La falta de especialidad como precedente del nombramiento de fiscales

La insistencia de Dolores Delgado en nombrar a Eduardo Esteban Rincón como fiscal coordinador de menores —después de que el Tribunal Supremo anulara su designación por considerar que los argumentos esgrimidos por la fiscal general del Estado no cumplían “las exigencias mínimas”— ha levantado una polvareda en la carrera fiscal. Las dos sentencias sobre este caso dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo —una por cada uno de los dos recursos presentados contra el nombramiento de Esteban— y el escrito de motivación redactado por Delgado para reiterar su designación discrepan en un aspecto fundamental: hasta qué punto la experiencia en una materia determinada (en este caso, los menores) debe ser determinante para ocupar un alto cargo en una Fiscalía especializada.

El tribunal instó a Delgado a hacer una nueva designación “tras ponderar y analizar, siempre en cuanto a la materia de menores”, los méritos de los dos aspirantes; la fiscal general, sin embargo, en el escrito de motivación redactado para explicar la decisión de elegir de nuevo a Esteban, defiende que la mayor especialización debe ser “uno de los criterios a valorar”, pero no el más relevante. ¿Hasta qué punto debe contar la experiencia en un área para elegir al fiscal que va a dirigirla? ¿Qué ha ocurrido en otras ocasiones? Un repaso a algunos de los nombramientos realizados en los últimos años por distintos fiscales generales revela que el bagaje en un área determinada no fue siempre decisivo y que algunos llegaron al cargo con ninguna o escasa experiencia en la materia que iban a coordinar.

El Supremo admite en las sentencias sobre Esteban que la idoneidad para un cargo es “de libre apreciación”, pero advierte que esta elección “debe ser coherente con las exigencias del puesto”. La norma que regula los nombramientos discrecionales no impone que en la elección de los fiscales de sala coordinadores deba primar la especialización, pero los magistrados consideran que sí debe ser así, al menos en el caso de los menores, porque está en juego el interés público en una materia tan delicada. “Ese interés superior pasa por exigir la mayor idoneidad para ocupar el cargo por razón de la materia”, afirma la sala.

El argumento de blindar el interés del menor es también esgrimido por Delgado, pero para llegar a la conclusión contraria: el coordinador de menores debe tener también conocimientos en materia penal, gestión y coordinación, entre otras. Y el candidato Esteban, según la fiscal general, aúna todos esos requisitos, mientras que De la Rosa acredita una amplia experiencia en menores, pero más centrada “en la academia y la reflexión” que en la práctica real. “En la comparativa entre aspirantes, no solo elijo a uno de los candidatos, también elijo un modelo”, concluye Delgado, tras desgranar méritos de su elegido (como su experiencia en la gestión de plantilla, su paso por la Fiscalía del Constitucional o su “capacidad de diálogo”) y deméritos del candidato descartado (lejanía respecto a la actividad investigadora propia de los fiscales o ”falta de sensibilidad” con la aplicación de la perspectiva de género).

El propio De la Rosa, recuerda Delgado, ha concursado recientemente, “sin apenas experiencia ni apoyo curricular”, a la plaza de fiscal de sala coordinador de la Unidad de Extranjería y a la de fiscal de sala jefe de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General, lo que da a entender que considera que la especialidad no es requisito indispensable. Delgado recoge también en su texto dos precedentes en los que se eligió para el mismo puesto que ahora se adjudicaba a fiscales sin experiencia específica en materia de menores: Consuelo Madrigal y Javier Huete. La primera fue elegida coordinadora de esta área en 2008, durante la etapa de Cándido Conde-Pumpido como fiscal general. Madrigal llegó al cargo desde la Fiscalía del Supremo, a la que había accedido en 1995 desde la secretaría técnica de la Fiscalía General, tras pasar por las fiscalías provinciales de Tenerife, Palencia y Madrid y por la del Tribunal de Cuentas. En 2015, Madrigal fue elegida fiscal general y eligió para sustituirle en el área de menores a Javier Huete, fiscal del área penal del Supremo, y que antes había ejercido en el área civil del alto tribunal y en Antidroga del País Vasco. “En ambos casos, las decisiones de los Fiscales Generales que los propusieron se enmarcaron en una concepción amplia tanto de las funciones a desarrollar, como de la propia institución, especialidad y promoción profesional”, defiende delgado en su escrito.

No son los únicos casos en los que un fiscal general ha primado otros méritos sobre la experiencia en un área concreta al hacer una designación discrecional. Uno de los casos más polémicos ocurrió en febrero de 2017, cuando José Manuel Maza eligió a Manuel Moix, hasta entonces fiscal del Supremo, como responsable de Anticorrupción, a pesar de que era el único de los siete aspirantes que se presentaron al puesto que era ajeno a esa Fiscalía especializada, una materia en la que Moix —que dimitió a los cinco meses de llegar al cargo, después de que se revelara que poseía el 25% de una sociedad offshore en Panamá— no tenía ninguna experiencia. Meses después se supo que en una conversación grabada por orden judicial en el marco de la Operación Lezo, Ignacio González y el exministro Eduardo Zaplana se felicitaban de que fuera a ser nombrado para ese cargo, por su proximidad al PP.

También fue controvertido en su momento el nombramiento de Juan Cesáreo Ortiz Úrculo como jefe de Antidroga, puesto al que llegó en 1997 tras dejar el cargo como fiscal general y después de haberse resistido a convocar la plaza para Antidroga, que llevaba meses vacante, lo que alimentó las especulaciones de que se la había reservado para él. Antes había ejercido en la Audiencia Territorial de Madrid y Tribunal Constitucional, pero sin ninguna experiencia concreta en la lucha contra el narcotráfico, lo que no disuadió al entonces fiscal general, Jesús Cardenal, para encargarle la coordinación de esta área.

También han llegado fiscales ajenos a la materia a otras fiscalías especializadas, como la de Violencia de la Mujer, donde fue cuestionada en algunos sectores la elección de Pilar Martín Nájera en 2015, que accedió al cargo desde la sala de lo penal del Supremo y se impuso sobre Teresa Paramato, una de las primeras fiscales especialistas en violencia machista desde que entró en vigor la ley integral de 2004. Tampoco tenía experiencia específica en la materia, en este caso siniestralidad laboral, Anselmo Sánchez-Tembleque, designado como jefe de este departamento por Eduardo Torres Dulce en 2014. O más recientemente, la propia Delgado promocionó a fiscal de sala de Discapacidad a su antecesora en la Fiscalía General, María José Segarra.