La Policía y la Guardia Civil desarticulan una red que usaba documentación falsa para sacar migrantes de Canarias

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha desarticulado una red criminal asentada en la isla de Gran Canaria que se dedicaba a proporcionar a migrantes en situación irregular documentación falsa para poder viajar hacia la península u otros Estados de la Unión Europea, según han informado ambos cuerpos armados en un comunicado. La organización había completado al menos 80 salidas, según fuentes de la Guardia Civil, que calculan que en cada una de ellas pueden haber viajado hasta tres personas. El beneficio obtenido asciende a 100.000 euros.

La trama, investigada en la Operación Pijara (nombre de un helecho muy extendido en las islas), captaba a migrantes de origen magrebí —tanto menores como mayores de edad— que habían llegado a las islas en patera. Según la información policial, los recluían “en diferentes lugares” mientras preparaban la documentación falsa o a nombre de terceras personas y toda la infraestructura necesaria para su salida. Después los trasladaban a diferentes puertos y aeropuertos canarios, “proporcionándoles las indicaciones necesarias para no ser detectados”. En algunas ocasiones, los pasadores de la organización los acompañaban durante el trayecto para asegurarse de la devolución de la documentación.

Las fuerzas de seguridad han detenido a siete personas (seis en Gran Canaria y una en Ciudad Real), en su mayoría de origen magrebí. Se les imputan los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de falsedad documental. Un octavo miembro de la organización se halla actualmente en prisión cumpliendo condena por otra causa, según los investigadores.

En abril de 2021, un juez del Tribunal Superior de Justicia de Canarias decretó que la única limitación que se le puede imponer a un migrante para su movimiento en el interior de territorio español son las restricciones sanitarias, a no ser que la Policía restrinja sus movimientos durante un plazo máximo de 72 horas como paso previo a su devolución al país de origen o que lo haga un juez. Esos tres días constituyen un lapso clave. Pasado ese tiempo, el expediente de devolución que se le abre automáticamente a todo migrante que entra sin autorización en territorio nacional queda sin validez y las fuerzas de seguridad han de tramitar uno nuevo (esta vez de expulsión). El auto supuso entonces una brecha en el bloqueo de facto que pesaba sobre los migrantes llegados en patera a las islas, a los que se les impedía la salida de forma sistemática.

Muchos de los que arriban a las islas, sin embargo, lo hacen sin documentación en regla, lo que les supone un calvario legal añadido y les impide los movimientos hacia la península o hacia otros países de la UE. Esta es, precisamente, la situación que, supuestamente, trataban de aprovechar los detenidos. Para ello, además, habían logrado establecer una red “constante” de contactos con redes criminales asentadas en Marruecos y otros Estados de la Unión Europea. Estas otras organizaciones ofrecían, sostienen los dos cuerpos armados, el flete en patera desde Marruecos hasta Canarias para migrantes que se hallaban en el continente africano. “Igualmente, diversificaban sus labores, encargándose a su vez de organizar minuciosamente peticiones de asilo fraudulentas, valiéndose para ello de un abogado enrolado en las actividades criminales”.