado que la organización saharaui está en guerra con Marruecos y Argelia es su principal aliado, el juez envió en octubre pasado una comisión rogatoria a Argel preguntando por el citado documento. Ante la “previsible demora” en la tramitación y cumplimentación de la misma, ha optado por dictar el sobreseimiento provisional de la causa e imputar al hijo de Gali. El auto deja claro que la investigación se reabrirá en el momento en que Argelia conteste a la comisión rogatoria o Luali Brahim sea localizado.

El líder del Polisario ingresó gravemente en España el 18 de abril de 2021 para tratarse de una grave afección de la covid, a petición de Argelia, y se marchó el 1 de junio, ya recuperado y tras prestar declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sobre varias causas en las que estaba denunciado, sin que este tomara ninguna medida cautelar contra él. La estancia de Gali en España fue el motivo esgrimido por Marruecos para desencadenar una grave crisis diplomática que tuvo su punto culminante con la entrada de irregular de miles de inmigrantes marroquíes en Ceuta en mayo de 2021. La crisis solo se cerró después de que, en marzo pasado, el presidente español Pedro Sánchez remitiera una carta al rey Mohamed VI en la que España se alineaba con el plan marroquí de autonomía para el Sahara Occidental, poniendo fin a su tradicional neutralidad en el contencioso.