El Tribunal de Cuentas cifra en 246 millones los gastos de Sanidad en material de protección en el primer año de la pandemia

El Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves en un pleno el informe de fiscalización sobre los gastos realizados por Sanidad durante 2020, tras el estallido de la pandemia. El órgano no halla irregularidades en los contratos de suministros sanitarios, pero sí “incidencias” en un 22,44% de los casos, tales como retrasos o incumplimientos en la entrega del material. El trabajo subraya que la labor de contratación de emergencia alcanzó una cuantía global de 551 millones de euros, de los que 246 millones correspondieron a suministro de material de protección, como mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico.

El párrafo clave del informe indica que “en un 22,44 % de los contratos fiscalizados del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, adjudicados durante los meses de marzo, abril y mayo del año 2020, coincidentes con el inicio de la crisis sanitaria derivada de la covid-19 en un contexto de desabastecimiento mundial de determinados productos sanitarios, se produjeron distintas incidencias en la ejecución”. Ahora bien, el texto circunscribe tales circunstancias a que “en cuatro de los expedientes fiscalizados (un 8,16 %) se acordó la resolución anticipada por incumplimiento del contrato imputable al contratista, dando lugar a las correspondientes reclamaciones, que se encuentran en curso a la fecha de aprobación del presente informe, para la recuperación de los fondos anticipados, intereses devengados y, en su caso, daños y perjuicios producidos”.

Se añade a renglón seguido que “en dos expedientes (un 4,08 %) se acordaron modificaciones no previstas en los contratos; y en cinco (un 10,20 %) de los expedientes fiscalizados se produjeron retrasos en los plazos de entrega de los suministros”. Como conclusión, el informe destaca que “dichas incidencias en la ejecución podrían ser indicativas de una insuficiente verificación por parte de esta Entidad de la capacidad de producción y de suministro de algunas de las empresas adjudicatarias en el inicio de la pandemia, si bien se trata de adquisiciones realizadas en una situación de emergencia excepcional y en el contexto de desabastecimiento global señalado”.

En coherencia con estas apreciaciones, el Tribunal de Cuentas subraya asimismo que la tramitación de emergencia de los contratos supone una excepción legal al carácter formal de la contratación del sector público. Con arreglo a dicha excepción, se permite la libre contratación sin necesidad de formar previamente expediente administrativo e incluso la contratación verbal de las correspondientes prestaciones.

“Por ello —prosigue el informe de fiscalización—, ha de valorarse positivamente que, a pesar de esta exención, en los expedientes fiscalizados del Instituto Nacional de la Seguridad Social, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, así como en un 67,35 % de los expedientes fiscalizados del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria se hayan formalizado los contratos, ya que resulta una buena práctica de gestión contractual, siempre que no suponga una demora en la actuación inmediata del órgano de contratación”.

El informe destaca reiteradamente la situación de emergencia en que se produjeron las contrataciones, y no pasa de sugerir que algunos proveedores pudieron aprovecharse de ello. Así, afirma que “del análisis de los precios se desprende, con carácter general, una tendencia al alza en el precio unitario de adquisición de las mascarillas FFP3 en los meses de marzo y abril” del mencionado año 2020. En relación con este punto señala que el precio más elevado de mascarillas FFP2 se produjo en la adquisición realizada el 3 de abril de 2020, cuyo precio unitario fue de 4,17 euros.

Destaca asimismo por su volumen (56.200.000 de mascarillas FFP2) la compra realizada a un único proveedor y cuyo importe constituye el 95,14% del importe total del gasto realizado en este tipo de suministro. Por otra parte, del análisis de los precios de adquisición destaca la significativa diferencia entre el precio de adquisición de las mascarillas FFP2 durante el mes de marzo, que osciló entre 0,2781 euros la unidad en el expediente Covid5 (el 20 de marzo de 2020) y 2,67 euros la unidad en el expediente Covid 28 (el 28 de marzo de 2020). Los precios de estas mascarillas, por tanto, se multiplicaron por diez en una semana, dato este anticipado por EL PAÍS el pasado día 13, en un adelanto del informe aprobado este miércoles por el Tribunal de Cuentas.