El fiscal señala los “sólidos e indiscutidos” indicios contra Oleguer Pujol en la trama inmobiliaria del ‘caso Drago’

Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, ha rechazado la petición de Oleguer Pujol de archivar ya el caso Drago, donde se investigan presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales a través de operaciones inmobiliarias impulsadas por el hijo menor del expresidente catalán Jordi Pujol. El magistrado, que considera que aún no ha acabado la fase de instrucción, adopta esta medida tras recibir un contundente informe de la Fiscalía Anticorrupción, que insiste en que existen “sólidos e indiscutidos” indicios contra el empresario, además de persistentes “elementos incriminatorios”.

El caso Drago es una línea de investigación derivada del caso Pujol que todavía permanece abierta. El ministerio público mantiene que Oleguer Pujol invirtió cantidades millonarias “en diversas operaciones inmobiliarias de Drago Capital y en la propia” compañía procedentes del fondo común que compartía con sus hermanos —todos ellos, al igual que él y su padre, procesados en la parte principal de las pesquisas— y, por tanto, de “actividades delictivas”. Según la acusación, con esta maniobra, buscaba blanquear el dinero y eludir el fisco a través de un complejo entramado societario.

Blanqueo de capitales

El menor del clan Pujol, que pidió el pasado año que se archivara esta parte de la causa, niega las acusaciones. El vástago del expresidente defiende la “licitud” de las actividades empresariales bajo sospecha e insiste en el origen legal del dinero. “Queda descartado que en el origen mismo de la generación de las ganancias o rendimientos económicos hubiera una actividad delictiva necesaria para el subsiguiente blanqueo”, aseguró su defensa en un escrito remitido a Pedraz.

En la parte principal del caso Pujol, que ya fue enviada a juicio y donde la Fiscalía pide ocho años de cárcel para Oleguer Pujol, el magistrado instructor José de la Mata concluyó que el hijo menor formó parte del entramado ideado por el clan para enriquecerse durante años aprovechándose de su “posición privilegiada” y de su influencia en la vida pública a cambio del cobro de comisiones ilegales. Encabezados por Jordi Pujol padre y Marta Ferrusola, los miembros de la familia ocultaban después ese dinero a Hacienda mediante “sistemáticas operaciones de blanqueo”, según el ministerio público.