El caso del profesor que debe ir escoltado en la Universidad del País Vasco por el acoso de compañeros: “Tengo miedo de que me tiren por las escaleras”

Aprobado general. Todos los alumnos del grado de Marina de la Universidad del País Vasco (UPV) han superado la asignatura Motores de Combustión Interna II, incluidos aquellos que dejaron en blanco la mayor parte de su examen. La universidad pública vasca ha decidido adoptar esta medida de gracia para tratar de resolver un conflicto interno que afecta gravemente a uno de sus profesores, el doctor titular Iñaki Loroño, y ha acabado involucrando a los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Bilbao (conocida como Escuela de Náutica de Portugalete). El profesor Loroño (58 años), funcionario de carrera con 26 años de trayectoria en la UPV, asegura ser víctima de un “acoso permanente” por parte de profesores de su departamento y sufrir amenazas de alumnos que la dirección académica, según su testimonio, “ha dejado pasar por alto”. Está de baja médica y estudia poner a disposición de la policía todo el material que probaría esta “persecución laboral”, incluidas grabaciones con los insultos y las amenazas de muerte que viene recibiendo. La universidad le ha ofrecido dejar la facultad y continuar con la docencia en las Aulas de la Experiencia a partir del próximo curso.

El calvario que vive Loroño arranca años atrás, hace seis cursos aproximadamente, cuando comenzó a advertir a sus superiores y al Rectorado de “irregularidades” en la contratación de profesores o que algunos docentes no estaban acreditados para impartir determinadas asignaturas y esto estaba poniendo en peligro que algunas titulaciones perdiesen sus homologaciones y los alumnos al terminar no pudiesen ejercer como oficiales de la marina mercante. Más tarde los alertó de la “peligrosa situación” de las instalaciones del taller principal de la Escuela de Náutica. También puso al descubierto que otros profesores “dejaban de impartir las clases que les correspondían” o incurrían en “incompatibilidad por trabajar fuera de la universidad mientras dejaban de dar las clases”. Estas denuncias, todas documentadas, según este docente, son el origen de la animadversión que le tienen compañeros de profesión y que se ha sustanciado en “insultos, vejaciones y una campaña de desprestigio”.

“Tengo miedo, tengo miedo de ir a trabajar, de que me tiren por las escaleras, de que me peguen…”, escribió Loroño en noviembre pasado tras vivir un episodio violento protagonizado por otro profesor de su departamento: “Fui insultado por esta persona en presencia del delegado de prevención y la técnica de prevención de la UPV. Estaban presentes algunos de mis alumnos. Se abalanzó contra mí, me gritó ‘tramposo de mierda’ mientras golpeaba de forma furibunda un libro y me increpaba y me decía que tenía que dar ese libro”. Explica que no fue la primera vez que sufría un ataque de este profesor, al que acusa de enviarle mensajes intimidatorios por correo y de llamarle con modales violentos por teléfono a casa cuando se encontraba de baja. Tiene pruebas de que ordenó a los alumnos que “tiraran el material de mi proyecto de investigación a un sótano inmundo” y que en horas de clase se dedicó a “incitar a los alumnos” en su contra. Loroño muestra grabaciones realizadas en clase en las que se oye, estando presente el director de su departamento, “vamos a por él”, “a ver si le cazamos”, además de llamarle “hijo de puta”.

Todos los escritos y grabaciones los ha puesto en conocimiento del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador, del defensor universitario Aldezle (una suerte de defensor del pueblo en la UPV) y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. El vicerrector Federico Recart, en un escrito que le remite por correo electrónico el pasado 10 de junio, le transmite que lamenta “mucho” su situación personal. Además, le comunica que la universidad “no tiene pruebas” de las amenazas que viene denunciando y no puede admitir “grabaciones que no sean aportadas por alguna de las personas que participa en las conversaciones grabadas”, aunque le aconseja a Loroño que “lo apropiado” es ponerlas “a disposición de la autoridad no universitaria competente”. Y con respecto a su “queja de acoso” laboral, le reitera que puede acudir a la comisión arbitral de la UPV, un órgano paritario que analiza estos casos.

