Las posturas “enquistadas” del Gobierno y el PP retrasan el pacto del Poder Judicial

La negociación avanza más lenta de lo previsto. El acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se está resistiendo dos semanas después de la reunión de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en La Moncloa por algunas posiciones “enquistadas” entre las dos partes, según fuentes del PP. En el Gobierno insisten en que la negociación no está “parada”, pero admiten que sí se ha llegado a los puntos más sensibles, y ahí está costando mucho más avanzar. Nadie piensa de momento en que vaya a frustrarse, y las conversaciones no se han detenido, pero lo cierto es que la fumata blanca se está retrasando. El Gobierno y el PP querían haber tenido resuelto este asunto a mediados de la semana pasada, y no fue posible sobre todo porque está costando aterrizar una solución consensuada sobre el cambio de método de elección de los vocales y por los perfiles de estos, para evitar los nombres que tienen un claro vínculo político.

Un escollo evidente es el empeño de Podemos en colocar en el CGPJ a la jueza Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la violencia de género y exdiputada de este partido. Rosell sufrió las maniobras del juez Salvador Alba, que ha sido condenado a seis años y medio de cárcel por conspirar contra ella, una condena ratificada por el Supremo, y Podemos quiere que esté en el CGPJ como un símbolo por esa resistencia. Pero el PP rechaza cualquier perfil muy político y es casi imposible que acepte a Rosell, con lo que Unidas Podemos tendrá que plantear una alternativa o corre el riesgo de quedarse fuera de la negociación o tensionar mucho el Gobierno. La batalla parece más un pulso interno en Unidas Podemos que algo relacionado con el CGPJ, porque ya en 2021, en la última negociación frustrada, este grupo había aceptado que Rosell no entrara.

Tras un parón el fin de semana, los negociadores retoman los contactos este lunes y entran en la fase final. Nadie descarta que todo se acelere y se cierre en pocas horas. Las dos partes esperan el acuerdo y admiten que “o se hace ahora, o no se hace”. La ocasión es única, por la presión que ha generado la dimisión de Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, y ambos grupos esperan aprovecharla.

El Gobierno y el PP insisten en que esta vez es la definitiva, que quieren llegar a un acuerdo y que van a poner todo de su parte para conseguirlo. Los populares reconocen la “buena disposición” y el “espíritu constructivo” con los que se sigue abordando la negociación, y en la cúpula del PP subrayan que por ellos no va a quedar y que si el Ejecutivo quiere, habrá consenso. Ahora bien, el diablo está en los detalles y la última fase siempre es la más delicada, porque es donde se abordan los temas más espinosos, que suelen dejarse para el final. En estos momentos, según fuentes del PP, hay también “posiciones enquistadas” que tienen que salvarse para poder anunciar que han sellado un acuerdo.

La clave está en cómo encontrar una solución que contente a las dos partes sobre el cambio de método de elección de los vocales del Consejo, teniendo en cuenta que el Gobierno es contrario a reformarlo. La propuesta del PP es que el nuevo Consejo elabore un informe en un plazo de seis meses sobre cómo modificar el sistema, que después debería abordarse en una ponencia creada al efecto en la Comisión de Justicia del Congreso. El PP cree que el Ejecutivo no debería tener tan difícil aceptar esta fórmula porque el nuevo Consejo será de mayoría progresista y, por tanto, el informe que elabore no tendría por qué disgustar al PSOE, pero los populares encuentran a los socialistas “enrocados” en oponerse a un cambio de modelo. El Ejecutivo parece dispuesto a aceptar que se elabore ese informe, siempre que quede claro que no es vinculante porque la iniciativa legislativa queda en manos del Congreso. Los populares reclaman garantías de que no será un brindis al sol.

El Gobierno argumenta, en cambio, que reformar el sistema para que los jueces elijan en exclusiva a sus pares abocaría a que siempre dominara una mayoría conservadora en el CGPJ, porque hay muchos más jueces conservadores que progresistas en la carrera judicial, mientras el PP contrapone que Europa demanda avances en ese sentido. Alberto Núñez Feijóo ha modulado la posición del PP y ha dejado de reclamar una reforma legal, como hacía su predecesor Pablo Casado, pero sí pide que los jueces “tengan un peso determinante” en la elección de los 12 vocales de los 20 que son magistrados. El nudo gordiano es encontrar un mecanismo que sirva a ambas partes para defender que su posición no ha quedado barrida por la otra. Los negociadores creen que es posible, y el modelo está perfilado alrededor de ese informe no vinculante del CGPJ sobre una posible reforma del sistema de elección, pero se negocia cada coma porque de lo que se firme ahora puede depender lo que pase en los próximos años, sobre todo en el caso de que haya un cambio de mayorías en el Congreso que permita por ejemplo que PP y Vox puedan cambiar el sistema.

