El Supremo confirma la primera condena de la macrocausa Invercaria

El Tribunal Supremo ha confirmado por primera vez una sentencia de la macrocausa Invercaria, que acumula una veintena de investigaciones sobre esta empresa pública de la Junta de Andalucía dedicada al capital riesgo. De este modo, el alto tribunal hace firme la sentencia del caso de la empresa Aceitunas Tatis y respalda en parte una macrocausa que hasta ahora ha tenido condenas y absoluciones a partes iguales en la Audiencia de Sevilla, primera instancia que ha juzgado un ramillete de siete piezas.

Invercaria gestionó 60 millones para 276 proyectos empresariales entre 2005 y 2010, y las investigaciones policiales y judiciales posteriores, con grabaciones ocultas, arriesgadas inversiones y ex altos cargos y exconsejeros investigados, contribuyeron al desgaste de los últimos gobiernos socialistas en Andalucía, aunque con menor repercusión que los ERE fraudulentos.

En 2009 la firma Aceitunas Tatis pidió un préstamo para desarrollar una línea de aceitunas inspirada en referencias eróticas, pero la ayuda pública se concedió “con total y absoluta ausencia del más mínimo o escueto procedimiento, y sin soporte documental alguno”, reprocha ahora el Supremo. La Sala de lo Penal del alto tribunal ha confirmado la condena de la Audiencia de Sevilla a tres años y medio de prisión y seis años y medio de inhabilitación al expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación, tras conceder un préstamo de 100.000 euros a dicha compañía. En paralelo, la empresaria Gracia Rodríguez ha sido condenada a una pena de dos años de prisión e inhabilitación de tres años como inductora de los dos delitos.

Javier Vidal, abogado de Pérez-Sauquillo, que tiene 76 años, ha afirmado que recurrirá la sentencia al Tribunal Constitucional y estudiará la petición de indulto antes de que la Audiencia ejecute el fallo.

Aceitunas Tatis atravesaba en 2009 una mala situación económica y tras acudir su administradora a Invercaria, el presidente de la empresa le concedió el préstamo de 100.000 euros sin entregar “petición formal expresa, sin análisis técnico-financiero y sin adoptar los trámites y estudios previos que eran necesarios”, según la sentencia. Pérez-Sauquillo no evaluó si la firma de alimentación sería viable y podría devolver el préstamo, y no adoptó las mínimas precauciones al conceder el crédito.

El tribunal ignora a qué destinó el dinero la empresa de aceitunas y resalta en su fallo que el dinero no fue devuelto a las arcas de la Junta andaluza. La magistrada ponente ha sido Carmen Lamela y el fallo reprocha a Pérez-Sauquillo su decisión arbitraria, pese a ser un funcionario público sujeto a normas: “No podía concluir racionalmente en la conveniencia del préstamo, sin ningún tipo de análisis previo, sin conocer la capacidad y situación económica de la empresa concesionaria, el destino que se iba a dar al dinero entregado, y sin comprobar que su inversión estaba relacionada con algún proyecto de interés público”.

La sentencia abunda: “El pago [público] realizado no cumplió una finalidad pública. Fue el resultado de una decisión arbitraria por parte del señor Pérez-Sauquillo, disponiendo del dinero público como si fuera propio”. Un año después de la concesión del préstamo, la firma se declaró en concurso de acreedores.

Los jueces condenan a la empresaria beneficiaria del préstamo porque “debía conocer la imposibilidad de su obtención en las condiciones en las que fue efectuado” y la consideran inductora de ambos delitos. Rodríguez se personó en Invercaria sin cita previa y sin petición formal ni análisis técnico-financiero, logró un préstamo participativo de 100.000 euros. “No consta el empleo que la acusada dio al dinero recibido. Tampoco fue devuelto a Invercaria. Todo ello compagina mal con la actividad conforme a derecho llevada a cabo por una diligente empresaria”, reza el fallo.

Tanto Pérez-Sauquillo como Rodríguez deben pagar una indemnización conjunta y solidaria de 108.732 euros (100.000 euros más los intereses) en concepto de responsabilidad civil a Invercaria.

Hasta ahora se han celebrado siete juicios de las piezas de Invercaria en la Audiencia de Sevilla, tres con condenas, otros tres con absoluciones, y un séptimo con condenas y absoluciones a los procesados. Este mes de octubre se celebra el de las ayudas a la empresa Fiva, mientras que hay una docena de procesos pendientes de señalamiento, señalados para 2023 y otros que aún están en fase de investigación en el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla.