La Fiscalía pide más tiempo para que un exalcalde del PP aporte presuntas pruebas contra Aguirre

La Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito en la Audiencia Nacional donde pide más tiempo para que Guillermo Ortega, exalcalde del PP en Majadahonda, pueda revisar los archivos que guarda y presente las presuntas pruebas que, según afirmó, salpicarían a Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid e imputada por el caso Púnica. El ministerio público ha movido ficha así y ha recurrido la decisión del juez instructor Manuel García-Castellón, que ya dio por acabado el plazo para que el antiguo regidor popular le entregue el informe que prometió y los papeles que avalen sus palabras.

Este asunto se ha convertido en una de las últimas batallas abiertas en la bautizada como Pieza Separada 9 del caso Púnica, la línea de investigación centrada en la supuesta financiación irregular del PP de Madrid durante la etapa de Aguirre. Ortega, que se encuentra actualmente en prisión condenado por el caso Gürtel, contó en 2020 que la expresidenta regional lo colocó al frente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo, desde donde desvió más de un millón de euros para pagar gastos de campañas electorales. Además, el exalcalde aportó una serie de facturas para sostener sus acusaciones, y añadió que, para proporcionar más pruebas, necesitaba acceder a su ordenador personal y a la contabilidad de la compañía que encabezó.

Pero, según explica Ortega en un escrito enviado la pasada semana a la Audiencia Nacional, desde entonces ha afrontado numerosas dificultades para elaborar su informe. Según dice, a la “ingente” cantidad de documentos a estudiar y al horario limitado que tenía para usar los ordenadores de la cárcel, se ha sumado que el portátil personal donde guardaba los archivos no ha podido estar a su disposición hasta este mayo. Primero, según añade, porque la prisión no permitió que su abogado le entregara la computadora. Y después, una vez que se autorizó, porque la máquina no se encendía debido al tiempo que había permanecido en “desuso”, y tuvo que llevarse a un informático.

Mientras tanto, al juez se le acabó la paciencia y, mediante una resolución dictada el 22 de junio, decretó que el plazo para presentar ese informe se había acabado. El magistrado ya había recibido en su día con recelos las presuntas revelaciones del exalcalde y, según expuso en un auto, deben tenerse en cuenta sus “circunstancias personales” al “valorar la credibilidad” de su testimonio. También, añadió que “no se puede hacer depender el impulso del proceso de la voluntad del denunciante”.

Por ello, aunque ha mantenido abierto hasta junio el plazo para que Ortega le entregase su informe, García-Castellón cerró en enero el resto de la investigación sobre la Pieza 9. Hace muchos meses que el instructor da por “agotadas” estas pesquisas, que se prolongan desde hace más de un lustro, y la Sala de lo Penal ya le apremió en una ocasión para que las terminase.

Sin embargo, la Fiscalía considera que se debe dar más tiempo al exalcalde de Majadahonda para que presente las presuntas pruebas. Según el recurso del ministerio público, fechado el 23 de junio y al que tuvo acceso EL PAÍS, “han sido causas ajenas a la propia voluntad de Guillermo Ortega las que han impedido que esta persona haya podido cumplir en el plazo marcado el mandato del instructor”. El PSOE, personado como acusación popular, también solicitó ampliar el margen para que el regidor proporcione su informe: “No se entiende la celeridad que se quiere imprimir al proceso justo en la recta final”, criticó.

Estos movimientos no son baladíes. Esta línea de investigación del caso Púnica se encuentra en un momento clave. Una vez que el juez ha dado por acabada la investigación, la Fiscalía debe presentar ahora su informe final sobre el caso, donde tendrá que plantear si pide procesar a la expresidenta madrileña. En base a ello, el magistrado decidirá. Pero esta opción, según fuentes jurídicas, se presenta difícil, ya que ninguno de los subordinados de Aguirre la señaló durante la instrucción con indicios lo suficientemente sólidos como para enviarla al banquillo.

Por su parte, la política ha contraatacado. El pasado viernes, su defensa envió un escrito al juez donde arremete contra Ortega y sus revelaciones. “Condenado a mas de 30 años de prisión, sin duda quiere utilizar su ofrecimiento probatorio para negociar mejoras penitenciarias”, reza el documento firmado por el abogado de la exdirigente popular, que también carga contra los socialistas. Aguirre acusa al PSOE de “explotar sin rubor” su papel como acusación popular para dilatar este procedimiento judicial y obtener así un “rédito político”.