Amnistía Internacional pide a la Fiscalía que investigue si se han usado armas españolas en los bombardeos de Yemen

Tres ONG han remitido una carta a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en la que le piden que investigue el presunto uso de armas exportadas por España en el conflicto de Yemen y la posible responsabilidad de autoridades y empresas españolas en crímenes de guerra cometidos en dicho país por la coalición internacional que encabeza Arabia Saudí. Amnistía Internacional (AI), el Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR, por sus siglas en inglés) y el Centro Delàs de Estudios para la Paz han elevado a la Fiscalía un detallado informe en el que aportan “nuevos indicios” de los vínculos entre las transferencias de armas de la empresa Airbus Defence and Space, S.A., autorizadas por el Gobierno español, al régimen de Riad y a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), y los presuntos crímenes de guerra cometidos en Yemen desde el inicio de la intervención internacional, en 2015, hasta junio de 2021, “incluidos ataques a hospitales, escuelas y contra la población civil”.

Las ONG subrayan “el papel clave de España” en la fabricación, exportación y mantenimiento del avión de combate Eurofighter Typhoon y del avión cisterna de reabastecimiento en vuelo A330 MRTT. En concreto, Airbus Defence and Space, S.A. ha fabricado en Illescas (Toledo) y Getafe (Madrid) partes de los 72 cazas Eurofighter suministrados por la compañía británica BAE Systems a Riad. Además, los seis aviones cisterna MRTT vendidos a Arabia Saudí se transformaron en Getafe (Madrid) a partir de aparatos comerciales A330-200 de Airbus ensamblados en Toulouse (Francia); y han sido sometidos a tareas de mantenimiento en la planta de Iberia en La Muñoza (Madrid). En total, España había exportado material militar a Arabia Saudí por valor de 1.306 millones de euros desde 2015 hasta el primer semestre de 2021; mientras que las ventas a Emiratos Árabes Unidos (EAU), su principal socio de coalición en la guerra de Yemen, han sumado 311,2 millones.

El ECCHR ya elevó en diciembre de 2019 una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en la que aportaba “evidencias e información sobre 26 ataques aéreos a edificios residenciales, escuelas, hospitales, un museo y sitios del patrimonio mundial, que pueden constituir crímenes de guerra en virtud del Estatuto de Roma”, suscrito por España. Estos ataques, subraya ahora la carta a la Fiscalía, “han sido facilitados por el suministro de armas desde España y la prestación de servicios de mantenimiento, formación y apoyo, autorizados por organismos administrativos españoles”. Según el ECCHR, “las personas implicadas en dichas transferencias podrían ser responsables penales, por complicidad […] en la comisión de crímenes de guerra, en tanto que las armas exportadas por España han sido utilizadas en los ataques aéreos realizados por la coalición encabezada por Arabia Saudí y EAU”.

Las ONG piden al ministerio público que investigue el caso en cooperación con sus homólogos europeos de la Red europea de puntos de contacto sobre personas responsables de genocidio y crímenes contra la humanidad. También sugieren que se forme un equipo conjunto con la Fiscalía de la CPI.

La Corte Penal Internacional actúa bajo el principio de complementariedad con los Estados miembros, subraya la misiva, por lo que son las fiscalías de los países que exportan armas a los socios de la coalición que interviene en la guerra de Yemen las que deben investigar la posible responsabilidad de sus propias empresas y gobiernos.

En opinión de las ONG, parece existir “una base razonable para creer que las fuerzas de la coalición han cometido crímenes de guerra en Yemen y que tanto los representantes gubernamentales españoles como el personal con capacidad de toma de decisiones en Airbus Defence and Space, S.A. podrían haber contribuido a cometerlos o haber sido cómplices” de los mismos. Por ello, instan a la Fiscalía a “ejercer sus poderes de investigación” y a “cooperar plenamente” con las que realice la Corte Penal Internacional; así como “garantizar que se investigue toda acusación creíble sobre conductas ilícitas de empresas de defensa en relación con abusos contra los derechos humanos y, cuando proceda, incoar procesos penales”.

Airbus ha respondido a las denuncias de las ONG asegurando que “está comprometida firmemente a llevar a cabo sus actividades de forma ética, basándose en los valores de la empresa, y cumpliendo con todas las leyes y reglamentos aplicables. Como parte de este compromiso”, subraya, “Airbus apoya los principios del pacto mundial de Naciones Unidas, que incluye el respeto a los derechos humanos”. Según un portavoz de la compañía europea de defensa, “Airbus supervisa constantemente los cambios en la legislación internacional para asegurarse de que todas las ventas cumplen con los requisitos legales aplicables en relación con las transacciones con países sometidos a sanciones de la ONU, la UE, el Reino Unido y Estados Unidos”. Se da la circunstancia de que ni Arabia Saudí ni Emiratos están sometidos a embargo en la venta de armas. El Gobierno español asegura tener garantías de que el material militar vendido a dichos países no es empleado en la guerra de Yemen.