El incierto camino hacia la exhumación de Queipo de Llano de La Macarena

La reacción de la Hermandad de La Macarena a la carta remitida por el Gobierno este lunes en la que le insta a facilitar “al máximo y a la mayor brevedad posible la realización de los trámites necesarios para la exhumación y traslado de los restos de Gonzalo Queipo de Llano” de su basílica en Sevilla se ha hecho esperar. Su hermano mayor, José Antonio Fernández, ha difundido un comunicado pasadas las cuatro de la tarde en el que indica que la entidad “trabaja en la ejecución de aquello que la nueva Ley establece” y que “ya había realizado determinadas acciones para tal fin, que serán completadas a partir de ahora con las oportunas que se desprendan de esta comunicación”.

En este mensaje, Fernández no ofrece información sobre cuáles han sido esas acciones que dice que la Hermandad ya ha realizado, ni sobre qué pasos serán los siguientes que dé. Este diario ha tratado de ponerse en contacto con el hermano mayor, sin éxito. Un portavoz de La Macarena también ha rehusado ser más preciso. “Por ahora no podemos ir más allá de lo dicho”, ha zanjado.

Desde que asumió su cargo como hermano mayor en noviembre de 2017, Fernández siempre ha asegurado que la entidad cumpliría con la ley. Entonces se acababa de aprobar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, cuyo artículo 34.2 tiene una redacción idéntica al del artículo 35.5 de la Ley estatal de Memoria Democrática, que estipula que “cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”. Sin embargo, entonces para hacerlo efectivo era necesario su desarrollo a través de un decreto sobre símbolos y actos contrarios a la norma andaluza, que quedó aparcado en un cajón con la llegada a la Junta de PP y Ciudadanos.

Este vacío legal permitió a Fernández dejar de abordar un asunto espinoso para sus 17.000 hermanos que, como él mismo reconoció el pasado viernes en conversación con este diario, “tienen distintas sensibilidades” sobre la exhumación de Queipo de Llano de la basílica. Con la ley estatal, la Hermandad ya no tiene más margen para demorar su cumplimiento.

La carta remitida por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, tiene un tono contenido y muy respetuoso con el “indudable papel referencial en Sevilla y en el resto del territorio nacional”. Solo se limita a expresar su confianza en que el hermano mayor cumplirá con las declaraciones públicas que ha hecho en este tiempo, para facilitar “a la mayor brevedad” el proceso de exhumación. No da plazos y, de momento, según fuentes cercanas al Ministerio de la Presidencia, tampoco van a fijarse por parte del Gobierno, que lo que desea es apelar a “buena voluntad” de la Hermandad y evitar conflictos similares a los que hubo con la retirada de los restos de Franco de Cuelgamuros.

Las asociaciones memorialistas piden plazos y claridad

Plazos y claridad en los pasos a seguir es lo que demandan, más allá de la buena voluntad para cumplir con la legalidad, las distintas asociaciones y plataformas memorialistas. Así se lo ha trasladado directamente a la Hermandad la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica —que representa a más de 30 organizaciones de toda la comunidad― en otra carta, la tercera que ha recibido el hermano mayor desde que entrara en vigor la Ley de Memoria Democrática, que han remitido este mismo lunes. En la misiva piden también una reunión con Fernández “para conocer las medidas y plazos con que abordará las referidas exigencias legales” y le brindan su colaboración, si así la estimara.

Los tiempos son también lo que más importa a la Plataforma Gambogaz —el nombre del cortijo que la ciudad de Sevilla regaló al general golpista―. “Nos interesa saber si desde el Gobierno se están supervisando los plazos con los que la Hermandad vaya a sacar a Queipo de La Macarena”, explica Lourdes Farratell, uno de sus miembros. Su organización fue la primera en requerir a la entidad que cumpliera con la Ley de Memoria Histórica el mismo día en que entró en vigor.

