Petición para que no se puedan declarar secretas violaciones de los derechos humanos

Más de una veintena de asociaciones de archiveros y bibliotecarios de toda España —incluida la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (Fesabid)— han presentado alegaciones a la Ley de Información Clasificada, que sustituye a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, todavía vigente, en las que piden, entre otros cambios, que no se pueda clasificar información sobre vulneraciones de los derechos humanos para ocultarlas al conocimiento público y que se sancione a quien lo haga.

Archiveros y bibliotecarios lamentan que el anteproyecto no haga ninguna mención al artículo 20 de la Constitución, relativo al derecho a la información; consideran un “retroceso importante” el crecimiento “exponencial” del número de autoridades con capacidad para clasificar un documento como restringido o confidencial; critican que no se establezca “el deber general de documentar la información clasificada para acreditar su existencia y evitar su destrucción”; y tachan de “excesivamente largo” el plazo de desclasificación automática, proponiendo reducirlo de 50 a 30 años para el “alto secreto” y de 40 a 20 para el “secreto”, entre otras alegaciones. También denuncian que no se justifique la tramitación del texto por vía de urgencia.

En la misma línea, un total de 11 organizaciones no gubernamentales, miembros de la Coalición Pro Acceso a la información, han pedido al Gobierno que amplíe el periodo de información pública del anteproyecto, por considerar “increíblemente corto” el plazo de siete días hábiles (del 3 al 12 de agosto) que se ha dado para presentar alegaciones.

“Hacer una consulta en pleno agosto sobre una ley que afecta a derechos fundamentales constitucionales, como la libertad de información, es escandaloso, asegura Helen Darbishire, directora de Access Info. “Desde la sociedad civil estamos llamando al Gobierno para que extienda el período de consultas por un mes más, [ya que] es la única manera de asegurar una participación genuina y un debate público sobre cuestiones tan importantes”.

Las ONG que forman parte de la coalición consideran preocupantes algunos aspectos del texto como las “multas enormes” por difundir documentos clasificados (desde 50.000 a tres millones de euros), los largos periodos de clasificación de los documentos (hasta 65 años para los calificados como de “alto secreto”) y la falta de desclasificación retroactiva, “limitando así el acceso a muchos documentos clasificados durante el franquismos o la transición a la democracia”.

Access Info advierte de las consecuencias de la nueva norma para la transparencia, la protección de los denunciantes y la libertad de información. Y recuerda que, según la OCDE, España tiene un nivel de participación pública de solo el 2%, diez veces más baja que el promedio de los países de dicha organización (21%) y muy por debajo de muchas de las democracias europeas. Las críticas de estas asociaciones se suman a las formuladas por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) o Amnistía Internacional.

Por su parte, el Ministerio de Presidencia justifica que la ley se tramite por el procedimiento de urgencia, suprimiendo la consulta pública y limitando el periodo de información al público a siete días hábiles, por “la voluntad del Gobierno para cumplir el compromiso de remitir la iniciativa a las Cortes Generales en 2022″. No obstante, asegura La Moncloa, “tal urgencia es compatible con la garantía de la participación ciudadana en su elaboración” y las observaciones recibidas en este periodo se sumarán a las que sigan llegando en los próximos meses, ya que el anteproyecto tiene un largo trámite antes de su aprobación definitiva y las entidades “contarán con muchas oportunidades para expresar sus criterios”.