PP y Vox muestran sus primeras diferencias en el estreno de la coalición en las Cortes de Castilla y León

La comunidad más envejecida de España y la que más población perdió en 2021, Castilla y León, ha escuchado cómo en el primer pleno de la legislatura se ha hablado de comunismo, se ha tildado a la ley del aborto como “ley de la muerte” y se han reprochado supuestos adoctrinamientos en las aulas. Vox, que, gracias a un pacto con el PP, ha entrado por primera vez en un Gobierno autonómico, ha crispado unas Cortes históricamente habituadas a tonos más sosegados y a debates más pegados a la actualidad. Los reproches entre la Junta y la oposición han provocado que la primera conversación sobre asuntos no ideológicos llegara una hora después de comenzar la sesión, marcada por las declaraciones de Juan García-Gallardo, vicepresidente y líder de Vox, que afirmó el lunes que la educación sexual “pervierte a los niños”, y este martes ha dicho estar contra el “derecho a matar niños en el vientre materno”.

La oposición ha utilizado las gruesas palabras de Vox para cuestionar su irrupción en las instituciones y cargar contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), por darles poder. El líder popular ha despejado las críticas y ha reivindicado que los votos del electorado amparan este pacto. Mañueco se ha mantenido en un segundo plano durante la sesión, en la que García-Gallardo ha encendido a la bancada rival cuando, al responder a una pregunta de una procuradora socialista con discapacidad, Noelia Frutos, le ha dicho “no le voy a tratar con condescendencia, le voy a contestar como si fuese una persona como todas las demás”. El alto cargo ha censurado a la “izquierda hipócrita” por defender “a los que han nacido pero no a los que no han nacido”, y ha aludido a “leyes de la muerte” para referirse a las normas que amparan la eutanasia y el aborto, derechos que ha reprobado.

La postura de Vox ha encontrado en el PP una posición ambigua. La consejera de Familia, Isabel Blanco, ha rehusado pronunciarse sobre las tesis de sus socios. “No opino sobre opiniones de otros, nos han elegido para gobernar y gestionar, no para opinar”, ha sostenido Blanco, de quien las procuradoras socialistas Patricia Gómez y Nuria Rubio se han compadecido por el “papelón” de escuchar a “señoros de la ultraderecha”. Las palabras de García-Gallardo ya han recibido suaves réplicas de sus aliados. El lunes, cuando desde su puesto de vicepresidente autonómico con 85.000 euros de sueldo volvió a abogar por desmantelar el Estado autonómico, fue matizado por el procurador del PP José Luis Sanz, que reconoció los “acentos” distintos entre partidos, además de que su formación “no concuerda” en todo con Vox más allá del pacto que los une. Incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), censuró a García-Gallardo y le afeó no gestionar ninguna consejería. Mañueco, al ser preguntado antes del pleno por estos comentarios de su socio, ha enarcado las cejas y ha resuelto con un simple “habría que escuchar bien lo que ha dicho” antes de, en silencio, entrar en la Cámara. Dentro, no ha aplaudido y ha puesto cara de circunstancias a algunas de las afirmaciones de su compañero en la Junta.

En el horizonte esperan las elecciones en Andalucía, donde PP y Vox miran a Castilla y León por si los números empujan a un nuevo entendimiento. La intervención de la presidenta madrileña la aprovechó el jefe de la oposición de Castilla y León, Luis Tudanca, para recalcarle a Mañueco que hasta Ayuso haya intervenido tras las “barbaridades” pronunciadas por el vicepresidente.

Una vez concluido el primer tramo del pleno, acaparado por el cruce de acusaciones sobre motivos ideológicos, el debate se ha centrado ya en temas como la despoblación, la sanidad o, las infraestructuras. La nueva distribución de las Cortes, donde los partidos localistas suman 7 de los 81 escaños (tres de Soria ¡Ya!, tres de la Unión del Pueblo Leonés y uno de Por Ávila), ha traído conversaciones sobre carreteras o farmacias y algo inédito en la fase anterior: agradecimientos del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (PP), por el “tono”, la “disposición” y emplazándose a un “diálogo” que se antoja imposible en tantas otras cuestiones.