Fuentes cercanas a la Hermandad de la Macarena reconocen que esperaban que fuera el Gobierno el que, como hiciera en el caso de la exhumación de Franco, estableciera las pautas y los pasos a seguir a través de un decreto. Era una forma en la que la Junta Directiva podría escudarse para justificarse ante los hermanos menos transigentes con la salida de los restos de Queipo de la basílica. La vaguedad en las explicaciones ofrecidas por su hermano mayor podría jugar a favor de calmar esa resistencia interna.

Las hermandades tienen normas estrictas para la adopción de todas sus decisiones. La de La Macarena no ha querido informar a este diario sobre qué reuniones o medidas debería adoptar para iniciar las obras en el interior de su basílica. Las fuentes consultadas señalan que si fue a través de un cabildo general —una asamblea en la que votan todos los hermanos― como se decidió enterrar a Queipo en la basílica, tendría que determinarse de la misma manera su salida, pero que al tratarse del cumplimiento de una ley, bastaría con informar a los hermanos, sin que tuvieran que votar nada.

Licencia de obra

Joaquín Moeckel, abogado y antiguo hermano mayor de la Hermandad del Baratillo, sostiene que “no se puede convocar un cabildo general para votar algo que viene estipulado por ley”. Sobre el procedimiento a seguir a partir de ahora, considera que “si se trata de una obra menor que no supera una determinada cantidad, como parece, no sería necesario que se reuniera la Junta de Gobierno [órgano directivo de las hermandades] para tomar la decisión de iniciar los trabajos y bastaría con informar al resto de los hermanos”. “El primer trámite pasa por pedir la licencia de obra al Ayuntamiento”, puntualiza. Moeckel, no obstante, entiende que la Hermandad está en su derecho de solicitar un informe a la asesoría jurídica y exigir, eventualmente, los costes de la exhumación y de lo que vaya a dejar de ingresar durante el tiempo que tenga que estar cerrada la basílica por las obras. El Gobierno ya advirtió de que, de acuerdo con la ley, todos los gastos corrían a cargo del titular del lugar donde se encontraran los elementos contrarios a la memoria democrática. “La ley dice que le corresponde retirarlos o eliminarlos, no cubrir con el coste de la retirada o la eliminación”, señala.

“Si esto se judicializa, como ha pasado con los nombres de las calles, va a haber una batalla jurídica y sociológica que nos puede llevar a un proceso muy largo”, advierte Luis Naranjo, el primer comisionado para la Memoria Democrática de la Junta y miembro de la Asamblea Andaluza Memorialista.

La ambigüedad de las declaraciones del hermano mayor de La Macarena no parecen inferir que la Hermandad esté pensando en dar la batalla en los tribunales. Él es el primero que quiere terminar con todo este proceso polémico, indican las fuentes consultadas, pero lo que no quiere la Hermandad es convertir la exhumación en un circo mediático. Tampoco creen que la entidad vaya a poner problemas ni el delegado del Gobierno en Andalucía, Javier Fernández, ni el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que han manifestado su confianza en que la entidad “cumplirá con la legalidad”. El consistorio ya ha ofrecido a la Hermandad el apoyo que necesiten, pero fuentes del Gobierno municipal aseguran que no les han trasladado nada aún”.

Por tanto, esas “determinadas acciones” a las que se refería Fernández, en su nota, no parecen tener que ver ni con la petición de la licencia de obra ni con nada relacionado con el cementerio municipal de San Fernando. El hermano mayor trasladó a este diario que la familia de Queipo de Llano “tiene la mejor disposición” para cumplir con la ley. Esta tarde, el nieto del general golpista ha declinado hablar con EL PAÍS.

“Si el Gobierno no impone la ley de forma clara, esto puede alargar mucho el proceso”, insiste Naranjo. El resto de asociaciones, también recuerda que cada día que Queipo pasa en la basílica de La Macarena es un día más de incumplimiento de la nueva norma.