David, el operador audiovisual que gestionaba un gran negocio ilegal con 500.000 usuarios

A sus 65 años David, británico residente en la Costa del Sol, tenía la vida resuelta. Vivía a todo tren en una urbanización de lujo a un paso de Marbella, en Benahavís (Málaga, 8.085 habitantes), donde conducía coches de alta gama. Se había convertido en uno de los operadores audiovisuales más importantes con un servicio que daba acceso a 2.600 canales de televisión y 23.000 películas y series. Se publicitaba en la web www.tvchoicespain.com y cobraba 260 euros por instalar el decodificador necesario para disfrutar de todo el contenido, además de cuotas que iban de 20 a 450 euros por las diferentes suscripciones que ofertaba. Había conseguido medio millón de usuarios en varios países de Europa durante una década de trabajo. Un negocio redondo salvo por un detalle: era ilegal. Por ello ha sido detenido junto a otros dos compatriotas de Reino Unido y una mujer rusa, todos vecinos de la costa malagueña y rondando los 70 años.

“Nos ha sorprendido mucho la edad de los arrestados, pero también su nivel de vida: el chalé era impresionante”, relata uno de los agentes de la Policía Nacional que participó en la investigación y la detención de David y sus colaboradores. El pasado 19 de octubre, a las siete de la mañana, los agentes entraron a la vivienda donde residía el británico, que reaccionó “con tranquilidad”. “Daba la sensación de que se lo esperaba, llevaba ya mucho en el negocio y sabe que estos delitos se están persiguiendo mucho”, asegura la misma fuente. En aquel momento comenzó el desmantelamiento de toda su operativa. Allí mismo, en la vivienda, encontraron panel de control —desde el que asignaba una contraseña a cada correo electrónico de su clientela y les daba acceso según su suscripción— con miles de usuarios conectados a canales como Sky o BBC y otros más de países como Irlanda, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Estados Unidos o Italia.

Entre los paquetes ofrecidos por la organización había una suscripción anual Bronze, Silver y Gold, además de otra Platinum, la más cara, que costaba 450 euros al año. También ofrecía opciones de pagos mensuales de entre 15 y 40 euros, así como otras posibilidades para darse de alta una única semana por 20 euros. Igualmente entre sus ventas se encontraban accesorios como un adaptador de red wifi o aparatos con cinco puertos ethernet. “Si has solicitado el envío a casa y la instalación, déjanos un número de teléfono para que un técnico se ponga en contacto”, decía la web que alojaba la propuesta comercial —www.tvchoicespain.com— hoy sin servicio. El pago se podría realizar en efectivo, tarjeta de crédito, transferencia bancaria o PayPal. Y el plazo de entrega era de 72 horas.

La organización contaba con 95 revendedores distribuidos por países como Portugal, Reino Unido, Malta o Chipre. Es decir, personas que ofrecían los mismos paquetes de canales a clientes locales, consiguiendo ampliar la red hasta los más de 500.000 usuarios que tenía cuando la operativa fue desmantelada por la policía. Para poder dar el servicio a toda la red la organización contaba con 32 servidores alojados en Países Bajos, Francia y España por los que llegaba a pagar hasta 80.000 euros. “Lo tenían muy bien montado”, subrayan fuentes policiales.

Era un trabajo piramidal que arrancó en 2012, según fuentes de la investigación, que creen que al principio el líder de la banda ofrecería el servicio desde algún tipo de establecimiento a otros expatriados de la Costa del Sol. A partir de ahí, la publicidad en internet y el boca a boca fue ampliando el número de usuarios hasta convertirse en un negocio millonario. Se estima que los beneficios anuales rondaban los tres millones de euros —lo que sumaría unos 30 en la década que lleva operando— y, de ahí, el gran nivel de vida del cabecilla. El dinero era blanqueado, por un lado, mediante la compra de viviendas y vehículos de lujo en la Costa del Sol. Por otro, moviendo los fondos obtenidos de manera ilegal desde sociedades españolas hasta varias cuentas bancarias a nombre de empresas ubicadas en paraísos fiscales.

La investigación arrancó en el año 2020 después de una denuncia presentada por Alliance for Creatividad and Entertainment —organización que lucha contra la piratería a través de internet para defender los derechos de autor— y ha sido desarrollada por la Sección de delitos contra la propiedad intelectual industrial de la Comisaría General de Policía Judicial y el Grupo II de Delitos Económicos de Málaga. Finalmente llevó a la detención de cuatro personas en la Costa del Sol, aunque hay una quinta investigada.

En los registros de sus viviendas repartidas por las localidades de Benahavís, Mijas y Benalmádena los agentes encontraron 2.800 euros en efectivo y dos vehículos de alta gama valorados en 180.000 euros, así como “numeroso material informático”, según la Policía Nacional. La investigación sigue abierta para analizar todo lo incautado e identificar a posibles implicados relacionados en este grupo criminal en otros países, además de conocer las propiedades y destinos de los grandes beneficios obtenidos en la actividad ilegal. “Puede caer más gente”, avisan fuentes policiales.