Villarejo, visto para sentencia

La verdad judicial del caso Villarejo comenzará a escribirse por los capítulos 2, 3 y 6. La Audiencia Nacional ha dejado este miércoles visto para sentencia el primer gran proceso contra el comisario de policía jubilado José Manuel Villarejo, que ha abordado esas tres piezas: tres de los presuntos encargos privados de espionaje que recibió de particulares y empresas a cambio de decenas de miles de euros —los bautizados como Proyecto Iron (Pieza Separada 2 de la instrucción); Land (Pieza 3); y Pintor (Pieza 6)—.

Los magistrados trabajarán durante las próximas semanas en un dictamen que marcará un punto de inflexión en la macrocausa. Deberán resolver cuestiones clave que influirán en la mayor parte del sumario que aún queda por juzgar, incluida la línea principal de investigación que permitió abrir las pesquisas, y las de mayor trascendencia económica (como la contratación del comisario por parte del BBVA) y política (como la Operación Kitchen, sobre la trama de espionaje parapolicial al extesorero popular Luis Bárcenas presuntamente urdida en el Ministerio del Interior en la etapa del ministro del PP Jorge Fernández Díaz).

¿Volverá Villarejo a prisión? Cuando salió del penal de Estremera (Madrid) en marzo de 2021, tras pasar más de tres años en prisión provisional, el comisario aseguró que no huiría y que se centraría en preparar su defensa para este juicio. Entonces, se esforzaba por mostrarse optimista. Un tono que ya perdió. En su alegato final del pasado martes, subrayó que entró “como culpable” a la vista y que va a tener “muy difícil desmontar” la acusación. Según él, porque ya lo han condenado de antemano.

Los magistrados tienen sobre la mesa una petición de la Fiscalía Anticorrupción de más de 80 años de cárcel para Villarejo, que abre la puerta a la vuelta del comisario a prisión. Aunque se podrá interponer recurso contra el dictamen, la imposición de una pena muy alta dibuja un escenario funesto para el antiguo policía. En otros casos de corrupción, no se esperó a que se pronunciase el Tribunal Supremo y la Audiencia ordenó el ingreso en la cárcel al apreciar riesgo de fuga o reiteración delictiva.

El cohecho. El tribunal tendrá que analizar el delito de cohecho pasivo que la Fiscalía atribuye a Villarejo. Es decir, si se sirvió de su condición de policía para recabar datos confidenciales que después vendía a terceros por cantidades millonarias, una acusación que se repite en otras muchas piezas del sumario. Para tratar de contrarrestar la tesis del ministerio público, la defensa del comisario planteó una interpretación “innovadora”, según las propias palabras de su abogado: que el procesado, cuando actuaba en sus negocios particulares, no estaba ejerciendo como funcionario y que, en todo caso, su infracción se limitaría a carecer de autorización expresa de compatibilidad.

La validez de la prueba. Al comenzar el juicio en octubre de 2021, las defensas desvelaron que parte de su estrategia pasaba por intentar anular las pruebas recabadas por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía en los registros practicados en las casas y empresas de Villarejo y sus colaboradores. Allí encontraron documentación sobre los proyectos de espionaje, información confidencial, las agendas del comisario y los audios. Pero, según los abogados de los acusados, no solo hubo fallos en la cadena de custodia, sino que, además, los investigadores se excedieron y se llevaron indicios para los que no tenían permiso judicial. En un escrito del tribunal firmado a los pocos días de empezar la vista oral, los magistrados ya avanzaron que se pronunciarían sobre este tema en la sentencia.

Las conformidades. La mayor parte de los clientes de Villarejo juzgados han admitido que se hicieron con sus servicios para obtener datos confidenciales. Confesaron tras alcanzar antes un acuerdo con la Fiscalía, que rebajó las penas que pide finalmente para ellos. Las defensas de los procesados que no pactaron criticaron esas conformidades; y otras acusaciones, que no comparten el criterio de Anticorrupción, plantearon otras condenas. Por ello, la sentencia resultará clave para ver si el tribunal se inclina del lado del ministerio público, que puede repetir la estrategia en otras líneas de investigación aún pendientes de juicio.

El papel de los colaboradores. Los abogados mirarán con lupa para ver hasta dónde llegan los jueces al describir los roles y vínculos de los presuntos cooperadores de Villarejo (como su principal socio, Rafael Redondo; y su esposa, Gemma Alcalá; que constan en la estructura societaria que diseñó la trama). En este juicio no se les ha acusado de conformar una organización criminal, pero la Fiscalía sí les atribuye ese delito en otras partes del sumario aún pendientes.