Pagar al ocupa para que te desocupe la casa

Un apartamento destrozado, una extorsión de 2.100 euros, varias amenazas, ansiedad... Ese es el precio que Alfredo, a quien se le ha cambiado el nombre por petición suya, tuvo que pagar después de que una banda organizada ocupara su segunda residencia, un apartamento en La Vila Joiosa (Alicante). Propietario de un restaurante en San Sebastián de los Reyes (Madrid), fue una de las cinco víctimas de un grupo criminal que cambió el tráfico de drogas al menudeo por la ocupación de viviendas turísticas con la intención de que sus dueños les pagasen para marcharse. Los datos policiales en España muestran un ligero descenso (4,3%) de las denuncias por allanamiento y usurpación (5.392) en los primeros cuatro meses del año. Las cifras no distinguen entre que ocupen la casa, la segunda residencia, o que alguien entre en un piso vacío de un banco o de un gran tenedor, que es la casuística más habitual. “Es más fácil que te roben el móvil que que te ocupen la casa”, subraya el titular del juzgado de instrucción 3 de Reus, el magistrado Diego Álvarez.

La pesadilla de Alfredo empezó el 4 de mayo, cuando una mujer le contactó, interesándose por un apartamento de dos habitaciones que alquilaba. Había visto un cartel con su número de móvil, “para alquilar el piso por una semana”. “Me dijo que una nuera suya iba a dar a luz y que necesitaba el piso para alojar a familiares que no cabían en casa”, cuenta la víctima. “Como me dijo que era para unos días y yo estaba allí, lo hicimos todo verbalmente”. Le pagaron 400 euros en mano, y él les dio las llaves. “Ni siquiera le vi la cara, porque aún andábamos con mascarilla”, relata.

Las ocupaciones hace años que acaparan titulares. Las cifras policiales apuntan a un 16,7% de crecimiento de las denuncias en 2021. “Pero de esas, la mayoría acaban archivadas en la vía penal”, cuenta el magistrado Álvarez. La explicación es que no son primeras viviendas ni segundas de nadie —un delito de allanamiento de morada—, sino pisos vacíos de bancos o grandes tenedores, que se investigan por la vía civil como usurpaciones. “No es ni un problema social, es irrelevante en España”, insiste Álvarez, sobre el delito de ocupación, que protege el derecho de uso de la vivienda, y “no la propiedad de manera abstracta”. “Si a alguien le ocupan su casa, algo que no ocurre, en horas está fuera”, abunda. Solo, repite, hay que “hacer las cosas correctamente”: denunciar a la policía, contar lo ocurrido, acreditar la propiedad... “Y la policía puede echar a esas personas”, asegura.

Para las segundas viviendas, la jurisprudencia reciente también las considera vivienda habitual. De nuevo, indica Álvarez, con una denuncia, acreditar la posesión y un juicio rápido, los allanadores son expulsados. Algunos incluso se van después de ser citados por el juzgado. “No quieren casas de propietarios, sino de bancos, porque saben que los echamos muy rápido”, detalla Álvarez, sobre su experiencia en el día a día de los juzgados de Reus. A su entender, la ley española no es deficiente, al contrario: “Las herramientas son perfectas, no podemos hablar de que España beneficie la ocupación”. Pero en el concepto social de ocupación se mezclan todo tipo de casos: desde una segunda residencia ocupada, el que entra en un piso de un banco, o el inquilino que deja de pagar y se queda en la vivienda. Otra cosa, concede el magistrado, es la alarma que en ocasiones genera en las comunidades de vecinos pisos vacíos de bancos ocupados.

En el caso de Alfredo, la semana que tuvo el apartamento alquilado ya vio los problemas venir. Los vecinos se quejaron de ruidos, “follón”, que organizaban “juergas de noche”, gritos... El día que debían irse, se negaron a entregar las llaves. A la mujer que debía recogerlas, un hombre le dijo “que habían pactado un año de alquiler”. Alfredo decidió entonces presentarse en el apartamento. “Fui con un amigo y no pude abrir la puerta”, posiblemente porque “había otra llave introducida en la cerradura por dentro”. Llamó al timbre, sin respuesta, y aporreó la puerta un par de veces. Al final, le abrió la pareja de la mujer que le había alquilado el apartamento, y cabecilla de la banda, y le amenazó: “Me dijo que me iba a partir las piernas y que iba a quemar el piso si no les dejaba en paz”. Alfredo acudió inmediatamente a la Guardia Civil y denunció por “usurpación y amenazas”.

Un mes después, el 10 de junio, se celebró el juicio en Alicante. Al salir, explica Alfredo, la cabecilla de la banda le pidió 2.100 euros, la cantidad que había declarado ante el juez que pagaron de fianza, para devolverle las llaves al día siguiente. El letrado le aconsejó a Alfredo que aceptara para no alargar los litigios y le buscó un par de escoltas para recobrar su propiedad. “La pareja me estaba esperando con unas bolsas de plástico en las que habían metido sus cosas, les pagué lo convenido y se fueron”. Cuando entró en la casa, la encontró destrozada. En total, una cuenta a pagar de 6.000 euros entre la extorsión, el abogado, viajes, recomponer el apartamento...

La Guardia Civil conocía de primera mano a los falsos inquilinos de Alfredo. Se trataba de una banda organizada que había repetido el modus operandi en cuatro inmuebles más, tres apartamentos y un chalé, todos ellos en La Vila Joiosa, un importante foco turístico alicantino, cerca de Benidorm. Negociaban un alquiler sin documentos ni recibos, y cuando debían salir, amenazaban con destrozar la vivienda. “No hay constancia de más casos de ocupación de apartamentos turísticos y segundas residencias en la zona”, señala el cabo Manuel Campos, jefe de la investigación, “pero la sensación es de que puede estar ocurriendo en más sitios”. La investigación se saldó con seis detenidos. La cabecilla, su pareja, un cuñado y su mujer ingresaron en prisión.