¿Es posible que Pedro Sánchez no supiera que Pere Aragonès estaba siendo espiado?

“El Gobierno no tenía ningún conocimiento”. Lo aseguraron fuentes de La Moncloa el jueves, cuando trascendió que la directora general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, había confirmado en la comisión de secretos oficiales del Congreso el espionaje, con autorización judicial, al presidente catalán, Pere Aragonès, y otras 17 personas vinculadas al movimiento independentista. “Ni el presidente ni el Gobierno saben ni quieren saber a quién ha espiado el CNI”, añadieron estas fuentes.

¿Es posible que Pedro Sánchez no estuviera informado de que el líder de ERC, uno de sus socios en el Congreso, estaba en el objetivo de los espías españoles? “No me lo creo”, responde contundente un exdirector del CNI. “Es probable que no lo supiera”, discrepa otro. “Depende”, zanja un tercero. Solo hay tres exdirectores en la historia del centro.

“El CNI”, explica el segundo de los consultados, “eleva al Gobierno los informes que elaboran sus analistas y estos se nutren de orígenes diversos: fuentes abiertas o propias, humanas o tecnológicas”. “El CNI no revela sus fuentes, como tampoco lo hacéis los periodistas. Lo que hace es puntuar el grado de fiabilidad de cada una. Otra cosa es que, si en un informe se citaba a Pere Aragonès, lo que parece lógico, ya que estaba siendo escuchado, alguien se preguntara de dónde salía el dato”, prosigue.

Esa es la norma general: no informar al Gobierno, a priori, de a quién se espía. Pero, cuando aparece un político en el punto de mira, la cosa cambia. “Yo me lo habría pensado más de dos veces antes de pedir la intervención del teléfono de un cargo público”, reconoce uno de los exdirectores. “Y en caso de hacerlo”, añade, “lo habría puesto en conocimiento del Gobierno”. Otro antiguo responsable del CNI señala que eso depende de cómo sea la relación de confianza del jefe del centro con el presidente del Ejecutivo: “No vas a ir corriendo, pero probablemente lo comentes en el próximo despacho con él”.

Salvo que, como puntualizaron las fuentes de La Moncloa esta semana, ni el presidente ni el Gobierno “quieran saber” a quién espía el CNI. Con esa frase —”Ni sabemos ni queremos saber”— trasladaban a la directora del servicio secreto la carga de asumir en soledad toda la responsabilidad de sus decisiones. No solo que sean legales, sino que resulten adecuadas y proporcionadas a sus consecuencias políticas.

Lo único que reconocen fuentes próximas al servicio secreto es que, una vez salió a la luz pública el 18 de abril el informe de Citizen Lab —el grupo de expertos en ciberseguridad de la universidad de Toronto (Canadá) según el cual los móviles de 63 personas vinculadas al movimiento independentista fueron infectados con el programa Pegasus—, la directora del CNI elevó información exhaustiva al Gobierno sobre la actuación del centro.

El servicio secreto no es un verso libre, sino una prolongación de los ojos y oídos del Gobierno. Su función es suministrarle “informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones”, según su ley reguladora, de mayo de 2002.

No se trata solo de que sus actividades sean legales, sino que deben ceñirse a los objetivos que le marca el Gobierno. “El CNI no puede investigar lo que le viene en gana. Debe dedicarse a lo que se le manda. Si en el curso de una investigación encuentra algo que no es de su competencia, se lo traslada al órgano al que corresponda”, señala un exdirector.

Directiva de Inteligencia de 2019

Las órdenes del Gobierno al CNI figuran en un documento secreto llamado Directiva de Inteligencia. La aprueba el presidente del Ejecutivo, a propuesta de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, uno de las cinco comisiones interministeriales.

La composición de la misma ha sufrido una tortuosa peripecia jurídica. El Gobierno la cambió en febrero de 2020 para incluir al entonces vicepresidente Pablo Iglesias. Como la lista de miembros venía fijada en la propia ley del CNI, no parecía que un simple decreto pudiese cambiarla. Así que, un mes después, el Gobierno incluyó la reforma en una disposición del decreto ley que declaraba el estado de alarma. El escándalo fue mayúsculo. Se acusó a Sánchez de aprovechar la pandemia para poner al líder de Podemos a los mandos del servicio secreto. Vox recurrió al Constitucional y, en mayo de 2021, este declaró inconstitucional la disposición, alegando que no se daban las razones de urgente necesidad que justifican hacer un cambio de ese tipo por decreto ley. Finalmente, en julio de 2021, tras remodelarse el Gobierno, un nuevo decreto puso al frente de la comisión a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, e incorporó a la segunda, Yolanda Díaz. Vox no recurrió.

Lo cierto es que la Comisión de Asuntos de Inteligencia nunca se reunió mientras Iglesias formaba parte de la misma, y la directiva actualmente en vigor, aunque debería aprobarse una nueva cada año, data de marzo de 2019, antes de que se constituyera el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. En esa época, los líderes del procés estaban siendo juzgados en el Supremo y el presidente de la Generalitat catalana era Quim Torra.

En esa directiva se ordenaba al CNI evitar un nuevo desafío como el que, en octubre de 2017, condujo al referéndum ilegal de autodeterminación y la declaración de independencia del Parlament. Paz Esteban puede alegar por tanto, según fuentes del centro, que ha seguido las instrucciones recibidas del Gobierno y que lo ha hecho cumpliendo la ley. Pero eso no garantiza que vaya a seguir en el cargo.

La directora del servicio secreto es “el eslabón más débil”, en palabras de uno de sus antecesores, si el Gobierno quiere satisfacer a sus socios parlamentarios y asumir responsabilidades políticas por el caso Pegasus. Forma parte del escalón superior de la Administración, el nivel político, pues tiene categoría de secretaria de Estado. En la práctica, es una funcionaria del servicio secreto próxima a la jubilación, sin adscripción partidista. Si fuera cesada o dimitiera, seguiría probablemente en el CNI como asesora de la dirección.

No obstante, el relevo tiene contraindicaciones: se daría el mensaje de que el centro ha actuado mal, sin que nadie haya explicado cuál ha sido su fallo. Aunque desde La Moncloa se atribuyó al Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, la responsabilidad de que el móvil del presidente hubiera sido infectado con Pegasus, luego dio marcha atrás y se admitió que la responsabilidad era “compartida”. Además, el hecho de que Esteban sea una agente del CNI, con 39 años de carrera, hace que los espías españoles la vean como a uno de los suyos y su cese no se reciba igual que si se tratara de alguien ajeno a la casa.

ERC también ha pedido que se desclasifique la documentación sobre el espionaje a Pere Aragonès y esto abre otro frente: someter a escrutinio público la labor de los dos magistrados del Supremo (titular y suplente) que autorizan las escuchas del servicio secreto. No solo se debatiría cuándo se autorizaron las escuchas (si fue, por ejemplo, en octubre de 2019, en plenos disturbios por la sentencia del procés; o en enero de 2020, mientras se negociaba la investidura de Sánchez), sino si estaban suficientemente argumentadas y controladas como exige la ley.