El precio de las mascarillas compradas por Sanidad se multiplicó por 10 en solo una semana al inicio de la pandemia

El Tribunal de Cuentas está perfilando nuevos informes sobre los contratos suscritos por las administraciones públicas durante la primera fase de la pandemia de covid-19, y esos informes van a constatar la existencia de numerosas deficiencias, según apuntó el jueves la presidenta del órgano de fiscalización, Enriqueta Chicano. El organismo ha llegado a la conclusión de que en aquellos días de estallido de la crisis sanitaria, dada la premura por conseguir material ante la expansión del virus, se recurrió a “casi cualquier cosa” y se orillaron las exigencias de solvencia a las empresas suministradoras. El último de esos informes, a cuyo borrador ha tenido acceso EL PAÍS, recoge algún ejemplo del encarecimiento al que dio lugar esa situación de máxima emergencia: en la última semana de marzo de 2020, el Ministerio de Sanidad pasó de pagar 0,27 euros por mascarilla FPP2 a pagar 2,67 euros: 10 veces más.

Chicano explicó que en muchos casos “no se exigieron criterios de solvencia” a los proveedores contratados ni “el cumplimiento de algunos requisitos que ha de tener cualquier empresa para contratar con las administraciones públicas”, como la experiencia en el sector. Este tipo de prácticas, añadió la presidenta del Tribunal de Cuentas, “es lo que se ha ido obviando en aras de buscar el producto, que era prioritario y urgente tener en ese momento”. Chicano cree, no obstante, que son “muchos” los contratos públicos que “están muy bien hechos”, pero admite que algunos casos de irregularidades ya son conocidos. “Y habrá algunos más que conoceremos sin duda”, añade.

La tarea del Tribunal de Cuentas no supone actuar como órgano investigador, sino garante y de control del cumplimiento de la normativa administrativa, de la buena praxis de las administraciones. Y en este sentido, los dos informes realizados hasta ahora ―sobre los contratos adjudicados por ayuntamientos de más de 300.000 habitantes y por organismos y entidades independientes, como museos o empresas públicas― ya han permitido constatar que muchos controles existentes en períodos de normalidad no fueron aplicados durante la pandemia, lo que permitió, entre otras cosas, inusuales subidas de precios de los productos adquiridos, o directamente cobros abusivos.

El último informe está aún en fase de borrador. Se refiere a la fiscalización del gasto en el área sociolaboral y de la Seguridad Social del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), incluido en la estructura del Ministerio de Sanidad, según su página web. En sus consideraciones finales, el documento recoge que “el precio más elevado de mascarillas FFP2 se produjo en la adquisición el 3 de abril de 2020, cuyo precio unitario fue de 4,17 euros”. Sobresale por su volumen (56.200.000 mascarillas FFP2) la compra efectuada a un único proveedor y cuyo importe constituye el 95,14% del importe total del gasto realizado en este tipo de suministro.

Por otra parte, del análisis de los precios de adquisición “destaca la significativa diferencia entre el precio de adquisición de las mascarillas FFP2 durante el mes de marzo, que osciló entre 0,2781 euros la unidad en el expediente Covid 5 (el 20 de marzo de 2020) y 2,67 euros la unidad en el expediente Covid 28 (el 28 de marzo de 2020)”.

Los siete informes parciales que está elaborando el Tribunal de Cuentas serán subsumidos en un macroinforme final. Las investigaciones alcanzan a un volumen de contratos que suman 2.000 millones de euros, gastados por las diversas administraciones para adquirir material sanitario entre marzo y mayo de 2020. Más de la mitad de ese gasto estuvo en manos de las comunidades autónomas.

Los nuevos informes van a suponer un recorrido por las prácticas de contratación de dichas comunidades, tanto las que carecen de órgano de fiscalización propio ―Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, Murcia y Extremadura, además de Ceuta y Melilla― como el resto. Se están repasando, en este sentido, “las actuaciones para las relaciones de cooperación multilateral entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas desarrolladas en el marco de la gestión de la pandemia”. Los informes por departamentos se van a ir aprobando sucesivamente. Cuando estén todos terminados, el Tribunal de Cuentas elaborará, antes de fin de año, el mencionado macroinforme sobre el conjunto de las administraciones.