El Congreso convoca un pleno extraordinario el 25 de agosto para convalidar el decreto de ahorro energético

El Congreso celebrará el próximo 25 de agosto a partir de las 9.00, a petición del Gobierno, una sesión extraordinaria del pleno de la Cámara con el fin de convalidar el derecto de ahorro energético, ayudas al transporte y becas de estudio; el que establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia; y el relativo a las medidas urgentes para hacer frente a los incendios forestales. Además, se abordarán las enmiendas del Senado relativas al proyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual; a la ley de ciencia, tecnología e innovación y a la reforma del texto refundido de la ley concursal para la transposición de una directiva europea de 2019 sobre exoneración de deudas e inhabilitaciones.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de agosto el plan de medidas de ahorro energético que obliga, entre otras cosas, a limitar el uso del aire acondicionado en verano y de la calefacción en invierno en establecimientos públicos y a apagar escaparates a partir de las 22.00. La amenaza de insumisión —que luego corrigió— de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, provocó una tormenta política que llevó al PP a reclamar la retirada del decreto. Las medidas obedecen al compromiso europeo de ahorrar energía ante un eventual chantaje de Vladímir Putin con el suministro. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, perteneciente al PP europeo, advirtió que el mandatario ruso pretende usar “el gas como arma” y que la UE debe responder a la amenaza de forma conjunta, como ya hizo durante la pandemia. España, por tener menor dependencia del gas ruso que otros países, como Alemania, logró rebajar del 15% al 7% el compromiso de ahorro. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, calificó el decreto como “un acto de autoritarismo” en una entrevista a EL PAÍS y opina que las medidas de ahorro deberían ser recomendaciones, no obligaciones.

El Gobierno encara una dura negociación para convalidar el decreto en el Congreso —por mayoría simple— porque comunidades no presididas por el PP, como Euskadi o Cataluña, también se quejaron de las formas, sin consultar a los ejecutivos autonómicos. Las medidas llevan ocho días en vigor. En la reunión que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, e Industria y Comercio, Reyes Maroto, mantuvieron con los consejeros autonómicos del ramo el pasado 8 de agosto, las comunidades presididas por el PP reclamaron retirar el decreto y negociar otro nuevo; Cataluña y País Vasco, más tiempo para aplicarlo. El Ejecutivo se negó. Pese al ruido inicial, Díaz Ayuso se ha quedado sola en el frente judicial contra el decreto y su recurso ante el Tribunal Constitucional.