La universidad ya había adoptado previamente otras medidas para tratar de que el conflicto no se agravara. En febrero decidió que guardas jurados de la institución escoltaran a Loroño dentro de la escuela de ingenieros. También resolvió que los dos profesores enfrentados no coincidieran en el centro. Loroño ha tenido que ausentarse del trabajo en varias ocasiones por prescripción médica, pues presenta “cuadro ansioso-depresivo reactivo a factores externos (conflicto laboral)”, según figura en uno de los informes psiquiátricos. Debe tomar medicación a diario. Miguel Henares, delegado sindical de la UGT (Loroño no está afiliado a esta central), ha seguido “al detalle” todo el proceso que está viviendo este profesor y afirma que en los 35 años de trabajo en la universidad pública vasca no ha conocido “ningún caso tan sangrante como el que sufre Loroño”. Este profesor recibió en 2016 un premio internacional por su trabajo a favor de la educación en Marina concedido por el Institute of Marine Engineering Science and Technology (Imarest).

En medio de este conflicto, se acerca la fecha del examen de la discordia. Varios alumnos, salvo uno, recusan a Loroño y piden ser examinados por un tribunal. Tratan de apartarlo del examen, pero este logra mantenerse en la presidencia del tribunal evaluador. Es 30 de mayo y los 11 alumnos se presentan al examen. Son las 15.30. Dentro del aula solo comparece el profesor Loroño. En la puerta hay dos guardas de seguridad. Uno de los profesores del tribunal decide quedarse fuera y ausentarse del examen; el otro, el presunto acosador, ni siquiera acude al centro. En los pasillos aguardan también dos profesoras ajenas a la titulación enviadas por el Rectorado y tres delegados sindicales, estos como testigos.

A las 20.15 Loroño da por finalizado el examen. “La mayoría [de los estudiantes] entrega el examen en blanco. Todos, salvo dos, escriben anotaciones como la siguiente: ‘El problema 1 y el problema 2 no han sido dados en clase’. Esto es falso y puedo demostrar que son dos ejemplos que figuran en el libro de la asignatura y qué días se explicaron en clase. Fueron aleccionados por alguien para evitar que fueran corregidos por mí”, explica este profesor.

De pronto, sigue Loroño con el relato de los hechos, las profesoras que habían permanecido durante todo el examen fuera de la clase deciden que el examen debe continuar sin la presencia de ningún miembro del tribunal y dan por finalizada la prueba a las 21.00. “A los días publican unas notas falsas sin mi conocimiento, con un aprobado para todos los alumnos, salvo para el único que no me había recusado, al que suspenden. El Rectorado retira de inmediato las notas porque no habían sido consensuadas por el tribunal. El 15 de junio convoco a los otros dos representantes para acordar las calificaciones, pero ninguno de los dos se presenta”. El día 23 de junio los alumnos no conocían aún sus notas.

Cuando este diario se interesó este pasado jueves por el caso de Loroño y preguntó por qué no se habían publicado las calificaciones, un portavoz de la UPV aseguró que esta institución está formada por “un colectivo con casi 6.000 profesionales” y que “ante cualquier conflicto la universidad se remite a las actuaciones administrativas o, en su caso, judiciales en las que se sustanciará”. “No entramos a debatir ni a rebatir un caso concreto”, indicó un portavoz de la UPV. Con respecto al caso de las notas, precisó que “está en vías de solución”. Al día siguiente, viernes, se hizo público el aprobado general. Al único alumno que no recusó a Loroño y no estaba sujeto al dictamen del tribunal, lo han aprobado con un 5, cuando su profesor ya le había otorgado un “sobresaliente” y firmado su acta. Este estudiante ha comunicado por escrito al defensor universitario que ha sido “estafado” y le anuncia que está preparando una demanda judicial contra la universidad al considerar que han sido vulnerados sus derechos.