Un organismo marroquí culpa a las autoridades españolas de no socorrer a los migrantes muertos en Melilla

El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos, un órgano que se define en sus estatutos como independiente, pero cuyo presidente es designado por el rey marroquí, y cuyas atribuciones son equiparables a las del Defensor del Pueblo en España, ha culpado a las autoridades españolas de no facilitar “la asistencia y el socorro necesarios” a las víctimas del salto a la valla de Melilla que se saldó el pasado 24 de junio con al menos 23 muertos, todos ellos migrantes y en su mayoría procedentes de Sudán.

La presidenta de la CNDH, Amina Bouayach, compareció este miércoles en rueda de prensa en Rabat para presentar las conclusiones preliminares de la investigación que ha emprendido este organismo. Bouayach, acompañada por varios miembros de su equipo, entre ellos un médico, afirmó que, según los testimonios recabados, la causa de la mayoría de las muertes fue “la asfixia mecánica” provocada por la estampida o a la caída de la valla entre Nador y Melilla. Precisó que restan por practicarse las autopsias sobre los 23 cadáveres, que aún permanecen sin enterrar.

Amina Bouayach, que fue designada en 2018 por el rey Mohamed VI para encabezar el CNDH, una institución con 170 empleados, declaró en palabras recogidas por la agencia Efe: “Basándose en una serie de testimonios, concretamente los de ONG, la comisión invoca la hipótesis de la violencia más allá de la valla, a causa de la renuncia o la vacilación de las autoridades españolas en prestar ayuda y auxilio pese a la estampida y la gran aglomeración de los emigrantes en las puertas metálicas giratorias en el puesto fronterizo que se quedaron herméticamente cerradas, lo cual llevó a un aumento de heridos y muertos”.

Bouayach añadió que “las puertas quedaron cerradas” desde el lado español, a pesar de que la “responsabilidad” de abrir las puertas correspondía a las autoridades de España, según la presidenta del CNDH. “Las autoridades españolas”, indicó, “han usado la violencia y no habrían asistido a los heridos que estaban saltando o cayendo de la valla, además de que en el momento de la estampida las puertas (de acceso al paso fronterizo) quedaron cerradas, pero su responsabilidad era abrirlas”.

El CNDH asegura también en su informe que 5 de las 23 víctimas mortales ya llegaron sin vida al hospital, y que además se registraron 217 heridos (según esta institución, 140 de ellos de las fuerzas del orden y el resto, 77, emigrantes).

Fuentes diplomáticas españolas recuerdan que el CNDH es un organismo “en teoría independiente” y declinan comentar su informe provisional, informa Miguel González. Por su parte, el Ministerio del Interior español indicó que “no entra a valorar las afirmaciones preliminares del CNDH”, pero reitera que “la Guardia Civil actuó en todo momento dentro del marco legal nacional e internacional, siempre con criterios de proporcionalidad y de pleno respeto a los derechos humanos, sin que pueda atribuirse a ninguno de los agentes ningún tipo de actuación contraria a ellos”.

El informe preliminar del Consejo Nacional de Derechos Humanos ha sido presentado cinco días después de que el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, viajase a Rabat junto a la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, para entrevistarse con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit. Marlaska alabó a Marruecos como socio “fiable” y declaró: “Marruecos está realizando un trabajo de contención importante hacia la emigración irregular, que debe ser reconocido”.

Esas palabras de elogio aún fueron más explícitas en el documento suscrito por Marlaska, la comisaria europea y el ministro marroquí. A instancias de este último, las tres autoridades se felicitaron por la “misión de información” del CNDH para “aclarar los hechos”. Y añadieron, a instancias de Laftit: “El respeto de los derechos fundamentales es un valor compartido por Marruecos y la Unión Europea”.

Los elogios que Marlaska dedicó a Marruecos el pasado 8 de julio en Rabat son solo la culminación de una serie de gestos del Gobierno español que comenzaron con la destitución en julio del año pasado de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, solo dos meses después de que Marruecos reclamara su cabeza. Su sucesor, José Manuel Albares, estrenó el puesto con grandes loas también hacia Marruecos. Pero Rabat quería más. Y lo que quería lo obtuvo el pasado marzo, cuando el presidente Pedro Sánchez envió una carta a Mohamed VI en la que abogaba claramente por la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental. Eso provocó que Argelia retirase al día siguiente a su embajador en Madrid, Said Musi. Y que siga bloqueando el comercio con España, a excepción del gas.

Pedro Sánchez cosechó una lluvia de críticas desde la izquierda el pasado 24 de junio cuando, unas horas después del salto a la valla, el presidente señaló que había sido “bien resuelto” por las fuerzas de seguridad españolas y las marroquíes. Al día siguiente, 25 de junio, cuando ya se sabía que Marruecos reconocía al menos 23 fallecidos y habían circulado vídeos en los que se veía a los gendarmes marroquíes golpear a los heridos y mantener a decenas de personas, aparentemente inconscientes, apiñadas junto a la valla, Sánchez reiteró su apoyo a Marruecos y evitó de nuevo cualquier palabra de condolencia por las víctimas. En días posteriores fue matizando su posición y alegó que no había visto las imágenes [de las víctimas del salto] cuando efectuó su primera declaración del día 24.

El Gobierno español sigue firme en su decisión de profundizar los lazos con Marruecos. Uno de los últimos gestos ha consistido en facilitar el transporte de gas hacia Marruecos a través del Gasoducto Magreb-Europa (GME), que fue desactivado por Argelia el pasado 31 de octubre. El hecho de que España haya reactivado el tubo en sentido inverso —con gas que llega a la península Ibérica por barco, donde se regasifica y se envía hacia la orilla sur del Mediterráneo— ha permitido a Marruecos poner en marcha dos centrales eléctricas de ciclo combinado que estaban paralizadas desde que Argelia cortó el suministro.