La incógnita es quién cederá más en este punto. Feijóo ha transmitido a los suyos que no hará un pacto a cualquier precio, pero según fuentes de la cúpula también les ha recordado que el PP “no es Gobierno”, lo que indica que asume que no puede imponer una reforma legal. El líder del PP tiene que resistir las presiones que le llegan por el lado derecho de su propio partido ―de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso― y de la prensa conservadora para que no transija más de la cuenta.

El caso del juez José Ricardo de Prada también es un asunto delicado. Según la propuesta que el PP hizo pública en el mes de julio, este magistrado, uno de los que condenó al PP como partícipe a título lucrativo en el caso Gürtel, tampoco podría formar parte del nuevo Consejo, porque entró en la terna como jurista y ahora es juez en activo. Pero algunas fuentes populares admiten que, aunque De Prada “levanta muchas ampollas en el PP, no es fácil ponerle objeciones”. Sin embargo, este magistrado ya no parece esta vez ser una de las exigencias de Unidas Podemos, como lo era en 2021, porque el propio juez no parece especialmente interesado. En esta ocasión Podemos ha hecho bandera de Rosell, y no de De Prada.

A pesar de las dificultades, todas las fuentes coinciden en que hay voluntad real de acuerdo y es altamente probable que el pacto salga. “Si la negociación se ha mantenido hasta ahora es porque habrá acuerdo. A estas alturas, si no sale, las dos partes quedarían fatal”, analiza un dirigente del PP. “El Gobierno quedaría mal con Europa y el PP aparecería como que sigue bloqueando, a ninguno de los dos les interesa que no salga”. Desde el Gobierno también transmiten que sería un fiasco absoluto que no se cerrara esta vez y creen que la dimisión de Lesmes ha puesto al PP contra las cuerdas y por eso es muy difícil que esta vez no vaya adelante. Al mismo tiempo, ya van cuatro años de parálisis y el delicadísimo pacto del CGPJ ha fracasado antes unas cuantas veces. En los próximos días se resolverá todo.

Feijóo se acerca a Ayuso

En la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el líder del PP tiene la presión en casa. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha aprovechado que Alberto Núñez Feijóo negocia con el Gobierno un pacto sobre este asunto para presionarle en contra de un acuerdo que la derecha más beligerante con el Ejecutivo rechaza. En el equipo de Feijóo son conscientes de que Ayuso juega sus cartas para erigirse en la representante de la posición más crítica de la derecha, pero el líder popular hace de tripas corazón y este lunes compartirá acto con ella. Clausuran la segunda convención sectorial del PP, centrada en los jóvenes, que el partido celebra en Madrid.

Feijóo y Ayuso pronunciarán sendos discursos en el acto, que serán mirados con lupa por si revelan o no diferencias. La presidenta madrileña se ha encargado de subrayar en los últimos días que tiene reticencias sobre que el PP firme un acuerdo con el Gobierno para renovar el CGPJ. “Solo hay algo más peligroso y dañino que un Tezanos [José Féliz Tezanos, presidente del CIS] que arremete contra el necesario líder de la oposición y fabrica mensajes todos los días contra él para que lo repliquen los ministros sin pudor alguno y es llenar el Poder Judicial de Tezanos disfrazados de jueces”, dijo el jueves mientras las conversaciones continuaban. Unos días antes, había advertido del “peligro” en el que a su juicio se encuentra la independencia judicial. “La verdad procesal no puede confundirse con el resultado de las urnas ni las componendas postelectorales”, alertó Ayuso de forma críptica sugiriendo que desaprueba pactar los miembros del consejo con el PSOE.

De momento, Feijóo reacciona a ese tipo de provocaciones de la líder madrileña con indiferencia y evita cualquier confrontación con ella. Al contrario, después de esos mensajes que Ayuso ha lanzado mientras el líder del PP afronta la delicada negociación del CGPJ, Feijóo compartirá un acto de partido con ella mano a mano. La convención está pensada sobre un asunto que nada tiene que ver con el Poder Judicial, la juventud, pero será ocasión también para testar sus diferencias ideológicas. La líder madrileña se ha manifestado a favor de permitir a las menores de edad el aborto sin consentimiento paterno, mientras el presidente del PP defiende que este sea obligatorio.