Y ahora, ¿de quién nos podemos fiar?

Hace tiempo que sabemos que el mundo está cambiando hacia un nuevo orden y que la tecnología es el motor del cambio. Lo que empezó como informatización de procesos para hacer eficientes tareas ha derivado en la digitalización de todo nuestro entorno. Esto ha dado pie a la creación de imperios empresariales supranacionales que desarrollan servicios globales. El nuevo paradigma es claro: servicios personalizados basados en datos; todo se está organizando en torno a la información. Si el orden de la sociedad industrial se construyó en torno a la producción (y a las cuestiones de dónde están las fábricas y a quién pertenecen), el nuevo orden se está construyendo en torno a la información (dónde están los datos y a quién pertenecen).

En la construcción de esta sociedad hay una pugna por hacerse con el control de los datos, la materia prima de la personalización. En esa tesitura, existen empresas que cruzan los límites mucho más allá de lo razonable so pretexto de ofrecer un mejor servicio, igual que hacen los Estados con la excusa de la seguridad. El resultado es que la ciudadanía siente violada su intimidad sin que nadie la defienda adecuadamente. El marco legal no es suficiente y cuando se intentan desarrollar nuevas garantías, los lobbies actúan poniendo trabas o frenando las reformas jurídicas. Y quien debería perseguir estos abusos también es sospechoso de estar cruzando las líneas rojas.

Igual que en la Revolución Industrial fueron necesarios movimientos civiles organizados en defensa de los derechos relacionados con el trabajo —los sindicatos—, en la actual revolución digital necesitamos movimientos en defensa de los derechos relacionados con la información. Ahí encontramos a Citizen Lab: un grupo de investigadores desvinculado de la lógica de Estados y empresas, en defensa de los derechos de ciudadanía en la sociedad digital. Detectan casos de espionaje perpetrados por el software Pegasus y deciden investigar de manera rigurosa qué está pasando. Lamentablemente, nuestra reacción ante el CatalanGate fue mirarnos el ombligo en lugar de atender a la causa general: hay herramientas fuera de control que han sido usadas para violar la información privada de personas concretas; necesitamos y merecemos garantías de que esto no suceda o al menos no quede impune. Lo que está en juego son las libertades individuales y la calidad de las democracias.

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¿Cómo funciona Pegasus?

Es incomprensible que un parlamentario denuncie haber sido espiado y el Congreso no inicie una investigación, como sería incomprensible que España no llegara hasta las últimas consecuencias al descubrir que el presidente, Pedro Sánchez, ha sido espiado. Deberíamos disponer de herramientas para hacerlo, exigir garantías, controlar estrechamente las empresas que ofrecen estos servicios. Viendo que ni las empresas ni los Estados están seriamente por la labor de defender nuestra privacidad, para ello dependemos de la lucha de la sociedad civil.

La historia nos enseña que en la caída del Imperio Romano ya nadie confiaba en el Senado, y también que todas las revoluciones tecnológicas han necesitado un movimiento firme que las corrija. Mientras no cambien su actitud y su determinación, con comisiones de investigación e impulsando legislación europea, para saber qué está pasando confío más en Citizen Lab que en la empresa que fabricó Pegasus o los Estados que han sido espiados. Sin esta sociedad civil activa, no sabríamos nada de todo esto.