El PP presenta una nueva denuncia ante la Fiscalía europea por la política de contratos del Gobierno durante la pandemia

El PP ha anunciado este lunes que va a activar de nuevo a la Fiscalía europea para la revisión de contratos de la Administración Central del Estado, en línea con su actuación del pasado mes de marzo, en que denunció los acuerdos suscritos en relación con la pandemia. Lo acordado por la dirección popular de Madrid es añadir a aquella denuncia otras relativas a diversos contratos aprobados por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a los relacionados con el esposo de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño.

El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha avanzado en este sentido que el Partido Popular a enviar a la Fiscalía europea diversa documentación sobre la política contractual de la Administración del Estado en la Comunidad de Madrid. Tras mantener una reunión de trabajo con la vicesecretaria de Territorial y Organización, Ana Millán; el vicesecretario de Acción Política, Jesús Moreno; la vicesecretaria de Sectorial, Inmaculada Sanz y el vicesecretario de Electoral, Jorge Rodrigo, Serrano ha explicado que esta iniciativa responde al interés que aseguran están viendo por parte de la Fiscalía europea en algunos contratos, “siempre de manera muy selectiva, que casualmente afectan siempre a la Comunidad de Madrid”.

El PP ya llevó el pasado mes de marzo a la Fiscalía Anticorrupción contratos covid del Gobierno de Sánchez con al menos siete empresas por un total de 326 millones de euros. “No sabemos si la Fiscalía europea es una fiscalía para la Comunidad de Madrid, porque ha habido múltiples contrataciones en todo el país y solo tenemos noticias de aquellas que afectan a nuestra región”, ha asegurado Serrano.

El secretario general del PP madrileño recordó algunos de los contratos que el PP ya ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción, entre ellos uno con una empresa que fabricaba yesos “a la que el Gobierno de Sánchez adelantó tres millones de euros para comprar respiradores y que, a los pocos días, renunció al contrato, pero que se quedó con el dinero que le había adelantado el Gobierno”, ha dicho Serrano.

Serrano también ha explicado que el PP va a trasladar a la Fiscalía europea los contratos que afectan a la empresa del marido de la ministra Calviño, así como las contrataciones que se hicieron desde el departamento de Ábalos, “con sobreprecio y que se dedicaban a otras cuestiones”. En relación con el primero de estos casos, la Fiscalía Anticorrupción ordenó recientemente que el Ministerio de Economía le entregara diversa documentación sobre las ayudas públicas de 963.000 euros que fueron adjudicadas durante la pandemia a la empresa Páginas Amarillas Soluciones Digitales S. A., empresa en la que ocupa un puesto de dirección Ignacio Manrique de Ara, marido de la vicepresidenta Calviño.

Al referirse a este tipo de casos, Serrano afirmó que al comparar la gestión de ambas administraciones —la central y la autonómica— se comprueba que “hay una diferencia fundamental”. Añadió que esa diferencia consiste en que en los casos que afectan al Gobierno de España, se detecta su opacidad, porque sobre esos expedientes “apenas hay información”. El secretario general del PP de Madrid criticó en el mismo sentido que en los momentos más complejos del estallido de la pandemia, el Gobierno “no traía material”, mientras que “la Comunidad de Madrid lo compraba en precio y llegaba a los hogares y a nuestros profesionales sanitarios”.