El alcalde que no quiere a su interventora

Que un interventor municipal genere antipatías en el político local de turno no es de extrañar. El papel del primero como fiscalizador del segundo ya anticipa el posible conflicto. Lo que ya se convierte en extraordinario es que un alcalde abra una guerra pública y sin cuartel contra su interventora y la acabe expedientando por considerarla el origen de buena parte de los males que asolan su ayuntamiento. Y eso es justo lo que ocurre en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, donde el único consenso que oposición y gobierno, ostentado por el PP y Ciudadanos, tienen a día de hoy es que la institución se ahoga en su propia burocracia.

Facturas por pagar que llegaron a ascender 149 millones de euros, falta de personal y de medios y un aumento de salarios congelado desde hace un año. La larga lista de tareas que se acumula en los despachos del consistorio portuense se narra a diario en la prensa local. Hasta que el pasado 24 de agosto, el equipo de gobierno lanzó una incendiara nota en la que acusó a su interventora general, María Dolores Guerrero como la culpable de tanta parálisis. Culpan a su funcionaria de actuar con “disparidad de criterios” y de haber emitido 1.700 informes de reparo —dudas que emite la intervención ante determinados gastos y que paralizan dichas inversiones— en 2019, cuando “en los últimos ejercicios económicos no superaba los 30 reparos anuales”.

“Un mismo trámite puede tener hasta cuatro informes de reparo de la interventora. Esto no pasa en otros ayuntamientos. Aquí se ha normalizado ese paso, pero es algo que es excepcional”, argumenta Javier Bello, segundo teniente de alcalde y concejal de Economía hasta el pasado 28 de agosto. El edil del PP critica que Guerrero ha creado “una tela de araña” en el Ayuntamiento que hace que cualquier procedimiento de un servicio municipal se enfrente a una maraña burocrática que acaba paralizada hasta que el alcalde Germán Beardo levanta dicho informe de reparo. Y en eso justifica el gobierno local la queja que ya ha elevado a la Dirección General de la Función Pública de Andalucía contra la habilitada que depende del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Las desavenencias con la Intervención en El Puerto no son nuevas. Comenzaron ya en el anterior mandato socialista y poco después de que, tras pasar años como viceinterventora, Guerrero accediese al puesto en 2018. Ya entonces, el alcalde David de la Encina abrió un expediente contra la funcionaria, aunque el PP entonces lo bloqueó en un pleno. Pagos al deporte base, subvenciones a los colectivos sociales, las nóminas de los trabajadores e incluso facturas del alumbrado público son algunos de los trámites con informes contrarios que tuvo que levantar el exalcalde por medio de resoluciones de discrepancia. “Llegué a sumar 33 millones en reparos con el consiguiente riesgo legal que corría. Me sorprende que el PP, que antes se arrogaba defensor de esta interventora y me achacaba a mí la culpa, ahora la repudia”, denuncia De la Encina.

El socialista cree que el problema que vive su ayuntamiento es una combinación entre “la avalancha legal” que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro creó al “cargar con tanta responsabilidad a los interventores” y el caso concreto de Guerrero. Pero en el consistorio no todos lo tienen tan claro. “María Dolores Guerrero es rigurosa y una gran profesional. Habría que analizar de dónde viene esa cifra elevada de informes, a veces son varios porque un trámite tiene varias facturas. Parece que cualquier cosa mala que ocurre en el Ayuntamiento es su culpa. Ella es solo el final del embudo creado por las leyes Montoro”, tercia Javier Botella, concejal del partido Unión Portuense y edil de Economía de 2015 a 2016.

“Por desgracia, son frecuentes las fricciones con interventores y secretarios. Hay veces que nuestros informes generan roces”, asegura Luis López Guío, presidente en Cádiz del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital). El habilitado cierra también filas en torno a su colega, aunque reconoce que “es una realidad que tiene problemas con políticos y otros funcionarios” y, por eso, se ha ofrecido a mediar en un conflicto ya enrarecido y aireado en los medios por el propio Ayuntamiento. La mediación, precisamente, se dibuja como el escenario más viable en un conflicto que difícilmente puede acabar en la destitución, al ser un cargo que depende directamente del Estado y que no está vinculado a designios políticos.

La afronta política contra la Intervención ha sorprendido a la propia aludida de vacaciones. Guerrero ha eludido hacer declaraciones a EL PAÍS. Sin embargo, fuentes cercanas a la funcionaria aseguran que el bloqueo que vive el Consistorio en el que trabaja se debe a problemas como la falta de personal en el servicio que dirige —que ya ella misma ha denunciado en los plenos— y a distintos incumplimientos de normativa. Por hacer su trabajo están atentando contra su honor”, apuntan los mismos conocedores del caso. Botella incluso va más allá: “Es muy rigurosa, pero veo un ‘fifty fifty’ de que, al ser una mujer, se ceban a veces más con ella”.