El ‘annus horribilis’ de El Puerto de Santa María

En menos de un año, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se ha visto casi sin policías en las calles durante meses por no tener pantalones; sin socorristas en las playas en pleno verano; sin martillo percutor para oficiar entierros; con su flota municipal inmovilizada por no tener seguro y sin correo electrónico por no pagar el servicio. Aunque podría parecerlo, el annus horribilis que golpea a este consistorio gaditano ni es fruto del infortunio, ni se limita al último año. El equipo de gobierno de PP y Ciudadanos denuncia que la combinación de la falta de personal por un plan de ajuste y la excesiva fiscalización de la Ley de Contratos del Sector Público (de 2017) provocan una tormenta perfecta que les “colapsa”. Pero la oposición acusa al alcalde, Germán Beardo, de conocer todos estos problemas desde el principio y denuncia su “incapacidad y desidia”.

La larga lista de reveses que golpea a la Administración municipal se narra con detalle en la prensa local, casi en un sainete por entregas. El último ha dejado a la ciudad 11 días con sus calles llenas de basura por una huelga convocada por los trabajadores de una concesión vencida desde noviembre. Entre los motivos que dieron los trabajadores para el paro se encontraba el deterioro de una maquinaria que la empresa, FCC Medio Ambiente, se niega a renovar, dada la caducidad del acuerdo con el Ayuntamiento, según denunciaron desde el comité de empresa. La huelga acabó el pasado 7 de marzo, pero la basura y los rastros de confeti del Carnaval han tardado días en desaparecer de las calles por la falta de camiones operativos que sigue sufriendo la ciudad de 88.300 habitantes. Aunque el Consistorio optó por mantenerse de perfil al alegar que era un conflicto laboral, lo cierto es que no es la primera vez que la caducidad de una concesión administrativa vira en unas consecuencias tan imprevistas como estrambóticas.

De un día para otro, más de 30 coches municipales —de una flota de casi 90— acabaron en enero con un cepo que los propios policías municipales colocaron, después de que la flota municipal se quedara supuestamente sin seguro. La compañía Helvetia tomaba la drástica decisión por una deuda de 53.000 euros de dos facturas antiguas, pese a que el Consistorio aducía que el contrato estaba en vigor, ya que había abonado los pagos más recientes.

El pasado mes de diciembre el Ayuntamiento estuvo durante días sin servicio de correo electrónico, tras haber expirado el contrato que tenía con Microsoft. Durante buena parte del verano, las playas de El Puerto no tuvieron socorristas —y, en consecuencia, perdieron las banderas azules—, después de no haber sacado a tiempo el contrato. Fue en los mismos días en los que la ciudad no contó con policías locales en las calles, pues estos adujeron no tener pantalones al no haber un contrato en vigor de suministro de las prendas. La Administración local incluso estuvo a punto de sufrir un corte de las líneas de teléfono por otro impago.

“Que pase en uno o dos contratos, vale, pero es que aquí pasa en todos”, denuncia Javier Botella, portavoz de Unión Portuense. Al otro lado, Javier Bello, segundo teniente de alcalde, reconoce que el Ayuntamiento sufre un problema: “Tenemos una administración colapsada en servicios básicos porque un concejal en 2012 decidió jubilar a los funcionarios en un plan de ajuste”. El edil del PP atribuye a ese plan realizado también durante un mandato popular el inicio de unos problemas de adelgazamiento de la plantilla que han llegado al extremo de pasar de los 750 funcionarios a los 490 actuales.

La única vía posible para salvar ese inconveniente —y que han seguido para recuperar la mermada plantilla de la policía local— implica modificaciones de ese plan en función “de los créditos disponibles en el presupuesto”, un proceso burocrático más lento, tedioso y con necesidad de diálogo social con la plantilla. A esa falta, se suma la ley estatal de Contratos del Sector Público (de 2017) que es tan “fiscalizadora con la Administración local que hace que el funcionario a todo le tenga que dedicar más tiempo”, según detalla Bello. La consecuencia evidente la resume el concejal: “No sacamos los pliegos en la fecha que cumplen el convenio”.

En la práctica, cada paso burocrático en el Consistorio portuense se convierte en una odisea de incierto plazo y final. De hecho, el actual equipo de gobierno dirige la ciudad con constantes remiendos al presupuesto de 2018 (de unos 99 millones de euros), realizado por el PSOE e IU, anteriores partidos al frente. Y asegura que su deseo de intentar aprobarlo se topa con la realidad de un servicio de Intervención con poco personal, en el que su máxima responsable está de baja —la misma a la que se enfrentaron públicamente en agosto de 2020 acusándola de paralizar el Ayuntamiento— y en el que está el jefe de Negociado haciendo esa tarea de forma accidental.

David de la Encina, anterior alcalde y portavoz del PSOE municipal, no les cree: “Decían que solo les faltaba graparlo, ¿dónde está? Tampoco han gestionado ningún pliego [de licitación pública]. Las mismas leyes y problemas son las que aplican en cualquier ayuntamiento y es evidente que el resultado no es el mismo. Es vergonzante. Cuando yo me encontré los mismos problemas, me tiraban tomates y decían que sabían arreglarlo. El PP se ha acomodado en ese argumentario. Van achicando agua, pero el naufragio es evidente”.

“Todo el procedimiento administrativo entra en el embudo, tanto lo administrativo como lo económico”, explica Botella, “pero ellos, con sus maneras, entorpecen aunn más; como oposición tenemos poco que bloquear porque traen poco a los plenos”. Solo la Concejalía de Fiestas parece escapar de esa dinámica de parálisis, con diversos eventos que sí han conseguido llegar a tiempo para Navidad o Carnaval. Para Unión Portuense es señal de que “su concejal trabaja como el que más”. Para De la Encina supone un indicio de que el equipo de gobierno intenta “tapar con pan y circo” una deriva de incierto final. En medio, unos ciudadanos que, como el propio Bello asume, difícilmente pueden comprender por qué “no se resuelven esas deficiencias básicas”. Y a medio plazo unas elecciones municipales en la que esos mismos votantes tendrán la última palabra para decidir quién puede resolver esa burocracia que fagocita a El Puerto.